Peramato asegura en Perú que solo una respuesta coordinada entre Iberoamérica y la UE puede hacer frente a la criminalidad organizada transnacional

La Fiscal General del Estado, Teresa Peramato Martín, ha defendido en Cuzco (Perú) que “solo una respuesta coordinada” entre Iberoamérica y Europa puede hacer frente a la criminalidad organizada transnacional, “sustentada en equipos conjuntos de investigación, mecanismos ágiles de intercambio de información y protocolos específicos para espacios fronterizos, para estar a la altura de unas organizaciones que desde hace tiempo operan sin límites territoriales".

Así lo ha expresado Peramato en su intervención durante la sesión inaugural de la Asamblea General Ordinaria de la AIAMP, la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, que se celebra en Cuzco (Perú) este miércoles y jueves. 

“Las 22 fiscalías iberoamericanas y el conjunto de fiscalías del espacio judicial europeo integran una comunidad unida por responsabilidades, desafíos y objetivos comunes frente a la criminalidad transnacional. El corredor criminal transatlántico así lo demuestra: la producción de cocaína ha alcanzado cifras récord; Europa ha desplazado a Norteamérica como principal destino; y las organizaciones criminales latinoamericanas ya no actúan únicamente como proveedoras, sino que mantienen una presencia operativa estable en puertos y centros logísticos europeos”, ha insistido Peramato.

Ante esa amenaza, “el papel del Ministerio Público es insustituible. Somos quienes transformamos la información y la inteligencia criminal en prueba válida para el proceso; quienes garantizamos que la rapidez de la respuesta nunca comprometa la legalidad ni las garantías; quienes articulamos la coordinación interna y actuamos como puente cualificado de la cooperación internacional; y quienes aportamos continuidad y coherencia a la actuación del Estado frente al delito", ha asegurado la Fiscal General.

En su discurso, Peramato ha advertido de que el Estado de Derecho en Iberoamérica está bajo presión: "El Índice 2025 del World Justice Project confirma la magnitud del problema. Iberoamérica acumula más de una década de retroceso en diversos parámetros vinculados al Estado de Derecho y la confianza ciudadana en los sistemas de justicia sigue siendo insuficiente. A ello se añade una realidad criminal cada vez más compleja: organizaciones que integran narcotráfico, corrupción, trata de seres humanos, ciberdelincuencia y blanqueo de capitales en estructuras transnacionales dotadas de una enorme capacidad de adaptación y expansión.  No hablamos únicamente de estadísticas. Hablamos de una amenaza que afecta a la seguridad de nuestros ciudadanos, a la protección efectiva de sus derechos y a la fortaleza de nuestras instituciones".

Navegar entre las garantías y la eficacia

Citando un pasaje de la Odisea, Peramato ha advertido de que, como Ulises, las fiscalías en Iberoamérica y en Europa navegan hoy “entre peligros que nos enfrentan a decisiones complejas. De un lado nos acecha Caribdis: el vórtice de la impunidad y de la creciente sofisticación tecnológica y financiera de la delincuencia organizada transnacional, capaz —si le permitimos gobernar la nave— de engullir instituciones, economías, territorios y, en última instancia, la propia legitimidad democrática de nuestros Estados. Frente a ese riesgo, la tentación resulta comprensible: acelerar procedimientos, simplificar respuestas o restringir garantías en nombre de una eficacia inmediata. Pero es entonces cuado aparece Escila: la erosión, silenciosa y progresiva, de las garantías procesales, de la autonomía, fortaleza e integridad de las instituciones y del propio Estado de Derecho que estamos llamados a proteger”. 

Ante ello, Peramato ha advertido: “Ni la eficacia puede alcanzarse a costa de sacrificar las garantías que otorgan legitimidad a nuestra función, ni las garantías pueden interpretarse de tal modo que terminen convirtiéndose en un obstáculo para una respuesta efectiva frente al crimen organizado".  “Nuestra obligación no es elegir entre Escila y Caribdis, sino, como buenos pilotos, trazar el rumbo que nos aleje cuanto sea posible de ambos peligros, sabiendo que la primacía del Estado de Derecho, y no la mera eficacia, es la que marca, en última instancia, la ruta correcta”, ha señalado.

“A diferencia de Ulises, nuestras fiscalías cuentan hoy con instrumentos que él nunca tuvo”, como la cooperación interinstitucional, la digitalización y la inteligencia artificial, la experiencia acumulada de las fiscalías generales como autoridades centrales o los equipos conjuntos de investigación. Las propuestas de las redes de fiscales especializados y grupos de trabajo de la AIAMP demuestran que “los fiscales iberoamericanos no necesitamos elegir entre eficacia y garantías como si fueran realidades incompatibles. Muy al contrario, demuestran que es posible dirigir la nave del Estado de Derecho combinando una respuesta eficaz frente al crimen con un respeto escrupuloso a los derechos y libertades que estamos llamados a proteger".