El magistrado del Tribunal Supremo, Julián Sánchez Melgar, ha acudido al Congreso de los Diputados para comparecer ante la Comisión de Justicia, a fin de que los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios puedan valorar los méritos e idoneidad de su persona como candidato a ocupar el cargo de Fiscal General del Estado. Con este trámite, se da cumplimiento a lo previsto en el art. 29 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), acerca del proceso de nombramiento del Fiscal General del Estado.

En su intervención inicial, Sánchez Melgar ha expuesto su visión acerca del modelo del  Ministerio Público en España, y de los objetivos que se plantea llevar cabo durante su mandato.

Ha definido al Ministerio Fiscal como “el custodio objetivo de la legalidad”, de modo que esa legalidad debe ser el límite, el principio y fin de la actuación del fiscal, y lo ha enmarcado en un triple anclaje: el Estado democrático, donde el Fiscal defiende los derechos y garantías de los ciudadanos, el Estado de Derecho, donde el Fiscal es el defensor de la legalidad y del interés público tutelado por la Ley, y el Estado social, en el que el Fiscal debe dar la satisfacción del interés social. En este sentido, Sánchez Melgar ha recordado que el Fiscal no es sólo el perseguidor de los delitos, sino que se configura como una magistratura de amparo de colectivos sociales vulnerables.

Sánchez Melgar ha explicado que el Fiscal General no puede recibir órdenes de ningún tipo, en todo caso, el Gobierno puede dirigirse a él de forma pública para interesar actuaciones en orden a la defensa de la política criminal. La respuesta del Fiscal General, tras escuchar el criterio de la Junta de Fiscales de Sala, puede ser afirmativa o negativa. En este ámbito, el vigente EOMF de 2007 refuerza su autonomía, impidiendo al Gobierno el cese  del Fiscal General por el ejercicio de su cargo.

Para Sánchez Melgar, el principio de unidad de actuación permite al Ministerio Fiscal aplicar la ley de forma uniforme, y por eso se plantea fortalecer la colegialidad en la toma de decisiones, tanto de las Juntas de Fiscalía como el fomento del debate dentro del Consejo Fiscal, que ha considerado como una fuente de riqueza.

Reformas en el Ministerio Fiscal

En este apartado, el candidato a Fiscal General ha anunciado su intención de impulsar la especialización, en diferentes ámbitos como la violencia contra la mujer, la lucha contra la corrupción, la protección de las víctimas del delito, el yihadismo, la protección de datos, la futura Fiscalía Europea, y el proceso independentista de Cataluña.

A su juicio, la especialización es una exigencia de los cambios normativos y tecnológicos que se vienen sucediendo en España, y este modelo tiene una enorme potencialidad que hay que destacar. La Fiscalía de violencia contra la mujer debe ser impulsada, y para ello considera conveniente ampliar el concepto de violencia de género a las agresiones sufridas por la mujer fuera del ámbito de la pareja. Junto con las mujeres asesinadas este año, ha querido significar los ocho niños muertos a manos de estos agresores domésticos.

El Fiscal como protector de colectivos vulnerables

Sánchez Melgar ha explicado que la función social del Fiscal se manifiesta en la atención preferente a los ciudadanos en situaciones de vulnerabilidad, como es el caso de los ancianos ingresados en residencias, la protección de los menores y la justicia juvenil, el amparo a las personas con discapacidad y el flujo inmigratorio de extranjeros, con una especial mención a la trata de seres humanos, a la que ha definido como “una esclavitud del siglo XXI que avergüenza”. También se ha referido a la incipiente labor que la Fiscalía viene desarrollando en la defensa de consumidores y usuarios frente a actuaciones de grandes compañías, y ha adelantado su intención de publicar una Circular sobre esta materia, ya que la ley amplia la legitimación del Fiscal para intervenir. También se ha referido al derecho de familia, ámbito en el que la Fiscalía debe intervenir sobre cuestiones tan sensibles como la maternidad subrogada o la custodia compartida.

A su juicio, en éstas y en otras materias, el Ministerio Fiscal debe estar atento a la realidad social, desde la perspectiva de la ley.

Proceso independentista

En esta cuestión, el candidato a Fiscal General  ha empezado afirmando que la Fiscalía nada tiene que decir sobre frente a planteamientos dirigidos a modificar la Carta Magna, siempre que se realice dentro del ordenamiento jurídico. En todo caso, ha recordado que la Fiscalía responderá de forma serena y firme en caso de que se reiteren actos de desprecio a los tribunales o de desprecio a la Constitución. Y ha afirmado que “no alcanzamos a comprender por qué la ley ha de cumplirse en una parte del territorio del Estado y no en otra”. La Fiscalía realizará una defensa activa de la legalidad constitucional, pero no va a criminalizar declaraciones políticas, salvo que incurran en conductas con trascendencia penal.

Medidas organizativas de la Fiscalía

Sánchez Melgar ha expuesto su intención de promulgar un Código Ético para el modo de actuar de los Fiscales siguiendo las recomendaciones hechas por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO). También ha significado su interés en avanzar en la transparencia, y ha considerado que los gastos de la Fiscalía deben ser publicados.

Sánchez Melgar ha afirmado que la información a los medios de comunicación es un elemento nuclear en la sociedad actual, de modo que la Fiscalía debe cumplir con su obligación de explicar de forma exhaustiva a la sociedad a través de la prensa de sus decisiones en aquellos procesos que suscitan el interés informativo, y así como de los motivos que las sustentan.

Para ello, considera oportuno mantener la línea iniciada por Cándido Conde-Pumpido, quien dirigió una Instrucción sobre las relaciones de la Fiscalía con los medios de comunicación, y para ello se ha mostrado partidario de potenciar los gabinetes de comunicación en las Fiscalías.

Por último, en la política de nombramientos, considera necesario designar a mujeres para puestos de relevancia dentro de la Fiscalía, así como potenciar el papel del Fiscal Superior como interlocutor con las diferentes autoridades y Parlamentos autonómicos.

El modelo procesal penal

 Sánchez Melgar ha terminado su intervención ante los portavoces parlamentarios afirmando que es necesario que España cambie ya el modelo de proceso de instrucción penal para erradicar la lentitud en las investigaciones. A su juicio, este cambio no sólo consiste en sustituir al juez de instrucción por el fiscal, sino en simplificar y agilizar la investigación en manos del fiscal, de forma que recabe los elementos y pruebas necesarios para celebrar el juicio oral, donde se deben dirimir las responsabilidades penales.