Elena Carrascoso y Ángel Javier Muñoz han mantenido un encuentro de trabajo con una representación de la Asociación de Aparadoras de Elche, que prestan sus servicios para el sector del calzado. En la reunión se ha puesto de manifiesto, una vez más, la desprotección frente a los riesgos laborales, como consecuencia de la precariedad de su trabajo y de la desprotección jurídica que sufren estos sectores muy feminizados. 

Al igual que otros sindicatos o agrupaciones de trabajadoras con las que esta Unidad se ha entrevistado, las aparadoras han señalado que no se les facilita por los empleadores los equipos de protección necesarios para evitar los daños a la salud derivados de la inhalación de productos tóxicos, ni por pinchazos por las agujas de las máquinas de coser, labores que además realizan en sus domicilios.

Son frecuentes las lesiones musculoesqueléticas que padecen, pero dada esa situación aludida de precariedad laboral, son muy pocas las denuncias que han podido presentar. 

De igual modo las circunstancias derivadas de su peculiar modo de contratación dificultan el ejercicio y defensa de sus derechos laborales.

Todo esto evidencia la necesidad de una revisión y actualización de los tipos penales  del Título XV del Código Penal, u otros como los fraudes a la seguridad social para hacer frente a las formas de contratación del actual mercado de trabajo, así como que el Ministerio Fiscal tenga competencias en la jurisdicción social para intervenir en instancia y suplicación en aquellos casos derivados del accidente de trabajo y enfermedad profesional donde promover ante los tribunales el interés social de estos sectores sociales que sufren precariedad e inseguridad física y jurídica.