El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y el Presidente del Comité Español de representantes de personas con discapacidad (CERMI), Luis Cayo, han firmado hoy en la sede del Ministerio Público un Convenio de colaboración entre ambas instituciones para la protección de la imagen de las niñas y niños con discapacidad en los medios de comunicación.

En su intervención, Eduardo Torres-Dulce ha resaltado el decidido compromiso de la Fiscalía en la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos, misión encomendada por la Constitución en su artículo 124, y más concretamente, en la defensa de los menores. Ha puesto como ejemplo de esta dedicación el trabajo desplegado tanto por la Fiscalía de Menores dirigida por Consuelo Madrigal como el de la Fiscalía de lo Civil del Tribunal Supremo en la persona de Carlos Ganzenmüller. El Fiscal General del Estado, por último, ha querido destacar la importancia de la sociedad civil, y la actuación de los ciudadanos en defensa de sus derechos e intereses, de los que el CERMI es un buen ejemplo.

Por su parte, Luis Cayo ha agradecido al Fiscal General la atención que el Ministerio Público dedica a las personas con discapacidad, y lo ha definido como “su firme aliado”. El Presidente del CERMI ha destacado la cálida acogida que los Fiscales dispensan siempre a los componentes del movimiento social por la discapacidad en las peticiones que plantean. Luis Cayo ha reivindicado el papel de las denominadas “personas invisibles” para la sociedad, y la necesidad de que se protejan sus derechos ante las instituciones públicas. Por último, y en referencia al contenido del Convenio ha puesto de manifiesto la desprotección que pueden padecer los niños y las niñas con discapacidades ante los medios de comunicación, especialmente los audiovisuales.

El Convenio firmado hoy establece un cauce de comunicación para los casos en los que pueda haber una vulneración de los derechos y la imagen social de menores con discapacidad y, en su caso, la intervención en los procesos correspondientes que se puedan iniciar. Se constituye además una Comisión de Seguimiento, formada por dos representantes de cada parte firmante, que velará por el correcto desarrollo y ejecución de lo dispuesto en el citado Convenio.