La Fiscal de Sala de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, participó ayer en un encuentro con las representantes de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo que han visitado nuestro país para analizar las leyes de igualdad, la dependencia, la trata y los cuidados.

En su intervención, Peramato analizó la directiva europea sobre violencia sobre la mujer y violencia doméstica que tiene por objeto establecer unos mínimos para que todos los estados de la Unión Europea adapten su ordenamiento y crear espacios de protección y de seguridad para estas víctimas.

La Fiscal de Sala insistió en que hablar de protección de las víctimas de violencia de género exige ampliar el concepto de víctimas a los hijos e hijas y a los menores que convivan con las mujeres. Según Peramato, el 51,7% de las mujeres que han sufrido violencia reconoce que también sus hijos eran objeto de maltrato; el 60% reconoce que sus hijos presenciaron algún acto de violencia física, psicológica e incluso sexual. En estos casos, el 89% de los hijos eran menores de edad.

Peramato ha puesto en valor la reforma operada por la L.O.8/2021 que ha restringido la posibilidad de que se acuerde un régimen de visitas a favor del progenitor investigado por violencia doméstica y de género y que, en su opinión, debería incorporarse en la directiva.

La Fiscal subrayó la necesidad de la protección de la víctima frente al procedimiento. En ese sentido, aseguró que más allá de las previsiones contenidas en la directiva 2012/29/UE y en el Estatuto de la víctima del delito sería un gran avance que los estados miembro regulen la prueba preconstituida para las víctimas más vulnerables, como pueden ser las víctimas de violencia sexual.
 
En cuanto a este tipo de violencia, Peramato resaltó que la propuesta de directiva comprende una serie de criterios imprescindibles a su juicio: que el consentimiento se debe mantener durante toda la relación sexual y que puede ser revocado en cualquier momento; que el silencio no significa el consentimiento; que la ausencia de resistencia tampoco significa consentimiento y que la conducta sexual anterior de la víctima no puede justificar la creencia del consentimiento.

La Fiscal propuso también que la directiva incluya una definición de violencia económica que obligue a los Estados a incorporar en sus códigos penales aquellas manifestaciones de violencia que se ejecutan como estrategia para asfixiar a las víctimas e impedir que tomen decisiones tales como la de la separación y la ruptura de la relación de pareja.

Además, reclamó que se exija a los Estados un esfuerzo claro en la formación de los profesionales implicados en la lucha contra la violencia de género, en la atención, apoyo y acompañamiento de las víctimas y que esa formación, además de la perspectiva de género y de la perspectiva de la infancia, incorpore también la perspectiva del trauma para minimizar al máximo posible el riesgo de victimización secundaria y hacer efectivo el derecho a la reparación.