La Fiscalía de Medio Ambiente, dirigida por el Fiscal de Sala Antonio Vercher, ha dado por concluida la denominada Operación Yate contra la corrupción urbanística en el municipio de Yaiza por la concesión de licencias contrarias a la normativa urbanística en los hoteles ilegales del citado municipio, que se ha llevado a cabo en Lanzarote, en el municipio de Yaiza, en coordinación con la Brigada Provincial de la Policía Judicial, Sección UDYCO, grupo IV, blanqueo de capitales, de Las Palmas.

La Fiscalía ha presentado en la fecha de 20 de Diciembre de 2012 un escrito dirigido al juzgado de instrucción competente en el solicita que incoe el procedimiento abreviado para dirigir la acusación contra las doce personas de las que resultan altos indicios de criminalidad.

La Fiscalía considera que las personas hasta ahora imputadas podrían haber incurrido en uno o varios de los siguientes delitos:

PREVARICACIÓN URBANÍSTICA previstos y penados en los artículos 320.1 y artículo 320.2 del código penal.

COHECHO PASIVO para fin delictivo y acto injusto de los artículos 419 y 420 del Código Penal.

BLANQUEO DE CAPITALES, del artículo 301 del Código Penal.

ACTIVIDADES Y NEGOCIACIONES PROHIBIDAS A FUNCIONARIO PÚBLICO del artículo 439 del Código Penal.

COHECHO PASIVO como recompensa de un acto realizado constitutivo de delito del artículo 425.2º del Código Penal

MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS en concurso ideal con un delito de FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL de los artículos 432.3º y 390.1.1º y 3º, en relación con el Art. 77 del Código Penal

Los delitos se dirigen contra quien fuera el Alcalde del municipio de Yaiza en la época de 1998 a 2007, al recabar durante el desarrollo de la fase de Instrucción numerosísimos indicios y datos objetivos que ponen de relieve la práctica de conductas corruptas del entonces Alcalde de Yaiza y su núcleo familiar mas inmediato y próximo que ha contribuido de manera decisiva a la ocultación el dinero obtenido por la concesión de las licencias y su posterior introducción en el circuito económico legal.

La Fiscalía considera -tras realizar una laboriosa Investigación-, que el imputado, actuando desde su cargo de Alcalde, ideó un plan para enriquecerse durante el ejercicio de su cargo, abusando de la situación de poder que ostentaba en el ámbito urbanístico de la localidad de Yaiza.

El Fiscal Decano de Medio Ambiente y Urbanismo en Las Palmas, Javier Ródenas, y el Fiscal de la Sección de Medio Ambiente Ignacio Stampa, detallan en el escrito remitido al Juzgado cómo el imputado logró recaudar ilícitamente una importante cantidad de dinero derivada de la masiva concesión de licencias urbanísticas que como Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Yaiza fue otorgando de forma selectiva durante su mandato, provocando el nacimiento de un “urbanismo a la carta” que propició por la vía de hecho una alteración total de la realidad urbanística del municipio de Yaiza, logrando de este modo hacerse con un enriquecimiento no justificado que alcanza la cantidad mínima de un millón de euros.

Los fiscales pormenorizan los indicios que revelan que el origen del patrimonio que consiguió amasar durante su etapa como Alcalde del Ayuntamiento de Yaiza, en ningún caso puede estar vinculado o proviene de los ingresos conocidos del mismo, ni se justifica por los cobros que legítimamente percibió como Alcalde, sino que ha sido adquirido como consecuencia directa de su delictiva política municipal instaurada en el delictivo otorgamiento de licencias urbanísticas.

Para tratar de legitimar los beneficios obtenidos durante esos años, el que fuera Alcalde de Yaiza se valió de diferentes procedimientos tales como: utilización de testaferros, amortización en efectivo de un número considerable de préstamos bancarios y seguros, fraccionamiento de operaciones de efectivo de origen desconocido y, sobre todo, grandes inversiones mobiliarias e inmobiliarias abonadas con dinero en efectivo e ingresos constantes de otras tantas y cuantiosas cantidades de dinero en efectivo, en una multiplicidad de cuentas corrientes instrumentales, así como la creación de sociedades interpuestas a modo de “empresas pantalla”.

Los Fiscales concluyen que existen claros indicios de que se prescindió de manera grosera en los expedientes administrativos de concesión de licencias urbanísticas de un trámite absolutamente esencial del procedimiento, dirigido a hacer valer y velar por el cumplimiento de los intereses insulares que legalmente tutela el Cabildo Insular de Lanzarote.

Existen claros indicios de que el imputado omitió deliberadamente requisitos insoslayables como la falta de informes jurídicos y la autorización turística de la que dependía la validez de la autorización municipal.

Durante la Instrucción se han analizado con evidente signo incriminatorio una treintena de expedientes de concesión de licencias para la construcción de complejos hoteleros(expedientes administrativos para la construcción del hotel Meliá Volcán, del hotel princesa Yaiza, del hotel Papagayo Arenas, del hotel Dream Gran Castillo, de los apartamentos Iberostar la Bocayna, de los apartamentos Iberostar Papagayo Park, de los apartamentos Río Playa Blanca, del hotel Son Bou, del hotel Rubicón Palace, del hotel Iberostar Papagayo, del hotel Hesperia Puerto Calero, de los apartamentos Coloradamar en la parcela 12 plan parcial las coloradas, de los apartamentos Cay Beach papagayo en la parcela 14 plan parcial las coloradas, del hotel Natura Palace en la parcela 45 y 46 plan parcial montaña roja)

También se han analizado los expedientes administrativos para el otorgamiento de licencia de obras a la entidad “Puerto Deportivo Marina Rubicón, S.A. y el expediente administrativo para la aprobación del plan parcial playa blanca.

En todos los expedientes citados en el ejercicio de su actividad como máximo responsable del Ayuntamiento de Yaiza, otorgó entre los años 1998 a 2003 las licencias a sabiendas de su manifiesta y flagrante ilegalidad.

Las licencias otorgadas por el alcalde de Yaiza vulneran al menos indiciariamente los acuerdos de suspensión del otorgamiento de licencias adoptados por el Cabildo durante la Revisión del PIOT (1998-2000), y fueron concedidas por un órgano municipal que en aquel momento tenía suspendida la potestad para otorgarlas y, lo que es más grave, se concedieron con pleno conocimiento de la vulneración de la legalidad que con la concesión de esas licencias iban a cometer, a sabiendas, además, de que autorizaban edificaciones turísticas incompatibles con el Planeamiento Insular (en ocasiones incluso incompatibles con las ordenanzas del propio Plan Parcial) y con los postulados introducidos en la revisión en tramitación (que era lo que se pretendía salvaguardar), sin tener en cuenta la carga edificatoria de la Isla.

Se autorizaron de forma desenfrenada miles de camas turísticas en contra de las propias determinaciones del Cabildo que como órgano supra municipal le correspondía velar, precisamente, para la oportuna armonización y el crecimiento sostenible y adecuado a la carga edificatoria de la Isla, con la finalidad clara de evitar que por un crecimiento incontrolado -como a la postre resultó ejecutar el Alcalde- pudieran afectarse servicios básicos de la Isla de Lanzarote ( agua y luz) ya que, indudablemente, una superación de las camas turísticas y edificabilidad mas allá de los límites previstos acarrea restricciones de servicios básicos que no pueden cubrir las desorbitadas áreas turísticas aprobadas por el citado alcalde.