El Ministerio Fiscal tiene constitucionalmente atribuida la misión de garantizar los derechos de la ciudadanía (art. 124.1 CE), y muy singularmente los de las personas con discapacidad (art. 49 CE) y personas mayores (art. 50 CE).

Con motivo del Día Internacional de las Personas de Edad entrevistamos a Lourdes Rodríguez Rey, Fiscal de la Sección de lo Civil de la Fiscalía del Tribunal Supremo.

¿Cuáles son las principales problemáticas en torno a este colectivo?
Más que hablar de problemas hay que hablar de realidades. Una realidad que está ahí, la realidad de las personas mayores. El envejecimiento de la población es algo propio de nuestra sociedad. Pero no solo es cada vez es más numeroso el colectivo de personas mayores de 65 años, sino que también se habla del envejecimiento del envejecimiento porque la población mayor de 80 años está también en aumento.

Esta realidad pide respuestas desde distintos ámbitos que hay que afrontar. Desde el punto de vista económico, está por ejemplo la cuestión de las pensiones. Desde el ámbito sanitario, ya que estas personas son unos de los principales usuarios de nuestro sistema sanitario. Desde el punto de vista asistencial, pues como consecuencia de las limitaciones que en muchas ocasiones presentan las personas mayores, necesitan asistencia, ayuda y apoyo en su día a día.

Y también, y lo ponen de manifiesto muchos delegados de las fiscalías provinciales, está incidiendo, como una limitación, el tema de la soledad. La soledad que rodea a estas personas y que, sin suponer una enfermedad como tal, produce determinados efectos en su personalidad, en su forma de pensar y en su desenvolvimiento diario que les hace vulnerables, impidiendo que hagan una vida normal.

Asimismo, este tema también hay que abordarlo desde un punto de vista legal, porque están en juego derechos muy importantes y derechos fundamentales. Las personas mayores, estén en la situación que estén, tengan las capacidades que tengan, son titulares plenos de todo tipo de derechos, todos los derechos que les reconoce la ley. Y los poderes públicos tienen la obligación de garantizar el ejercicio de esos derechos.

¿Qué tipo de actividades realiza el área de protección y defensa de los mayores?
Las secciones territoriales de Civil en las distintas fiscalías están ya muy consolidadas y realizan una labor bastante importante, por la trascendencia de los intereses en juego y también en cuanto al volumen. El Fiscal actúa siempre que hay una situación de desprotección, desamparo y de abuso.

Son muchísimas las actividades y las tareas que realizan los fiscales día a día en las fiscalías y en los juzgados. Por su importancia y volumen, podemos hablar de todos los procedimientos de modificación de la capacidad de las personas en las que el fiscal es siempre parte. Cuando una persona no puede decidir debidamente, hay que acudir a este procedimiento, que es una garantía de protección. El fiscal actúa fundamentalmente en aquellos supuestos de personas desamparadas, que no tienen familiares ni allegados.

Otra de las funciones fundamentales es el control de las tutelas, cómo el tutor o la persona que presta ese apoyo realiza sus funciones, cómo administra su patrimonio, cómo cuida y en qué condiciones está la persona asistida. Tiene que rendir cuentas y se les exige responsabilidades. En estos momentos de crisis se han detectado abusos patrimoniales por parte de personas cercanas a las personas mayores, como sustracciones de dinero, mal empleo del dinero o incluso malos tratos físicos y psíquicos.

Un aspecto muy importante es la inspección a las residencias, bien directamente o a través de los servicios sociales cuando hay una buena coordinación. Es una manera de llevar un control de los ingresos involuntarios de los mayores. En las inspecciones también nos fijamos en las contenciones, en las sujeciones mecánicas y químicas, que tienen que estar prescritas y cumplir una serie de requisitos. En la Memoria se pone de manifiesto como en algunas residencias ya tienen el lema de “Sujeción cero”.

Además, todas las secciones de civil de las fiscalías están abiertas a los familiares de las personas mayores. Vienen a plantear sus problemas, les escuchamos y resolvemos las cuestiones dentro de nuestras posibilidades.

¿Cómo ha desempeñado la Fiscalía su tarea tuitiva en defensa de las personas mayores que están en las residencias durante la pandemia?
La Fiscalía, al tener una estructura muy flexible y una red de delegados de Civil en esta especialidad, ha reaccionado de una manera muy rápida y con bastante eficacia. Hemos hecho seguimiento en la vía civil y en la penal. La vía civil es fundamentalmente la vía tuitiva. Se han hecho seguimientos en todas las comunidades autónomas de todo lo que ocurría en estos centros con la información que nos transmitían los órganos correspondientes. Por la vía penal, se actuó recibiendo denuncias, tramitándolas cuando presentaban indicios de delito y tomando las medidas que en cada momento precisaba la situación.

¿Por qué es necesaria una propuesta sobre una regulación específica de los ingresos en centros residenciales o sociosanitarios?
Porque no hay un procedimiento específico para este tipo de ingresos, para estas personas que presentan unas patologías que se van a prolongar en el tiempo y que es muy difícil que cambien. Cuando se ingresa a un familiar en uno de estos centros y no tiene capacidad para decidir, es preciso una autorización judicial. Pero ¿qué pasa cuando una persona ingresa voluntariamente, con plenitud de sus capacidades, pero por el transcurso del tiempo han perdido esas facultades y no pueden tomar decisiones? En esa situación es necesario un control judicial con todo tipo de garantías. Por eso se aboga por una Ley Orgánica que se pueda aplicar en estos casos.

Usted ha tomado recientemente posesión de su cargo como Fiscal de la Sección de lo Civil de la Fiscalía del Tribunal Supremo, pero anteriormente ha sido Fiscal Superior de Castilla y León. ¿Qué nos puedes decir de su experiencia en esta comunidad en relación con los mayores en el marco de la COVID?

El área de Mayores en Castilla y León ha sido siempre un objetivo prioritario de la Fiscalía, por las propias características de esta comunidad que tiene una población muy envejecida. Hay que considerar también la dispersión geográfica, con muchos centros sociosanitarios y asistenciales dispersos por todo el territorio. Hay centros de referencia importantes en Palencia y León, por lo que es una materia a la que siempre se le ha prestado mucha atención.

Durante la pandemia se nos plantearon muchos problemas y tuvimos momentos muy complicados. Día a día se planteaban muchos problemas, como por ejemplo cómo se atendían las guardias con los detenidos, qué pasaba con los juicios telemáticos, el expediente digital, cómo despachábamos el papel…pero la preocupación más importante en cualquier reunión una vez que tratábamos esos temas, eran las residencias.

Fue decisiva la función del delegado autonómico regional de discapacidad, el Fiscal Javier Gutiérrez, de la Fiscalía de León. Desde el primer momento le designé como delegado para coordinar esta materia. Se puso en contacto inmediatamente con los responsables de los servicios sociales. Lo hizo de una manera prudente, porque nosotros no quisimos en ningún momento provocar o incrementar el estrés a que estos servicios ya tenían. Así, se establecieron unos cauces de comunicación que funcionaron espléndidamente. Diariamente y fines de semana recibíamos información de todas las residencias de la comunidad autónoma sobre la situación de los residentes en relación con la COVID. Se examinaba esa información y si veíamos alguna cuestión relevante inmediatamente pedíamos aclaraciones y se hacían las gestiones correspondientes con las residencias. No hubo ni un solo día en que el tema principal de nuestras reuniones no fuera el de las residencias.