El Pleno del Consejo Fiscal, presidido por la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, ha aprobado por unanimidad el informe al Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, después de las intensas jornadas de trabajo que se han venido desarrollando desde el lunes en el Pazo de Mariñán (A Coruña). Un día de gran trascendencia para la carrera fiscal.

La aprobación unánime del informe por el Consejo Fiscal, órgano de representación democrática del Ministerio Fiscal, culmina un proceso de trabajo y estudio que comenzó en el mes de noviembre la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y en el que se involucró a toda la carrera. El resultado final es este informe de 706 páginas, fruto de ese estudio serio, profundo, riguroso y participativo.

El Consejo celebra la iniciativa del Gobierno de emprender el cambio de sistema procesal con el fiscal al frente de la investigación, un sistema que nos aproxima y homogeneiza con otros países europeos, pues el vigente modelo español de juez de instrucción, implantado hace 140 años, es casi una excepción en nuestro entorno. Una sociedad del siglo XXI no puede operar con un proceso penal decimonónico.

La obligación y responsabilidad del Ministerio Fiscal, como institución que desempeña el papel protagónico en el nuevo modelo procesal, es contribuir con su experiencia, conocimientos técnicos y especialización a mejorar el texto prelegislativo.

El informe pone el foco en aquellos aspectos del Anteproyecto que pueden suponer dilaciones y otras disfunciones que pueden dar lugar a la ralentización de los procedimientos y a generar indeseables espacios de impunidad.

Desde el Consejo se prevé la necesidad de atribuir sin complejos la dirección de la investigación criminal al Ministerio Fiscal, limitando la intervención del Juez de Garantías a la tutela de los derechos y libertades fundamentales que puedan verse comprometidos durante el curso de la investigación.

Las nuevas funciones del Ministerio Fiscal como director de la investigación exigen una correlativa reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que suponga un avance en los espacios de autonomía, especialización, transversalidad y descentralización, promoviendo la confianza de la ciudadanía en la institución