Tras los pronunciamientos del Tribunal Constitucional –específicamente ATC nº 24/2017, de 14 de febrero y providencias de 7 de septiembre pasado- queda fuera de toda duda la ilegalidad de cualesquiera actos dirigidos a la celebración del referéndum de autodeterminación.

La notoriedad de la prohibición de los actos de organización del referéndum hace que cualquier conducta de autoridades, funcionarios públicos o de particulares en connivencia con los anteriores, dirigida a tal fin, sea indiciariamente constitutiva al menos de los delitos de desobediencia (art. 410.1 CP, penado con multa e inhabilitación especial),  en cuanto supondría un incumplimiento manifiesto de las resoluciones del TC, prevaricación (art. 404 CP penado con inhabilitación especial), al adoptarse resoluciones abiertamente contrarias al ordenamiento jurídico y malversación de caudales públicos (previsto en el art. 432 CP y penado con prisión de hasta ocho años e inhabilitación absoluta por hasta veinte años) en tanto se dispondría de fondos públicos para la realización de actividades delictivas. 

Por ello, las Fiscalías de Cataluña, de común acuerdo con la Fiscalía General del Estado, han ordenado a todas las Unidades de Policía Judicial (Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d'Esquadra) a fin de que ante cualesquiera actos que se ejecuten en su demarcación por autoridades o  funcionarios públicos o por particulares en connivencia con aquellos, dirigidos a la preparación y celebración del referéndum de autodeterminación ilegal, sigan las siguientes directrices: 

Ante la existencia o conocimiento de cualquier hecho de la naturaleza descrita, o conexo con los anteriores, la Policía Judicial procederá a elaborar de forma urgente el informe o atestado oportuno, que contendrá todos los datos necesarios acerca de su ejecución, autoría, participación y circunstancias concurrentes. 

Los funcionarios policiales, a fin de evitar la consumación o el agotamiento de los delitos, procederán directamente a adoptar las medidas necesarias para intervenir los efectos o instrumentos destinados a preparar o celebrar el referéndum ilegal, requisando urnas, sobres electorales, manuales de instrucciones para los miembros de las mesas electorales, impresos electorales, propaganda electoral, elementos informáticos, así como cualquier otro material de difusión, promoción o ejecución del referéndum ilegal, conforme a las previsiones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Este es el sentido de la reunión que se ha mantenido en el día de hoy en la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cataluña con los responsables de Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d'Esquadra y que se mantendrá mañana en las Fiscalías Provinciales de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona.