El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado esta mañana en la apertura del Año Judicial 2025-2026 la Memoria Anual de la Fiscalía General en cumplimiento de la exigencia legal del artículo 9 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y del artículo 181.3 de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial.

El acto, celebrado en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, ha estado presidido por S.M. Felipe VI y en él han intervenido, además de García Ortiz, la presidenta del alto tribunal y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló.

En la presentación de la Memoria, García Ortiz ha expuesto los datos más relevantes de este documento, referente a la actividad del Ministerio Fiscal durante 2024, que muestra la evolución de la criminalidad, la prevención del delito y las reformas convenientes para una mayor eficacia de la Justicia, además de recopilar la actividad de las Fiscalías territoriales, las Fiscalías especiales y las Áreas especializadas.

En concreto, en 2024 se incoaron 1.687.743 procedimientos de diligencias previas, lo que supone un crecimiento del 1,4% con respecto al año anterior. Los delitos contra la vida y contra la integridad constituyen el 32% del total de diligencias y los delitos contra el patrimonio se mantienen en el 21%.

En cuanto a las diligencias urgentes o juicios rápidos, en el año 2024 se incoaron 245.851, lo que da una idea del peso de este procedimiento en el proceso penal español. Esta cifra implica un incremento del 2,6% respecto a la de 2023. En cuanto a los juicios leves, se tramitaron 401.901, con un apreciable aumento respecto a los años anteriores. En relación con los procedimientos abreviados, en el año 2024 se incoaron 198.966, lo que representa un notable incremento del 13,8% respecto a la cifra registrada el año anterior.

Las modalidades delictivas con mayor presencia en las sentencias condenatorias de 2024, al igual que en años anteriores, han sido los delitos contra la seguridad vial y contra el patrimonio, con porcentajes del 33% y del 18%, respectivamente. Los delitos de violencia familiar y de género han supuesto el 10% del total, los que atentan contra la vida e integridad física constituyeron el 9% y los delitos contra la Administración de justicia supusieron el 8%.

Lucha contra la corrupción, la violencia machista, la trata de personas y la discriminación

García Ortiz ha destacado en su discurso la amplia actividad desplegada en la lucha contra la corrupción  y la delincuencia organizada por parte del Ministerio Fiscal, la importancia de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, “modelo y referente” para fiscalías de países de nuestro entorno, así como la Fiscalía Antidroga y las dos nuevas Unidades especializadas de la Fiscalía General del Estado para fortalecer la respuesta ante las diversas formas de corrupción: la de Delitos Económicos y la de Delitos contra la Administración Pública.

El Fiscal General también se ha referido a las casi 200.000 denuncias por violencia de género en 2024 que se han sumado a las de años anteriores: “Es difícil negar una evidencia que acumula 2.840.838 denuncias interpuestas desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004”, ha subrayado, además de destacas que el porcentaje de denuncias falsa en este ámbito desde 2009 es del 0,0082%.

También ha hecho mención explícita a la Trata de Personas y Extranjería al indicar que ser “menor, mujer y migrante sin papeles es una condición aprovechada sin escrúpulos. La Unidad de Trata y Extranjería no solo trabaja en la persecución de las conductas de tráfico ilícito, sino también en velar por la garantía de los derechos de los migrantes en los centros de acogida, de internamiento y en las salas de inadmitidos de los aeropuertos”.

Respecto a los menores, ha afirmado que “la respuesta que como sociedad seamos capaces de dar en el presente a niños, niñas y mayores migrantes será el juicio que de todos nosotros hará el futuro” y que “la dignidad del ser humano y el superior interés del menor son valores constitucionales que nos definen como sociedad democrática”. Del mismo modo, La Unidad de Menores de la Fiscalía ha mostrado su preocupación por el incremento y auge de conductas realizadas por menores de edad cada vez más violentas. En especial, por el aumento de infracciones de violencia intrafamiliar, de lesiones en general, de delitos contra la libertad sexual y del creciente abuso o mal uso de las tecnologías de la información y la comunicación, con especial incidencia en el campo del acoso escolar.

Además, ha destacado que los escritos de acusación por delitos de incitación al odio y a la discriminación han aumentado casi un 40% con respecto al año anterior.

Prudencia y rigor para evitar los incendios forestales

El Fiscal General del Estado se ha referido también a los incendios forestales que han asolado este verano gran parte del territorio nacional. En ese sentido, ha reseñado que, en situaciones de crisis, los y las fiscales son garantes del imperio de la Ley.

“No podemos dejarnos llevar, como sociedad, por la impotencia que en ocasiones genera la incertidumbre de los incendios, la sensación de inseguridad colectiva que proyectan. Hemos de proporcionar prudencia y rigor frente a soluciones simplistas”, ha afirmado.

Asimismo, ha añadido que se debe evitar “el riesgo de criminalización del mundo rural y de determinados colectivos. No podemos reducir el complejísimo problema de los incendios forestales a la «caza del hombre», a la represión penal”.

La Memoria anual de la FGE es un instrumento estratégico para la modernización del Ministerio Público y de la justicia en general, dado que esa recopilación de datos permite crear una base histórica para planificar políticas públicas en materia de justicia, analizar nuevas realidades delictivas, reforzar la acción del Ministerio Fiscal y, en su caso, proponer reformas legislativas.