Instrucción 3/2011 sobre el nuevo régimen de información derivado de la Decisión del Consejo de la Unión Europea 16/12/2008 por la que se refuerza Eurojust, elaborada por la Fiscalía de Cooperación Penal Internacional de la Fiscalía General del Estado.

La decisión 2009/426/JAI del Consejo de la Unión Europea, tomada el 12 de Diciembre de 2008, por la que se refuerza Eurojust, y por la que se modifica la Decisión 2002/187/JAI que crea Eurojust para reforzar la lucha contra las formas de delincuencia, obliga a los Estados Miembros a que adopten sus respectivos ordenamientos a las obligaciones derivadas de esta decisión en un plazo de dos años desde su publicación. Es decir, a partir del 4 de Junio de 2011.

Una Decisión que trata, en esencia de, por un lado, fortalecer y homogenizar los poderes de los Estados Miembros, modificando un régimen desigual que ha hecho convivir, en el seno del Colegio de Eurojust, a Miembros Nacionales dotados de poderes de verdadera autoridad judicial con otros que tienen principalmente labores representativas, pero están privados de facultades propias de actuación equiparables a las de aquellos.

Por otro lado, pretende conseguir una actuación más eficaz de Eurojust, a través de un doble reforzamiento de su estructura que afecta, en primer lugar, a las oficinas nacionales en su sede central de La Haya y, en segundo lugar, a las autoridades con responsabilidades en el ámbito de la cooperación judicial penal en el territorio nacional de los respectivos Estados.

Los principales aspectos a los que afecta la nueva Decisión son:

1.- Ampliación y homogenización de los poderes de los Miembros Nacionales.

2.- Organización de una Oficina Nacional en los Estados Miembros creando un sistema uniforme de coordinación nacional.

3.- Creación de un sistema de coordinación de emergencias para dar respuestas a casos urgentes.

4.- Diseño de un sistema obligatorio de traslado de la información por parte de las autoridades nacionales a Eurojust y viceversa.

Los aspectos a que se refieren los apartados primero y segundo requieren inequívocamente la adopción de medidas legislativas y estructurales, que exceden del ámbito organizativo interno del Ministerio Público.

Sí se ha organizado la Célula de Coordinación de Emergencias (CCE). Los Fiscales tienen a su disposición un teléfono denominado OCC (siglas en inglés de On Call Coordination), a través del cual se puede conectar directamente en español en caso de necesidad inaplazable. Ese número de teléfono, de uso exclusivo para Jueces, Fiscales y Policía Judicial, ya ha sido comunicado por la Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad de Cooperación Internacional, a todos los Fiscales Jefes y Fiscales de la Red de Fiscales de Cooperación Internacional.

Sin embargo, toda la materia relativa a qué información debe comunicarse a Eurojust, quién debe trasladar esa información y cuándo y cómo debe hacerlo, constituye un punto de la Decisión de 2008, que afecta de manera directa e inmediata a las funciones del Ministerio Fiscal, y de hecho es lo que determina la necesidad primordial de esta Instrucción.

Estamos pues ante un hecho, que no sólo determina la obligatoriedad legal de transmitir la información, si no que también determina cómo debe hacerse, qué datos debe contener ese flujo de información, para obtener como resultado un modelo de transmisión muy distinto al que establecía la ya lejana Decisión de 2002 a este respecto.

La nueva normativa exige un paso más, a la hora de configurar en el seno del Ministerio Público un sistema de recogida, gestión y transmisión interna de esas informaciones, –que permita a la Fiscalía General seguir asumiendo con eficacia su obligación legal, ahora mucho más compleja–.