Hoy 25 de mayo de 2018 entra en vigor el  nuevo Reglamento de Protección de Datos, que obliga a todas las instituciones públicas y privadas a tener previsto un tratamiento conforme al mencionado reglamento de los datos personales referidos a las personas físicas que figuren en sus archivos. Se trata del tratamiento de ficheros ajenos al ámbito penal.

Los datos deben ser exactos y puestos al día, y ello obliga a mantener actualizadas las bases de datos que sean objeto de tratamiento, modificándose cuando se tenga conocimiento de la alteración de datos y, especialmente, cuando ello sea consecuencia del ejercicio de los derechos de rectificación, oposición y cancelación que ejerciten los interesados.

El reglamento obliga a adoptar las medidas de índole técnica y organizativa que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento  o acceso no autorizado. El responsable debe poder demostrar que cumple con las obligaciones derivadas de la normativa, generando evidencias de ese cumplimiento y adoptando políticas internas de protección de datos.

A  fin de cumplir con este nuevo marco normativo, la Fiscalía General ha elaborado un documento de información  que entregará a los ciudadanos sobre el uso que se hará de los datos de tipo personal. En el modelo informativo se explica que se incorporarán a un fichero, para su tratamiento en atención al ejercicio de las funciones legales que tiene encomendadas el Ministerio Fiscal. El responsable del tratamiento es la Unidad de Apoyo, que se encuentra en la propia sede de la Fiscalía General del Estado, situada en la calle Fortuny, 4 de Madrid. El encargado del tratamiento es la Subdirección de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Justicia.

En el documento se especifica que los datos personales que los ciudadanos pongan en conocimiento de la Fiscalía serán conservados durante el tiempo que requiera la finalidad del tratamiento y el que pueda venir determinado por las leyes. Asimismo, se pone en conocimiento de los ciudadanos que tienen el derecho de solicitar a la Unidad de Apoyo el acceso a sus datos, así como su rectificación o supresión u oponerse a su tratamiento o pedir que éste se realice limitadamente. También se indica que se puede reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos, que es la autoridad de control legalmente designada.

Se crea asimismo la figura del Delegado para la Protección de Datos en las Fiscalías de las Comunidades Autónomas.