El Pleno del Consejo Fiscal celebrado hoy ha sometido a discusión y ha aprobado su informe favorable al Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, valorando positivamente la adaptación de nuestro ordenamiento jurídico a los compromisos y obligaciones internacionales asumidas por España en esta materia.

El nuevo Anteproyecto, cuyos precedentes se encuentran en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre -conocida como “Ley de Memoria Histórica"- y en la prolija legislación autonómica, pretende, según su Exposición de Motivos, “fomentar un discurso común basado en la defensa de la paz, el pluralismo y la condena de toda forma de totalitarismo político que ponga en riesgo el efectivo disfrute de los derechos y libertades inherentes a la dignidad humana”, y proporcionar una reparación integral de las víctimas mediante el desarrollo de “las políticas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que han sido objeto de las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos al Estado”.

El Anteproyecto sitúa a la Administración General del Estado en la posición de garante, asegurándose así, en condiciones de igualdad, una misma respuesta en toda España a los derechos a la verdad, a la justicia y a una reparación integral de las víctimas, al desarrollo de las medidas de restitución, rehabilitación y satisfacción orientadas al restablecimiento de sus derechos y a evitar con ello la repetición de hechos similares.

El Anteproyecto crea la figura de un Fiscal de Sala para la investigación de los hechos que constituyan violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, al que también se atribuirán funciones de impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas de los hechos investigados, en coordinación con los órganos de las distintas administraciones con competencias sobre esta materia.

La creación de este Fiscal de Sala supone una novedad y una oportunidad de mejora en la especialización de la carrera, abordando la inaplazable necesidad de proporcionar una respuesta eficaz a las graves conductas que integran las violaciones de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Permite la delegación del/de la Fiscal General, a través de su vinculación directa, en aspectos de representación institucional, unificación de criterios de actuación y coordinación de una respuesta institucional en materia de Derechos Humanos. Asimismo, se ordenan estatutariamente las relaciones con el Defensor del Pueblo.  

El Pleno del Consejo Fiscal ha aprobado también los informes relativos al Anteproyecto de Ley por la que se adapta el ordenamiento nacional al
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre Eurojust, el Proyecto de Real Decreto sobre prórroga de nombramiento de Abogados/as Fiscales
sustitutos/as, el Proyecto de Resolución del Ministerio de Justicia por la que se regula la prestación de servicios en modalidad de teletrabajo en la Administración de Justicia y la propuesta de condecoraciones de San Raimundo de Peñafort.