La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, y la Fiscal de Sala Coordinadora de los servicios especializados en la protección de las personas con discapacidad y atención a los mayores, María José Segarra, han mantenido esta mañana un encuentro con los medios en el Salón de Actos de la Fiscalía General del Estado.

El Ministerio Fiscal como garante de los derechos de las personas vulnerables

Dolores Delgado ha incidido en que para la Fiscalía General es una absoluta prioridad velar por el bienestar y los derechos de las personas más vulnerables de nuestra sociedad. 

La creación por Real Decreto 255/2019, de 12 de abril, de la figura del Fiscal de Sala Coordinador de los servicios especializados en la protección de personas con discapacidad y atención a los mayores constituye un nuevo impulso para una especialidad que es una necesidad social.

Delgado ha desgranado la actividad de la Fiscalía en relación con la situación de las personas mayores en residencias durante el inicio de la crisis sanitaria y la llamada primera ola. El 18 de marzo desde la Fiscalía General se creó una red dirigida a recabar información, remitir directrices y actuar eficaz y homogéneamente en el ámbito de la competencia del Ministerio Fiscal. Por Decreto de 23 de marzo se abrieron diligencias de investigación a fin de determinar la gravedad de los hechos y su posible relevancia penal, y a la vista del avance y las particularidades de las investigaciones en las distintas Fiscalías territoriales se trasladó la competencia investigadora a las mismas. 

La Fiscal General, Dolores Delgado, ha puesto en valor el trabajo llevado a cabo por los/as fiscales, “que se mantuvieron en primera línea prestando el servicio público”.
 
Actuación de la Fiscalía

La Fiscal de Sala Coordinadora de los servicios especializados en la protección de las personas con discapacidad y atención a los mayores, María José Segarra, ha destacado también el compromiso diario que todos los/as de los servicios especializados de protección a personas mayores y/o con discapacidad demuestran en el desempeño de sus funciones. 

La Fiscal de Sala de protección de personas con discapacidad y mayores ha explicado en qué consisten las funciones tuitivas o de protección del Ministerio Fiscal y las modalidades de intervención para la defensa de los derechos de este sector de población vulnerable: remover obstáculos que impidan el acceso a recursos, interesar resoluciones administrativas de reconocimiento de derechos, resolver conflictos burocráticos, o remitir a las autoridades administrativas los asuntos que precisen de su amparo, entre otras.

Para ello la Fiscalía incoa las llamadas Diligencias Preprocesales, a fin de conocer las circunstancias de las posibles situaciones de desamparo de personas mayores o con discapacidad que se ponen en conocimiento a través de servicios sociales, de ciudadanos/as y de asociaciones y ONGs con las que tiene suscritos convenios de colaboración, como Cruz Roja o Cermi. Tras las averiguaciones oportunas, en que tiene la potestad de requerir el auxilio de las autoridades, funcionarios, organismo y particulares, las diligencias pueden concluir con solicitud de intervención sanitaria o social, demanda de evaluación de la capacidad de autogobierno u otras. 

Destaca la incoación de diligencias preprocesales civiles para especial seguimiento de la situación de las residencias, sobre todo aquellas con mayor número de contagios y fallecimientos, a fin de impulsar la adopción de las medidas oportunas por parte de las administraciones competentes u cualesquiera otras intervenciones necesarias. 

Por parte de los/as fiscales ha existido y existe una continua solicitud de actuaciones inspectoras de las administraciones competentes sobre los recursos residenciales. La Fiscal de Sala ha valorado esta como una de las carencias más importantes que nos precedía y como un punto a reforzar de manera estable para garantía de los derechos de los residentes y de la adecuación del trato necesario para una vida digna adecuada a sus circunstancias físicas y mentales.
 
Rasgos comunes detectados desde los servicios de las Fiscalías

La Fiscal de Sala Coordinadora de protección de las personas con discapacidad y mayores ha puesto el acento en el esfuerzo notable del personal que ha seguido trabajando en condiciones en ocasiones extremas.

A continuación, ha detallado los rasgos comunes de la crisis padecida que han sido detectados desde los servicios de las Fiscalías en relación con la situación de las residencias:
 
-    Cambios en el perfil de las personas residentes, con una mayor comorbilidad y fragilidad.
 
