Las Jornadas de este año se han centrado en el estudio de la repercusión de la modificación de la Ley de Seguridad Vial y en las funciones inherentes al cargo que deben desempeñar los Fiscales de esta especialidad. Así mismo, se han puesto en común los numerosos trabajos doctrinales de los Fiscales Delegados, que considerando su valor científico y práctico, señalan, serán objeto de una próxima publicación.

El medio centenar de fiscales que han asistido a las jornadas celebradas en Compostela abordaron las responsabilidades de funcionarios por deficiencias en las infraestructuras: badenes, resaltos y bandas transversales, ratificando el criterio que se viene utilizando hasta ahora, que consiste en contar con pruebas periciales técnicas sobre el estado de la vía –si la investigación así lo precisa- , y llevadas a cabo por peritos independientes no vinculados con la Administración correspondiente.

A las quejas de vecinos, asociaciones de ciclistas y motoristas en torno a este tema, se suman las de los servicios de UVI o urgencia sanitaria que circulan a elevada velocidad y que debido a los badenes, pueden llegar a ver dificultada su pronta y “vital” llegada al centro sanitario. Sin menoscabar el esfuerzo de las distintas Administraciones, los fiscales recuerdan la legalidad vigente para ajustar a Derecho estos potenciales perjuicios.

En esta reunión se hizo referencia también a los casos de prevaricación omisiva de Alcaldes o funcionarios, en relación con aquellos Ayuntamientos que no aplican o remiten la detracción de puntos a la Jefatura de Tráfico. Una situación contraria a la seguridad vial y discriminatoria con los vecinos de Ayuntamientos, la mayoría señalan, en que se actúa con toda corrección. Los fiscales apuntan en este sentido que deben fomentarse la colaboración y coordinación para solventar la situación, mediante convenios o encomiendas de gestión a favor las entidades previstas en la legislación administrativa.

Conscientes de la elevada cifra -más de 300 de los cerca de 1000 computados en diciembre de 2009- de internos por delitos de seguridad vial, los fiscales viales hacen un análisis exhaustivo de los supuestos de multirreincidentes y los tratamientos alternativos antes de solicitar el ingreso en prisión. Entre otros, la suspensión de la ejecución de la prisión condicionada, el tratamiento para alcohólicos y de modo muy particular el comiso.

Se incide especialmente, en estas jornadas anuales, en la protección de los menores de edad. Según las últimas cifras de los 76 niños fallecidos en accidentes de tráfico, 40 no llevaban sistemas de retención o protección, a pesar de la mejora general en la utilización de los cinturones de seguridad. Sin embargo los fiscales ponen énfasis en los menores de 3 años o menores en torno a esa edad, que no tienen suficiente discernimiento o formación para tomar la decisión de ponerse el cinturón o utilizar el correspondiente sistema de retención. Estos menores se encuentran en situación de absoluta indefensión y sufren elevadísimos riesgos.