La Fiscalía, ante las noticias aparecidas sobre el alcance de la inmunidad parlamentaria, desea informar a la opinión pública lo siguiente:

En primer lugar, la doctrina del Tribunal Constitucional siempre ha postulado la interpretación restrictiva de los privilegios de los aforados. La garantía de la inmunidad no significa que no se pueda ordenar el ingreso en prisión por orden judicial, se refiere exclusivamente a la detención policial. La protección de los parlamentarios no comporta inmunidad jurisdiccional alguna, fuera del aforamiento ante tribunal competente.

En segundo lugar, la actuación del investigado Carles Puigdemont, dándose a la fuga y manteniendo las actuaciones que culminaron con la declaración de independencia, pone de manifiesto que el mismo persiste en su plan delictivo y sigue desarrollando acciones tendentes a su consumación.

En tercer lugar, el Tribunal Supremo ya acordó por estos mismos hechos,teniendo en cuenta su extrema gravedad, la imputación y el ingreso en prisión incondicional de personas que ostentaban la condición de diputados. A tales efectos debe tenerse presente que para la investigación judicial de los diputados autonómicos no es necesario suplicatorio.

Nuestra legislación no ampara el uso fraudulento del ordenamiento jurídico. Es inadmisible una interpretación del privilegio de la inmunidad parlamentaria que derive en impunidad.