La actividad del Ministerio Fiscal en su cometido constitucional como defensor en los procedimientos relativos a la protección de los derechos humanos de las personas más vulnerables, cobra, tras la entrada en vigor el 3 de Mayo de 2008 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, una nueva dimensión, que se proyecta, tanto en la implantación a nuestro Derecho interno, como en el compromiso de la Institución con la eficacia y garantía de su aplicación.

En este sentido, y de cara a aplicar la Convención con la enorme proyección de derechos y obligaciones que comporta, se ha elaborado un Manual de Buenas Prácticas en el que se abordan todos los aspectos más relevantes de su intervención.

Desde el acceso del ciudadano a la Fiscalía, hasta su actividad en todas las fases de los distintos procedimientos relacionados con la capacidad de las personas, sin olvidar otras cuestiones de gran trascendencia como la protección y garantía de los derechos de las personas mayores, la especial consideración al maltrato de las personas con discapacidad y las cuestiones relacionadas con el derecho de acceso a justicias en las personas con discapacidad en base al artículo 13 de la Convención, donde se incide en el conocimiento personal y directo de las diversas necesidades de las personas con discapacidad, a fin de asegurarles el empleo de los recursos que garanticen el disfrute de iguales oportunidades, acceso y participación, en idénticas condiciones que cualquier otro ciudadano.

El Manual ha sido elaborado, según las conclusiones de las Jornadas de fiscales especialistas celebradas en Alcalá de Henares en septiembre de 2010, por los fiscales Felisa Alcántara, Ángeles de la Blanca, Cristóbal Fábrega, Carlos Ganzenmüller, Gonzalo López, Nuria López-Mora, David Mayor y Fernando Santos.

Ha sido editado por la Fundación AEquitas, ONG del Consejo General del Notariado Español, cuya directora general, Almudena Castro-Girona, se ha encargado de hacer la presentación, mientras que el prólogo ha corrido a cargo de José María Paz, Fiscal Jefe de Sala de la Fiscalía del Tribunal Supremo.

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