El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha considerado hoy por mayoría que el actual Fiscal de Sala Jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Álvaro García Ortiz, reúne los méritos y requisitos exigidos para ser nombrado Fiscal General del Estado y ha avalado en consecuencia su idoneidad para el cargo, para el que fue propuesto el pasado martes 19 de julio por el Consejo de Ministros.

“A la vista de la documentación recibida, cabe concluir que se cumplen en el candidato referido los requisitos exigidos por la legislación invocada”, señala el acuerdo adoptado según la propuesta presentada por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. 

El órgano de gobierno de los jueces ha cumplido así el trámite de audiencia establecido en los artículos 124.4 de la Constitución Española y 560.4 y 599.1.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Álvaro García Ortiz se licenció en Derecho por la Universidad de Valladolid. Ingresó en la Carrera Fiscal en abril de 1999, fecha en la que fue destinado a la Fiscalía de Mahón (Menorca). 

En 2002 se incorporó a la Fiscalía de Área de Santiago de Compostela y desde 2004 ejerció como fiscal especialista en Medioambiente de la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y fiscal coordinador especial de incendios de esa Comunidad Autónoma. Un año más tarde asumió como fiscal las Diligencias Previas 960/2002 del Juzgado nº 1 de Corcubión (caso Prestige). 

Nombrado en 2007 fiscal delegado de Medioambiente de la Fiscalía de A Coruña, ocupó ese mismo puesto -con especialidad en medioambiente, ordenación del territorio, patrimonio histórico e incendios forestales- para toda la Comunidad Autónoma de Galicia desde abril de 2009 hasta su nombramiento en marzo de 2020 como fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. 

El artículo 29.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que el fiscal general del Estado será nombrado por el rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial, eligiéndolo entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión.