La Fiscal General del Estado se ha desplazado a la ciudad de Logroño para presidir la clausura del curso “La nueva regulación de la Contratación del Sector Público, Fiscalización y Enjuiciamiento por el Tribunal de Cuentas”.

Tras manifestar su gratitud por la invitación “que me brinda la oportunidad de realizar algunas reflexiones”, Segarra ha definido la contratación como “un tema de singular importancia en el ámbito del Sector Público, no sólo por su trascendencia económica, sino también por su complejidad jurídica”.

La Fiscal se ha referido especialmente al nuevo texto, aprobado por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que pone de manifiesto “el considerable número de operadores jurídicos que intervienen en la preparación, aprobación, ejecución y control de dichos contratos”.  Y ha situado esta materia como una de las más relevantes,  “con incidencia clave en los procesos productivos, en la competencia y en los fenómenos de corrupción”.

Mayor transparencia

Segarra, ha redundado en la necesidad de “conseguir mayor transparencia en la contratación pública”,  tal y como cita el preámbulo de esta nueva normativa. Y en este sentido ha recordado las funciones del Tribunal de Cuentas, —de fiscalización y enjuiciamiento—,  en las que  interviene el Ministerio Fiscal, “actuando siempre de acuerdo con la naturaleza y principios que rigen la Institución, es decir, en defensa de la legalidad y de los intereses públicos”.

Se trata de una intervención, ha señalado, “donde  el Fiscal suple la inactividad de los órganos públicos perjudicados, tanto en el ámbito estatal, como en el autonómico y local, que, a pesar de haber sufrido daños en su patrimonio, no interponen la correspondiente reclamación ante la jurisdicción contable”.

Esta circunstancia define a  la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, como “auténtica pionera en la moderna concepción del Ministerio Fiscal, por cuanto, además de interponer las correspondientes demandas, posibilita la coordinación con el resto de las Fiscalías, cuando sean detectados ilícitos penalmente relevantes, en las áreas presupuestaria, contable y financiera del Sector Público” ha concretado la Fiscal General del Estado.