Hoy ha dado comienzo la II Cumbre Ibero Americana de Ministerios Públicos contra la Trata de Seres Humanos, una cita a la que han acudido nueve Fiscales Generales de Iberoamérica, más de 30 fiscales y expertos extranjeros, además de diversas autoridades gubernamentales y judiciales de ámbito nacional.

El encuentro, organizado por el Ministerio Público de Chile, la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) y la Reunión de Ministerios Públicos del MERCOSUR (REMPM), tiene lugar en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en la ciudad de Santiago de Chile, y tiene por objeto definir estrategias de persecución penal internacional y de protección a las víctimas de la Trata de Seres Humanos, con fines de explotación laboral, sexual asícomo, tráfico ilícito de inmigrantes.

Esta segunda Cumbre Ibero Americana, cuenta con la participación de los Fiscales Generales del Reino de España, Cándido Conde Pumpido; de República Dominica, Radhamés Jiménez Peña; de la República Federal de Brasil, Roberto Gurgel; de la República del Paraguay, Rubén Candia; de Uruguay, Rafael Ubiría; de Guatemala, Claudia Paz; del Estado Plurinacional de Bolivia, Mario Uribe; de Argentina, Marcelo Colombo en representación de Esteban Righi; de Perú, Pedro Chávarry Vallejos representando a José Peláez Bardales; además del Fiscal Nacional de Chile, Sabas Chahuán Sarrás, anfitrión del evento.

En el marco internacional han asistido expertos de importantes organismos a nivel internacional, como la Oficina para las Drogas y el Crimen de la ONU (UNODC); los Estados Unidos de Norteamérica, a través de su Embajada en Chile, el Department of Homeland Security (DHS) y Department of Justice (DOJ); la Organización Internacional para las Migraciones (OIM); y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otros.

Asimismo estarán presentes a lo largo de las reuniones, fiscales especializados en el fenómeno de la Trata de Seres Humanos, provenientes de República Dominicana, Perú, Guatemala, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Venezuela, Panamá y Chile, junto con los Fiscales Regionales del Ministerio Público de Chile.

El evento cuenta con el patrocinio de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC); la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas; la Agencia de Cooperación Alemana (GTZ); Organización Internacional del Trabajo (OIT); Organización Internacional para las Migraciones (OIM); Red Iberoamericana de Cooperación Judicial (IBERRED); los Estados Unidos de Norteamérica, a través de su Embajada en Chile, su Departamento de Justicia, su Departamento de Estado, su Departamento de Seguridad Nacional; y Carabineros de Chile.