La teniente fiscal del Tribunal Supremo, Mª Ángeles Sánchez Conde, en sustitución, por motivos de salud, del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha hecho pública hoy la Memoria que recoge la actividad del Ministerio Fiscal correspondiente a 2021, durante el acto de apertura del Año Judicial 2022-2023, que se ha celebrado en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo.

La Memoria refleja la actividad del Ministerio Fiscal durante el año anterior a su publicación y la evolución de la criminalidad, la prevención del delito y las reformas necesarias para una mayor eficacia de la Justicia. También recoge las observaciones que las Fiscalías de los distintos órganos elevan a la Fiscalía General.

En su intervención, Sánchez Conde ha destacado que la protección y atención a las víctimas potenciales desde su detección, y especialmente durante el procedimiento, es una constante en la Memoria de este año y lo ha de ser en la actuación del Ministerio Fiscal.

La teniente fiscal ha asegurado que desde la Fiscalía se van a explorar todos los aspectos posibles de protección para proporcionar a los fiscales una herramienta jurídica integral en este ámbito. “Las víctimas tienen que ser nuestra prioridad: han de ser amparadas y defendidas. Su testimonio -en muchas ocasiones imprescindible para la persecución del delito- no debe significar una carga, un elemento violento o desgarrador. No son las víctimas las que se tienen que adaptarse al proceso o a la justicia: somos nosotros quienes debemos adaptarnos a ellas y a sus necesidades”, ha afirmado.

Violencia de género

Este año, la Memoria diferencia, por primera vez, el feminicidio familiar o íntimo, el no íntimo y el feminicidio por conexión.

Durante el año 2021 fueron asesinadas 50 mujeres, tres más que el año anterior, de las que tan solo 11 habían presentado denuncia. La violencia de género dejó 31 menores huérfanos y cuatro fueron asesinados por sus padres. “No son cifras, no son estadísticas, son vidas humanas truncadas por esta violencia cruel y atroz. Son mujeres, son familias, son mujeres, niños y niñas. Para nosotros, lo más importante”, ha dicho la teniente fiscal.
 
El 76% de los asesinatos se produjeron fuera de las capitales de provincia, lo que vuelve a evidenciar la necesidad de que todas las víctimas puedan tener acceso a los recursos en condiciones de igualdad, cualquiera que sea su lugar de residencia.

Tras el descenso de las denuncias en 2020 motivada por la pandemia, en 2021 se incrementaron en un 8% aunque no se alcanzan los niveles de 2019.

La Memoria valora el impacto de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. En este sentido, se han acordado 1.895 suspensiones del régimen de visitas, frente a las 847 del año anterior.

Por otra parte, durante este ejercicio se concedieron el 71,36% de las órdenes de protección solicitadas y el 76,16% de las sentencias fueron condenatorias.

La teniente fiscal ha asegurado que es absolutamente imprescindible abundar en la formación en perspectiva de género y llevarla a todos los ámbitos y jurisdicciones.

​​​
Trata de seres humanos

Durante 2021, los procedimientos por este delito aumentaron en un 37,5%. El 67,27% se refieren a trata con fines de explotación sexual, en los que se detectaron 277 víctimas, de las que el 98,55% son mujeres o niñas. La trata laboral supone el 16,36% de los procedimientos.

Sánchez Conde ha resaltado que la Unidad de Extranjería de la Fiscalía General del Estado viene detectando que las personas extranjeras en situación administrativa irregular son el caldo de cultivo propio para la explotación y el abuso. Por ello, va a fomentar la participación de equipos de trabajo para la consecución de una ley integral contra la trata de seres humanos.
 

Delitos de odio y discriminación

Otra preocupación de la Fiscalía es la proliferación de los delitos de odio y discriminación. Unos delitos que, en palabras de Sánchez Conde, “no solo atentan contra los bienes jurídicos individuales de las personas y contra su propia dignidad, sino que también ponen en cuestión los principios y valores constitucionales y nuestro modelo democrático de convivencia pacífica”.

La experiencia acumulada en esta especialidad permite comprobar que la palabra precede a la acción y la creación de un clima de hostilidad hacia determinados colectivos favorece la ejecución de acciones violentas.

En 2021, los procedimientos por delitos de odio aumentaron en un 27,19%. Se observa un importante aumento del 44,44% en los escritos de acusación presentados.

En las diligencias de investigación tramitadas por la Fiscalía, los motivos discriminatorios más comunes fueron el racismo y la xenofobia, con un 38,5%; la orientación e identidad sexual y de género, con un 25%; y en tercer lugar la ideología, con un 19,2%.
 

Criminalidad informática

La ciberdelincuencia es un fenómeno criminal en progresivo incremento. Las estadísticas recogidas en la Memoria reflejan un aumento del 257% desde 2017, un 40,47% en el último año.

La mayoría de los procedimientos -un 46,68%- se siguen por delitos de estafa, es notable el incremento de las actuaciones delictivas a través de las TIC contra bienes jurídicos personalísimos, que han aumentado un 34,5%. Es especialmente preocupante el incremento en delitos contra la libertad e indemnidad sexuales de los menores de edad, casi un 10% respecto de la anualidad anterior.
 

Personas con discapacidad y mayores

 La Memoria alerta de que la presencia de barreras físicas, comunicacionales, cognitivas, actitudinales o jurídicas entorpecen el acceso a la justicia en condiciones de igualdad de las personas mayores o con discapacidad. Esto da lugar a importantes espacios de infradenuncia cuando los delitos tienen por víctimas a estas personas.

La Memoria da cuenta del trabajo desarrollado por las y los fiscales para la implementación de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
 

Medio ambiente

En el año 2021 el número de fiscales especialistas en medio ambiente aumentó de 182 a 197. La Fiscalía tramitó 3.324 diligencias de investigación y presentó 1.283 denuncias o querellas y 1.469 escritos de acusación que concluyeron en 1.143 sentencias condenatorias.
​​​​​​​

Datos estadísticos

 Por lo que respecta a la evolución de la criminalidad globalmente considerada, la Memoria recuerda que, pese al esfuerzo y voluntad de recuperar la normalidad en la actividad judicial, en 2021 se han seguido notando las consecuencias de la COVID-19.

En 2021 se incoaron un total de 1.465.024 procedimientos de diligencias previas, lo que supone un crecimiento del 6,76% respecto del año anterior. Por lo que se refiere a las diligencias urgentes, los denominados «juicios rápidos», se observa un incremento del 19%.  Se mantiene la alta tasa de calificación del 68% en este ámbito, alcanzando las conformidades el 81%.
 
Por su parte, el número de sumarios se eleva a los 2.443, lo que supone un incremento del 16%. El 55% de las acusaciones formuladas en sumario se referían a delitos contra la libertad sexual.

Enlace a la Memoria en pdf.

Enlace a la Memoria navegable.

Enlace al discurso.

Imágenes: Casa S. M. el Rey y EFE.