Dentro del esquema correspondiente a la lucha y control de la contaminación atmosférica en las grandes ciudades, y siguiendo las pautas marcadas por la Unión Europea que acabarán afectando a 149 ciudades españolas de más de 50.000 habitantes en el año 2023, la Fiscalía de Medio Ambiente continúa adoptando iniciativas al respecto, como continuación de las aplicadas con anterioridad.

En esa línea, la Fiscalía ha dirigido un oficio al Ayuntamiento de Madrid el 11 de enero del presente año en relación al cumplimiento de la normativa referida a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) - y plasmada en el contexto de Madrid 360, que ha entrado en vigor en diciembre de 2021-.  

El objetivo es el de incorporar el esquema de funcionamiento a lo previsto en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de 2021 y facilitar el control de las infracciones y entradas ilegales en las ZBE.

En el oficio, la Fiscalía que dirige el Fiscal de Sala Antonio Vercher plantea varias reflexiones a partir de los datos de infracciones administrativas cometidas por los usuarios de vehículos no autorizados a transitar por estas zonas delimitadas. Entre ellas, la Fiscalía plantea que en las entradas ilegales a las ZBE se deben de primar las competencias de la Policía local. Para ello, la Fiscalía propone que se elabore un protocolo para que el citado cuerpo policial pueda actuar penalmente, si hubiera elementos para ello, amén de la responsabilidad administrativa que ya se viene ejerciendo.

Por su parte, la Alcaldía de Madrid ha respondido a la Fiscalía, en oficio de 28 de enero, mostrando el pleno compromiso del Consistorio al respecto, así como la voluntad de abordar las cuestiones derivadas del citado planteamiento, con el fin de asegurar el cumplimiento de la normativa y garantizar las mejores condiciones para la salud de los ciudadanos.

A su vez, y con el fin de establecer una actuación uniforme en esta materia, la Fiscalía propone que la Federación de Municipios y Provincias constituya un comité para establecer estrategias de actuación y unificar criterios.

El Ministerio Público enviará próximamente oficios en términos similares a las ciudades que, igual que Madrid, estén adoptando medidas en línea con lo dicho, y más adelante -al cumplirse los plazos legales-, a las ciudades con un censo superior a los 50.000 habitantes, en previsión de la normativa europea que fija para estas localidades españolas unas obligaciones de cumplimiento sobre bajas emisiones.