Fiscalía, contra el millonario negocio de la trata: 50.000 euros por venir a España
08 de Febrero de 2021

Fiscalía, contra el millonario negocio de la trata: 50.000 euros por venir a España

Entrevista con Beatriz Sánchez, Fiscal Adscrita al Fiscal de Sala de Extranjería. Diario La Información.

La covid, la vulnerabilidad de las víctimas y el avance tecnológico impulsan este comercio ilegal que mueve 32.000 millones de dólares al año.

"Es un delito muy invisible pero en realidad es la esclavitud del siglo XXI". Con estas palabras, Beatriz Sánchez, fiscal adjunta de Extranjería, define el tercer negocio criminal más lucrativo del mundo, después del tráfico de armas y de drogas. Se refiere a la trata de personas, una modalidad de esclavitud que, por sus características y las de las víctimas, dificulta en extremo el trabajo de los que luchan para erradicarla. "No está en juego la prostitución ni la libertad, sino la dignidad", explica Sánchez, la cual advierte que algunas mujeres han llegado a pagar a sus tratantes hasta 50.000 euros para poder viajar a España, sin saber lo que les espera cuando ponen un pie en nuestro país.

Tras muchos años defendiendo a las víctimas frente a sus agresores, esta fiscal adscrita a la Unidad de Extranjería se encarga ahora de coordinar la respuesta de la Fiscalía General a un fenómeno que solo en España mueve cinco millones de euros. Sin embargo, cuando evoca aquellos años le cambia el semblante y admite que se le pone "la piel de gallina" al recordar el agradecimiento de algunas mujeres cuyas historias terminaron con final feliz. "Una de ellas dijo que fui la única persona que le creyó durante años y entonces me di cuenta de que lo que más me impacta son sus vivencias", relata en una entrevista a La Información. Con todo, defiende la vertiente técnica del asunto y dice que se ha avanzado mucho para detectar y condenar los casos de trata de seres humanos, teniendo en cuenta que hace apenas once años no estaba ni regulado como tal en el Código Penal.

En España la trata se combate de manera conjunta. Existe un trabajo a tres bandas entre Ministerio Público, Policía y Guardia Civil y ONG. El objetivo final es desmantelar las redes que están detrás de este negocio criminal, aunque Sánchez admite que el eje de su actuación es la víctima. "Aquí la priorizamos sobre todo. Si una investigación tiene que decaer porque hay alguien en situación de especial peligro, intervenimos. Aunque ésta se quede coja", asegura. No obstante, las cifras que maneja el órgano que dirige Dolores Delgado demuestran que cada vez más casos llegan a juicio. En el año 2012 solo hubo dos condenas en España de las Audiencias de Madrid y Barcelona. En 2014 la cifra aumenta a ocho. Cinco años después, en 2019, ya había 20 sentencias de juzgados de todo el país. El perfil de los condenados -algunos de los cuáles suman más de 20 años de cárcel- es de varón de nacionalidad extranjera, en su mayoría de países del este.

 

Las ONG, en busca de las mujeres
Sánchez explica que el trabajo pivota en torno a conseguir las pruebas que acorralen a los tratantes. A veces reciben llamadas alertando de que se producen movimientos extraños en pisos. Otras lo consiguen a través de la denuncia de las víctimas, de los datos de inteligencia que llegan de Interpol o de los informes de las ONG. Estas últimas incluso han llegado a advertir de situaciones muy sospechas como el hecho de que aparezcan mujeres de la misma nacionalidad y con un mismo tatuaje. "Parece que son como de la misma 'ganadería'", lamenta la fiscal adjunta de Extranjería. Desde la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP) apuntan en esa línea. Su directora, Rocío Mora, explica a este diario que su punto fuerte es buscar a mujeres a través de las unidades de rescate. Este trabajo les permite hacer un observatorio diario, detectar los posibles casos de trata y trasladarlo a Policía y Guardia Civil.

Solo en la Comunidad de Madrid atienden una media de 280 mujeres diarias a través del teléfono que ponen a su disposición (609.58.94.79). En algunos casos, advierte Mora, han llegado a detectar que estas víctimas hacen una media de entre 30 y 40 servicios diarios. No obstante, la trata no solo se circunscribe al mundo de la prostitución. En este sentido Beatriz Sánchez explica que hay más campos en los que no existe una regulación tan concreta y que igualmente suponen un reto para la Fiscalía. Se refiere a la esclavitud, servidumbre o matrimonios forzados, también integrados dentro del problema de la trata que reconoció la Convención de Palermo en el año 2000. Pese a esta diversidad, todas las víctimas comparten un nexo común y es el miedo que tienen a denunciar los hechos. Máxime teniendo en cuenta que en su mayoría son persona de países extranjeros, indocumentadas, engañadas y con importantes deudas contraídas a cambio de viajar a España.

 

"Hay que abolir el proxenetismo"
Sirva como ejemplo las amenazas que reciben para que no denuncien los hechos a la Policía, aunque también amagan con represalias a familiares. Se da la circunstancia, según explica Sánchez, de que en países de América Latina avalan sus viajes a España "con las pocas propiedades que tiene la familia". De ahí que la fiscal insista en recordar que una de las vías para terminar con esta lacra, en lo que a la prostitución se refiere, es abolir el proxenetismo, propuesta que ya plasmó por escrito la Fiscalía General del Estado en su memoria del año 2018. "En España entre el 5 y el 7% de mujeres se dedican a la prostitución libremente. Pero para que exista esa libertad tiene que haber un marco previo de igualdad. ¿Cómo podemos decir que una persona que está en un país que no conoce y absolutamente desprotegida se encuentra en la misma situación que yo? Es una decisión obtenida mediante un vicio; bien sea violencia, intimidación, engaño o vulnerabilidad y, por tanto, no es válida", sentencia.

 

La trata en tiempos de pandemia
Como aspecto positivo resalta que existe una mayor prevención ante el problema de la trata. También aplaude el hecho de que puedan contar con más herramientas legales que les facilitan el trabajo tales como intervenciones telefónicas o las grabaciones pertinentes. Sin embargo, el avance tecnológico también juega en su contra. "Ahora, la invisibilidad del fenómeno se ha duplicado. Ya no se ejerce en la calle sino en espacios reales y virtuales", dice. Esta es la nueva realidad que ha dejado la pandemia. Y es que, con la llegada de la covid y tras la relajación de las restricciones, se ha disparado el uso de las redes sociales para conseguir contactos y trasladar a pisos a las mujeres víctimas de proxenetas. De ahí que su trabajo ahora se centre en localizar esos focos para evitar en la medida de lo posible los encuentros sexuales. 

No obstante, en los meses duros de pandemia se redujo la trata porque no estaba permitida la movilidad. De ahí que considere que las cifras del 2020, aunque sean inferiores a las de ejercicios anteriores, no se pueden tomar como referencia. La fiscal explica que en ese tiempo afrontaron un doble problema: por un lado la reducción de efectivos policiales y, por otro, que le perdieron el rastro a muchas de las mujeres. Unas fueron abandonadas a su suerte ya que los prostíbulos cerraron, pero otras quedaron "acuarteladas" en una situación "absolutamente lamentable". Se muestra optimista en cuanto a la lucha contra la trata pero admite que el panorama a corto plazo va a empeorar debido a la crisis económica que ha provocado una avalancha migratoria "brutal". Muchas de las personas que siguen entrando en España lo harán como víctimas de la trata, advierte y sentencia: "Cuanta más crisis, más vulnerabilidad y posibilidad hay de que caigan en sus redes".

 

Texto y foto: Gema Huesca. La Información.

 

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