Medio centenar de fiscales de toda España se han reunido desde ayer y hasta el próximo miércoles, en la capital valenciana, en el marco de las jornadas que organiza anualmente la Unidad Coordinadora de Discapacidad y Mayores de la Fiscalía General del Estado que dirige la Fiscal de Sala María José Segarra.

En el acto inaugural de estas sesiones, en cuya organización ha colaborado la Generalitat Valenciana, Segarra ha estado acompañada por la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, y por la Fiscal Superior de esta comunidad, Teresa Gisbert.

En su intervención, Bravo ha destacado que los poderes públicos tienen la obligación de garantizar el pleno derecho de las personas con discapacidad a acceder a la justicia en condiciones de igualdad. La consellera de Justicia ha puesto en valor el modelo de justicia accesible de la Comunidad Valenciana, una iniciativa que ha potenciado la figura del facilitador como intermediario entre las personas con discapacidad y los tribunales. Este modelo, único en España, y los resultados que está obteniendo serán objeto de estudio en este grupo de trabajo, ha señalado.

Los fiscales reunidos en Valencia también evaluarán la aplicación de la Ley 8/21, que lleva un año en vigor, y que ha modificado sustancialmente el tratamiento de las personas con discapacidad al desjudicializar casi totalmente su vida para otorgarles mayor autonomía y capacidad de decisión.

Los problemas que se están vislumbrando en este año de vigencia de la norma, la convivencia de las medidas judiciales de apoyo y el desarrollo de las que voluntariamente escoge la persona con discapacidad, serán objeto de atención de estas jornadas.

La idea es armonizar la actuación del Ministerio Fiscal en todo el territorio nacional y buscar soluciones que palien los inconvenientes que ya están emergiendo.

Entre ellos, los relacionados con el guardador de hecho, figura potenciada por la ley, a la hora de desarrollar su función como apoyo no judicial de la persona con discapacidad.

En estas jornadas participarán representantes de organización del tercer sector social, como Plena Inclusión o HelpAge, registradores de la propiedad o notarios con el objetivo de coordinar la actuación de todos estos operadores con el Ministerio Fiscal, en aras a garantizar el pleno ejercicio de sus derechos a las personas con discapacidad y el respeto a su voluntad y deseos en la toma de decisiones.

Las cuestiones sobre discapacidad se complementarán con ponencias y debates sobre salud mental y atención a los mayores. Los avances producidos con la Instrucción 1/22 sobre contenciones en centros residenciales y sociosanitarios, también tendrán espacio en este foro de trabajo.