La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, ha inaugurado la primera actividad formativa virtual del 2021, que se estrena con la ponencia de Manuel Marchena, Presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, bajo el título “La discusión entre el Ministro de Justicia Colmenares y el Fiscal del Tribunal Supremo Díez: la necesidad de racionalizar el ejercicio de la acción popular”.

En esta ocasión el webinar ha reflexionado sobre una de las instituciones jurídico-procesales características de nuestro sistema procesal, la acción popular reconocida en el artículo 125 de la Constitución Española, en un momento en el que el nuevo Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal establece una serie de limitaciones en su ejercicio.

La materia elegida por Manuel Marchena pretende arrojar luz sobre cuestiones muy complejas de gran trascendencia para los/as fiscales como futuros directores de la investigación penal, y para la ciudadanía, destinataria última de la administración de justicia penal.

El Presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha hecho un recorrido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la acción popular, con referencia a las Sentencias del Tribunal Supremo que sentaron la “doctrina Botín” y después la “doctrina Atutxa”, de la que fue ponente el propio Marchena.

Asimismo, se ha referido a la regulación de la acción popular que se contenía en el Anteproyecto de 2011 y en la propuesta de Código Procesal Penal de 2013 como antecedentes del régimen previsto en el nuevo Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2020, y ha valorado positivamente la necesidad de circunscribir la institución a sus justos términos conforme a su fundamento constitucional, impidiendo usos desviados de la misma que no obedezcan a una recta administración de justicia.

Marchena ha puesto en valor durante el debate nuestro modelo de Ministerio Fiscal. Ha afirmado que este no tiene un déficit de imparcialidad, por lo que los/as fiscales “no podemos autoflagelarnos” cuestionando la capacidad de la institución, caer en ningún tipo de complejo o trasladar a la ciudadanía la apariencia de una Fiscalía sometida a injerencias, pues nuestro sistema tiene mayores garantías que el de los países de nuestro entorno, que presentan una menor autonomía y, en ocasiones, incluso una dependencia directa del Ejecutivo.

Haciendo un repaso del derecho comparado, ha recordado que en Francia o en Bélgica existe una dependencia directa del Ministro de Justicia; que en Italia el Presidente de la República preside el Consejo de la Magistratura y que en Alemania estas funciones son ejercidas por el Ministro de Justicia, que incluso puede dirigir instrucciones particulares a los/as fiscales.

Manuel Marchena ingresó en la carrera fiscal en el año 1985, siendo su primer destino Las Palmas de Gran Canaria. Durante once años formó parte de la Secretaría Técnica bajo la dirección de hasta cuatro Fiscales Generales del Estado, llegando a ser nombrado jefe de dicha unidad central de la FGE en el año 2003. Tan solo un año más tarde, en 2004, fue nombrado Fiscal del Tribunal Supremo y en 2007, Magistrado de la Sala Segunda del mismo tribunal que preside desde septiembre de 2014