El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha destacado la sensibilidad de los fiscales de vigilancia penitenciaria en los procesos en los que están implicadas personas con discapacidad y/o con problemas de salud mental.

“Es una sensibilidad diferente a la de acusar y a la de perseguir delitos en un mundo totalmente diferente al de nuestros parámetros de conducta habituales, en procedimientos judiciales en los que es preciso garantizar los derechos fundamentales teniendo en cuenta las circunstancias de cada una de las personas afectadas”, ha afirmado García Ortiz.

El Fiscal General también ha agradecido la implicación de los fiscales en la inauguración del curso “El Fiscal en la Vigilancia Penitenciaria y las personas con discapacidad y/o con problemas de salud mental”, en el que ha estado acompañado por el Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, el Fiscal de Sala Delegado de Vigilancia Penitenciaria, Jaime Moreno, y la Fiscal de Sala Coordinadora de los Servicios Especializados de Atención a Personas con Discapacidad y Mayores, María José Segarra.

Un curso para reequilibrar y garantizar la igualdad efectiva ante la ley

Fiscales llegados de todos los puntos de España participan en esta formación que se celebra hoy y mañana en la sede de la Fiscalía General del Estado y que busca, desde una perspectiva transversal, abordar la mejora de la respuesta judicial/fiscal penal y penitenciaria ante la circunstancia de la salud mental y/o discapacidad del investigado.

El curso, organizado por la Secretaría Técnica de la FGE y el Centro de Estudios Jurídicos, analiza la fase inicial de la instrucción del procedimiento penal, así como la situación en calidad de penado o sometido a medida de seguridad. Todo ello desde la constatación de la mayor vulnerabilidad de la persona con discapacidad o problemas de salud mental ante el sistema penal y penitenciario y la necesidad de reequilibrar su posición para garantizar su igualdad efectiva ante la ley.

De esta manera se pretende mejorar la coordinación de actuaciones penales, penitenciarias y civiles y la adecuada formación de criterio especializado en relación con el sistema de apoyos jurídico-civiles de la Ley 8/2021, en el ámbito de la ejecución penal y el tratamiento penitenciario.

Entre los ponentes se encuentran fiscales especializados en vigilancia penitenciaria, discapacidad, juristas y expertos en derecho penal; profesionales de Instituciones Penitenciarias y colaboradores del Tercer Sector. Además, internos del Centro Penitenciario de Córdoba explicarán sus experiencias enprimera persona.