Estudió Derecho en la Universidad de Zaragoza y posteriormente se diplomó en Derecho Comparado en la Universidad de Estrasburgo. Es Doctor en Derecho, Abogado del Estado y miembro de la Carrera Fiscal desde 1960 en cuyo desempeño estuvo destinado en Pamplona durante más de 20 años, como Fiscal de la Audiencia Territorial de Navarra. 

Posteriormente sería nombrado Fiscal del Tribunal Supremo en abril de 1987. 

Su actividad profesional se ha desarrollado, por tanto, en la Carrera Fiscal, la política y posteriormente en la empresa privada. 

En las Elecciones Generales de 1979 fue elegido Diputado al Congreso por Navarra, por Unión de Centro Democrático (UCD). 

En 1982, junto con otros miembros de UCD seguidores de la línea política socialdemócrata de Francisco Fernández Ordóñez, fundó el Partido de Acción Democrática (PAD) a cuya ejecutiva perteneció hasta su integración en el Partido Socialista Obrero Español, en 1983.

Ese mismo año, como miembro de esta formación política fue elegido Diputado por la circunscripción de Madrid, escaño que renovó después en las elecciones de 1982-1986 y en las de 1986-1989, por la circunscripción de Murcia. 

En la formación del primer Gobierno del PSOE (1982), Felipe González le nombró Ministro de la Presidencia, cargo que ocupó hasta el final de la legislatura y en cuyo desempeño, llevó a cabo importantes reformas de la Función Pública 

En relación con el ámbito jurídico y judicial, ocupó cargos de la relevancia de Fiscal General del Estado, Director General de Justicia, Vocal del Consejo General del Poder Judicial y Secretario General de la Sociedad de Autores. 

En la actualidad es Presidente del Consejo de Redacción de la Editorial Aranzadi-Thomson, cargo desde el que ha impulsado la edición de numerosos textos legales. 

En el año 1990 se le concedió la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort.

Como Fiscal General centró su actividad en materias como la intervención del Fiscal en las cuestiones de inconstitucionalidad y en los procesos de separación y divorcio, siendo importantes sus aportaciones en materia organizativa y procesal en cuestiones como el papel de las Juntas de Fiscalía que asumen importantes funciones en garantía del principio de unidad de actuación y la puesta en marcha de la reforma del procedimiento abreviado.