La Fiscal Delegada de Violencia de Genero para la Comunidad de Castilla y León, destinada en la Fiscalía de Burgos, María Boado Olabarrieta, ha comparecido en la Cortes de esta Comunidad autónoma, para evaluar el cumplimiento y efectividad de la Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la Violencia de Género, y formular propuestas e Iniciativas para la lucha contra este delito en Castilla y León.

Hay que recordar que la Comisión no permanente ante la que se ha presentado la Fiscal María Boado, adoptó  en su primera sesión de 20 de octubre de 2016 la creación de un plan de trabajo sobre la base de las aportaciones de expertos en la materia. La Comisión consideró de extraordinaria importancia la participación de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y acordó por unanimidad, solicitar la comparecencia de la Fiscal de Violencia de Género. 

La Fiscal María Boado, en su intervención ante la Comisión,  ha querido poner el acento en la importancia de que las afectadas denuncien los hechos, un paso “fundamental”, porque “las estadísticas no son la violencia de género que existe en la región”, si no “sólo la que se denuncia”, en clara referencia a que son muchos más los casos que quedan en el anonimato y no llegan a los juzgados.

“Si la mujer no denuncia a su agresor el fiscal no puede actuar y por lo tanto no puede solicitar medidas de protección”, ha advertido la Fiscal y ha concretado que  no denunciar es sin duda el primer gran problema al que hay que enfrentarse para proteger a una mujer víctima de malos tratos.

Tras ello, Boado ha solicitado el empoderamiento de la mujer, facilitando a ésta todo tipo de información y medios de protección, con el objetivo de que se sienta segura y pueda así vencer el tradicional miedo a interponer denuncia contra su agresor. 

En este punto la Fiscal ha subrayado la importancia de que conozcan los derechos que les asisten y los mecanismos de protección con los que cuentan en esas situaciones de extrema vulnerabilidad, que, tal y como ha puntualizado, se agravan en los casos de mujeres que viven en el medio rural y de afectadas inmigrantes, “pues muchas veces la única familia con que cuentan es su propia pareja o marido”.

La fiscal entiende que se debe facilitar información con carácter previo a su solicitud y forma “sencilla, gráfica y unitaria”, al tiempo que ha abogado igualmente por ampliar los protocolos de denuncia como los que aplica la Sanidad Pública, “que están funcionamiento muy bien”, para utilizarlos en los centros educativos y en los propios Servicios Sociales.

La fiscal reclamaba también una mayor implicación de los medios de comunicación a la hora de informar de los derechos de las mujeres que sufren malos tratos, y aseguraba al respecto que el teléfono 016 “está muy bien para empezar pero es insuficiente, no es suficiente con hacer público  el problema sino que hay que poner el acento en mostrar inmediatamente, las vías de solución”

Entre las carencias detectadas en Castilla y León en la lucha contra esta lacra social, María Boado ve necesarios más medios policiales y judiciales para mejorar la protección de las víctimas, así como un incremento del personal y del número de puntos de encuentro familiar, —saturados en ocasiones o dispersos en otras—. 

La Fiscal también ha hecho una referencia a la falta de “unidades de valoración integral” que existe en los juzgados de la Comunidad de Castilla-León, lo que está provocando retrasos de hasta ocho meses en los informes periciales, así como el hecho de que pase un año de tiempo entre que la mujer agredida pone la denuncia y se celebra el juicio. “Este hecho genera una victimización en la mujer”, lamentaba la delegada de Violencia de Género.