El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha comparecido en la Comisión de Justicia del Senado para presentar la Memoria de la Fiscalía General del Estado 2022 en la que se refleja la actividad del Ministerio Fiscal durante el año anterior a su publicación y la evolución de la criminalidad, la prevención del delito y las reformas necesarias para una mayor eficacia de la Justicia. También recoge las observaciones que las Fiscalías de los distintos órganos elevan a la Fiscalía General.

En su intervención, García Ortiz subrayó que la protección y atención a las víctimas desde su misma detección, y especialmente durante el procedimiento, es una constante en la Memoria y en la totalidad de la actuación del Ministerio Fiscal.

En este sentido, el Fiscal General avanzó que desde la Fiscalía se está ultimando la redacción de una Circular sobre víctimas para proporcionar a los fiscales una herramienta jurídica integral, y unos criterios con los que hacer real y efectiva la garantía de sus derechos, así como evitar la victimización secundaria.

Tras aportar los principales datos estadísticos sobre la evolución de la criminalidad que detalla la Memoria, el Fiscal General se refirió a materias específicas, comenzando por violencia de género.

Por primera vez, se introduce en la Memoria el término feminicidio para referirse a estos asesinatos. Tras los 12 cometidos a final de 2022, la Fiscal de Sala de Violencia sobre la Mujer emitió un oficio dirigido a todos los fiscales para recordar la necesidad de intensificar la actuación proactiva en la protección de las víctimas, “solicitando - cuando proceda y aunque ellas no lo interesen- las medidas cautelares adecuadas, tras recabar toda la información que fuera necesaria para determinar el riesgo con mayor exactitud a través de la valoración forense”.

El oficio promueve también la instalación de los dispositivos telemáticos de control cuando la valoración del riesgo policial sea “extremo”, “alto” o “medio de especial relevancia”.

Álvaro García Ortiz se refirió también al Decreto dictado el 21 de noviembre de 2022, en referencia a la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre. “Su espíritu, como en todas las actuaciones de la fiscalía, es y será siempre evitar espacios de impunidad y proteger a las víctimas”. A este respecto, el Fiscal General aseguró que la función del jurista no es puramente aritmética, “no somos meras calculadoras, debemos ser algo más. Nuestro trabajo es interpretar la norma utilizando para ello todas las herramientas legales, jurisprudenciales y hermenéuticas a nuestra disposición, de acuerdo con la Constitución y los Tratados y Convenios internacionales”.

Otra de las actuaciones que resaltó el Fiscal General fue la respuesta a las víctimas de los abusos a menores cometidos en el seno de instituciones religiosas. García Ortiz anunció que se va a solicitar información a entidades y congregaciones religiosas para recabar datos de los que la Fiscalía todavía carece por la escasísima respuesta de las 70 diócesis a las peticiones de la FGE.

Álvaro García Ortiz se refirió también a la creación de una Unidad Especializada de la Fiscalía General del Estado contra los delitos de odio y discriminación, para dar cumplimiento a la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. “Un hecho que supondrá un trascendente impulso a la especialidad y constituirá una de las unidades más vanguardistas de la Fiscalía española”.

Hay que tener en cuenta que en 2021 los procedimientos por delitos de odio aumentaron en un 27,19%, y se observa un importante incremento del 44,44% en los escritos de acusación presentados. Se consolida también la tendencia alcista de los delitos de odio cometidos a través de las Tecnologías de la Información TIC, que están presentes ya en el 20% de los procedimientos tramitados por estos tipos penales.

Otro de los aspectos abordados en la comparecencia fue la actuación del Ministerio Fiscal en el seguimiento de la situación de las residencias de mayores desde la pandemia. Entre 2020 y 2021 se incoaron 1295 diligencias preprocesales civiles de protección, ya fuera por detección de brotes de contagios, por informes de la inspección o por déficits de atención sanitaria.

La Fiscalía elaboró la Instrucción FGE 1/2022, sobre la utilización de la contención mecánica o farmacológica en centros residenciales y sociosanitarios, cuya finalidad última es velar por la salvaguarda de la dignidad de las personas mayores o con discapacidad, promoviendo su autonomía ante el uso de estas medidas.

Lucha contra la corrupción

García Ortiz anunció también la publicación en unos meses de una batería de documentos y circulares para conformar una “verdadera doctrina” en materia de lucha contra la corrupción.

En este contexto, el pasado 25 de enero se dictó un Decreto para unificar criterios de actuación tras la modificación de los delitos de malversación operada por Ley 14/2022, de 22 de diciembre, para garantizar que cualquier atentado contra los caudales públicos tenga una respuesta penal y se eviten espacios de impunidad, en la misma línea desarrollada por la fiscalía en el análisis de las reformas de los tipos penales afectantes a otros bienes jurídicos.

Estos criterios serán desarrollados en la futura Circular sobre la materia que está en fase de elaboración.