-    Debilidades preexistentes, entre las que ha destacado las de gobernanza, financiación, condiciones laborales y de formación del personal, falta de coordinación con la atención sanitaria primaria, limitaciones a nivel de infraestructura (habitaciones compartidas, carencia de espacios de aislamiento).
 
-    Falta de reemplazo a los/as profesionales de baja, complejidad organizativa, retrasos en un adecuado soporte formativo, en la transmisión de información y el mantenimiento de medidas preventivas, deficientes condiciones de contratación y financiación.  
 
-    Grave impacto del confinamiento sobre las personas mayores, a nivel físicofuncional, de movilidad, nutricional, relacional, de sueño y psicológico. Las Fiscalías han apoyado con sus intervenciones los sistemas de información familiar y visitas de las administraciones mediante su adecuada protocolización.
 
Segunda fase
 
La Fiscal de Sala de protección de personas con discapacidad y mayores ha señalado que con carácter general se reporta por las Fiscalías una notable disminución del número de quejas o denuncias en su ámbito de competencias. 

Persisten sin embargo elementos con efecto negativo, como la dificultad en algunos centros para establecer unidades de convivencia más o menos estancas, siendo en la actualidad para los entornos residenciales una situación de riesgo el incremento de contagios general. Subsiste por tanto la situación de alerta y seguimiento por parte de las Fiscalías. 

La Fiscalía cuenta con la experiencia y los protocolos adecuados para que no se repitan situaciones como las padecidas, y va a seguir realizando el seguimiento de todas las situaciones de vulnerabilidad. Como ejemplo de ello, desde el mes de julio se ha triplicado el número de diligencias civiles abiertas.
 
Vacunación

Las Fiscalías están presentado ante los Juzgados las oportunas solicitudes para resolver el conflicto ante las negativas de algunos/as representantes, familiares o guardadores/as de hecho de personas que carecen de la capacidad de decidir por sí cuando el criterio médico individualizado indica que la pertinencia de la vacuna, velando así por su superior interés.

TABLA 1:

Diligencias preprocesales tramitadas por las Fiscalías actualizada a 18/1/21

Debe tenerse en cuenta que las diferencias entre las magnitudes proceden que en muchas provincias optaron por abrir diligencias de seguimiento por cada uno de los centros residenciales, mientras que en otras se hizo agrupando varios centros.

La siguiente tabla recoge los distintos motivos de apertura de las Diligencias preprocesales:

De ellas el 37,4% han sido archivadas al haberse agotado su objeto, permaneciendo en tramitación, en su mayor parte por seguimiento residencias:  
el restante 62,59%
 
TABLA 2:   
 
Diligencias de investigación penal actualizadas a 18/1/21
 
Muchas de estas comunicaciones recibidas lo eran relativas a la posibilidad de que los hechos fueran constitutivos de delito, lo que determinó que se incoaran diligencias de investigación penales en virtud del art. 779 Lecrim y 5 EOMF en las Fiscalías, cuya situación actualizada es la que sigue:

 
Como se observará, de la información facilitada por las distintas Fiscalías, el estado procedimental actualizado de las diligencias es que un 47,39% siguen en tramitación; el 51,92% han sido archivadas. 

De estas diligencias archivadas, el 11,8% han finalizado como consecuencia de la interposición de denuncia o querella ante los juzgados competentes por parte de las Fiscalías. El 10,48% lo ha sido como consecuencia de la tramitación de un procedimiento judicial. El 10% ha sido archivado como consecuencia de la acumulación a otras diligencias de investigación de la Fiscalía. El 67,72% han archivado por entender que los hechos no revestían caracteres de delito. Las denuncias archivadas por este motivo constituyen el 35,14% del total..

Constan 96 procedimientos penales en los diversos juzgados de todo el territorio, notificados en Fiscalía, correspondiéndose el 28,12% de ellos a los incoados tras las denuncias interpuestas por la Fiscalía. Se encuentran en su gran mayoría (74,46%) en tramitación.
 
La siguiente tabla recoge los principales motivos sobre las denuncias recibidas en las Fiscalías:

Enlace a las tablas.