La Fiscal General del Estado advierte en el DATAfórum Justicia del aumento de la ciberdelincuencia
21 de octubre de 2026
La Fiscal General del Estado, Teresa Peramato Martín, ha advertido hoy de que uno de cada cinco delitos que se cometen en España tienen ya una dimensión digital. En su discurso durante la sesión inaugural del DATAfórum Justicia 2026 que se celebra en A Coruña, Peramato ha destacado que la ciberdelincuencia “ha dejado de ser una amenaza emergente para convertirse en una de las principales formas de criminalidad de nuestro tiempo”.
Durante el año 2025 se registraron en España 33.851 procedimientos y diligencias de investigación relacionados con conductas comprendidas dentro del ámbito de la ciberdelincuencia, lo que supone un incremento cercano al 25% respecto al año anterior. El 85,53 % del total de los procedimientos en este ámbito correspondieron a estafas y otras defraudaciones, pero Peramato ha añadido que este tipo de delincuencia afecta cada vez más a bienes jurídicos estrechamente vinculados a la persona. "La intimidad, la propia imagen, la libertad sexual o la integridad moral encuentran hoy nuevas formas de vulneración en el entorno digital. Y esta realidad afecta de manera particularmente intensa a mujeres, niñas y adolescentes, que siguen siendo destinatarias preferentes de determinadas formas de violencia ejercidas a través de las tecnologías, como el acoso en línea, la difusión no consentida de contenidos íntimos, la violencia sexual digital o determinadas manifestaciones de control y vigilancia ejercidas en el ámbito de las relaciones afectivas", ha dicho la Fiscal General.
La investigación de estos delitos presenta dificultades muy distintas de las que caracterizan a la delincuencia tradicional. "Un mismo hecho puede afectar simultáneamente a cientos o incluso miles de personas distribuidas por distintos territorios. Los autores pueden encontrarse en países diferentes de aquellos en los que se producen los efectos del delito. Los datos relevantes para la investigación pueden hallarse almacenados en servidores situados en diversas jurisdicciones. Y, además, la prueba digital presenta una característica especialmente relevante: su extraordinaria volatilidad".
Es precisamente en este contexto donde adquiere especial relevancia la atribución de la dirección de la investigación penal al Ministerio Fiscal, en opinión de Peramato. "La experiencia acumulada en la persecución de la ciberdelincuencia demuestra que una parte importante de las dificultades existentes deriva de la fragmentación territorial de las investigaciones. La estructura del Ministerio Fiscal ofrece importantes ventajas para afrontar esta realidad. Su organización unitaria y su presencia en todo el territorio nacional permiten abordar estos fenómenos desde una perspectiva global, facilitando la coordinación y favoreciendo una respuesta más coherente y eficaz".
La especialización constituye igualmente un elemento decisivo, según la Fiscal General. "La investigación de la criminalidad tecnológica requiere conocimientos cada vez más avanzados sobre informática forense, ciberseguridad, telecomunicaciones, inteligencia artificial, criptomonedas o análisis de datos. El Ministerio Fiscal dispone ya de una sólida estructura de especialización y de fiscales con amplia experiencia en estas materias".
Además, la ciberdelincuencia es, por definición, un fenómeno transnacional. "La cooperación internacional se ha convertido en un elemento esencial para cualquier investigación compleja y en esa cooperación el Ministerio Fiscal español acredita una historia de éxito y proporciona un indiscutible valor añadido".
Peramato ha asegurado que "la digitalización ofrece herramientas extraordinarias para mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia. Pero, ha añadido, “tan importante como aprovechar las oportunidades que ofrece el progreso es garantizar que su utilización se produzca siempre dentro del marco de la Constitución y con pleno respeto a los derechos fundamentales".
En este contexto, la Inteligencia Artificial adquiere una relevancia singular. "Nos encontramos ante una tecnología con un enorme potencial para mejorar numerosos ámbitos de actividad, incluida la Administración de Justicia". La Fiscal General ha citado como ejemplo el último proyecto presentado recientemente por la Fiscalía, una herramienta basada en IA que asiste a los fiscales en la elaboración de escritos de calificación en procedimientos relacionados con la seguridad vial.
"Sin embargo, junto a esas oportunidades aparecen también importantes desafíos", ha dicho Peramato. La utilización de sistemas basados en Inteligencia Artificial plantea interrogantes relacionados con la transparencia, la protección de datos o la prevención de posibles sesgos, que "deben abordarse con especial rigor porque afectan a ámbitos especialmente sensibles para cualquier Estado democrático al afectar a derechos fundamentales y libertades públicas", ha añadido. "Ninguna tecnología puede reemplazar esa responsabilidad. Porque la tecnología debe estar al servicio de las personas y de los derechos que estamos llamados a proteger, y nunca al contrario".