La Fiscalía de Andalucía, Ceuta y Melilla ha superado en dos años la actividad procesal previa a la pandemia con un aumento del 4%
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La Fiscalía de Andalucía, Ceuta y Melilla ha superado en dos años la actividad procesal previa a la pandemia con un aumento del 4%
En el discurso del Año Judicial, Ana Tárrago considera necesario
articular un marco jurídico sobre la aplicación de la Inteligencia Artificial
La Fiscal Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, Ana Tárrago, ha señalado en el acto institucional de apertura del Año Judicial que esta comunidad en 2022 ha recuperado y superado en dos años la actividad procesal previa a la crisis de la pandemia con un ligero aumento del 4% . Han sido 376.119 incoaciones de diligencias previas y supone también un 13% más que las registradas en el año 2021. Suben especialmente Málaga con un repunte de 31% y Cádiz el 13%.
La Fiscal Superior ha valorado elevada esta cifra en el territorio para los recursos de fiscales y funcionarios que dispone y apuntó a la necesidad de seguir implantando mecanismos extrajudiciales de mediación, arbitraje y acuerdos para evitar los señalamientos de juicios y permitir a la Justicia ser más eficiente.
Considerando que se puede establecer como indicador de la criminalidad en la comunidad la suma de todos los registros procesales de diligencias previas, diligencias urgentes calificadas, procedimientos abreviados, sumarios y juicios conjurado se aprecia una subida del 7,6%; son 5.000 causas más durante este ejercicio.
Año tras año, la Memoria de Fiscalía constata un incremento en los procedimientos complejos y graves relacionados con la corrupción política, económica y social, y los referidos a grupos o bandas organizadas, y en el caso del narcotráfico con ramificaciones transnacionales en los que se imputan diversos y complejos delitos con numerosos investigados. Una situación que exige un mayor esfuerzo y dedicación de los fiscales, por lo que la carga de trabajo sigue aumentando un año más e incide la ampliación de órganos judiciales y las reformas legales con mayor atribución de funciones al Ministerio Fiscal.
El crecimiento de los delitos informáticos y de las redes sociales
que aumentan cada año con nuevas formas de delincuencia, o las que
afectan al medio ambiente por las consecuencias asociadas que afectan
directamente a la población y contribuyen al cambio climático. También
señaló como preocupación las lesiones por reyertas que están mostrando
una especial violencia hasta ahora inusual y las cifras elevadas
cifras de violencia de género y abusos y agresiones sexuales entre
menores.
Insistió en que la educación en las relaciones
afectivas y de igualdad es la herramienta más válida para nuestros
menores por la distorsión que perciben en su primeras informaciones a
través de las redes sociales.
"La actuación penal- señaló- no siempre repara el daño causado y cuando se llega a esta instancia a edades tan tempranas habría que reflexionar de forma sosegada en qué estamos fallando como sociedad y plantear alternativas preventivas eficaces".
En el acto institucional , celebrado en la Real Chancillería de Granada, capital judicial de Andalucía, Ana Tárrago mostró el cierto cansancio por la “reiteración e insistencia” en la que se reivindican mejoras para los problemas que mantiene la justicia. “Tras tres años de pandemia y secuelas que demostró el sistema judicial, hemos llegado a una encrucijada nada favorable por el colapso que está mostrando para dar una respuesta en los tiempos adecuados, una situación que se ha visto alterada este año con las reivindicaciones laborales y profesionales”.
Modernización digital y reforma LEcrim
Apuntó a la necesidad de alcanzar voluntad política que aporte soluciones definitivas que pasaran por aplicar el Plan de Modernización y la Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, presentada tres veces en distintas legislaturas - la última hace dos años y medio-, a la que el Ministerio Fiscal comunicó sus aportaciones al anteproyecto.
“No acertamos a entender esta falta de consenso político ni los profesionales de la Justicia ni la ciudadanía. Porque tengan la certeza que invertir y mejorar la justicia conlleva consolidar y fortalecer nuestra democracia y nuestra convivencia tan necesarias en los tiempos convulsos y polarizados en esta etapa histórica del siglo XXI”, manifestó en su discurso.
La Fiscal tuvo palabras de reconocimiento a la Consejería de Justicia de la Junta por haber comenzado el traslado de los órganos judiciales de Sevilla a la nueva Ciudad de la Justicia en Palmas Altas y deseó que el edificio de Fiscalía, ya proyectado, sea pronto una realidad. A la vez, requirió una solución para otras provincias y, entre ellas, Granada para solventar la dispersión de las sedes judiciales y consensuar la ubicación del nuevo edificio judicial.
Ana Tárrago también expresó que el Ministerio Público se mantiene expectante para analizar la irrupción y aplicación de la inteligencia artificial y sus posibles efectos, que podrían afectar a los derechos fundamentales. Por ello, señaló la necesidad de comenzar a articular un marco normativo jurídico sobre su aplicación. "Es una actividad -dijo- que va afectar y transformar la organización económica, laboral y social, en la que se abre una etapa tan ilusionante como inquietante y cuyos efectos positivos y negativos deben ser analizados y estudiados en profundidad".
Expuso su satisfacción al comprobar que se ha puesto en marcha en
Andalucía la Oficina Antifraude, control necesario que ya advirtió
hace dos años en este acto tras la creación de la Fiscalía Europea
para perseguir los fraudes de subvenciones comunitarias y destacó el
convenio de colaboración que la Fiscalía General de Estado firmó el
pasado 19 de junio con la Oficina Andaluza Antifraude para reforzar la
lucha contra la corrupción.







