La Fiscal General, María José Segarra, ha destacado que los logros de EuroMed Justicia y del grupo CRIMEX (Grupo de Expertos en Justicia Penal) han permitido fomentar la cooperación para responder mejor a los retos de la delincuencia trasnacional: “Creo que todos somos conscientes de la urgente necesidad de cooperar realmente con herramientas y medios del siglo XXI, para poder investigar con eficacia y lograr detener a los últimos responsables de las organizaciones criminales transnacionales y por supuesto, para recuperar lo ilícitamente aprehendido por este tipo de delincuencia”.

Así, ha subrayado la importancia de la creación de plataformas nacionales y sistemas de coordinación internos de la cooperación internacional, la redacción de fichas y manuales para la cooperación y el manual de uso de la evidencia electrónica. 

“Los Fiscales, como principales responsables de la acción pública en la persecución del delito, buscamos vías de colaboración que nos permitan comunicarnos con facilidad, compartir información y emprender investigaciones coordinadas en un espacio geográfico tan transcendental como el Mediterráneo, centro y foco de la actividad de grandes organizaciones criminales”, ha resaltado Segarra.

La Fiscalía española ha participado intensamente en este proyecto que ha permitido crear una red de Fiscales y cuya primera reunión se celebró en Madrid en enero de 2018. Los Fiscales Generales de Europa y de los países del sur del Mediterráneo compartieron experiencias y buenas prácticas en temas relacionados con la lucha contra el terrorismo y delincuencia organizada, como la trata de seres humanos, el tráfico de drogas o la ciberdelincuencia. La segunda reunión tuvo lugar en enero de este año en La Haya.

EuroMed Justicia IV (2016-2019) es un proyecto financiado por la Unión Europea cuyo objetivo ha sido contribuir al desarrollo de la cooperación judicial en la región euromediterránea y al desarrollo de sistemas de justicia efectivos, eficientes y democráticos que protejan y promuevan derechos. El proyecto es gestionado por un consorcio liderado por la Fundación Internacional para la Cooperación y Política Públicas (FIIAPP - España) con sus socios del Centro para la Cooperación Jurídica Internacional (CILC - Países Bajos), el Instituto Europeo de Administración pública (EIPA - Países Bajos) y Justice Coopération Internationale (JCI - Francia).