Entrevista a Carlos Ganzenmüller, Fiscal de Civil, especialista en protección de las personas con discapacidad y tutelas, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

El Ministerio Fiscal tiene un papel relevante en la protección de las personas con discapacidad, ¿qué aportación es la más significativa para ayudar a crear un mundo más inclusivo y equitativo, en el que los derechos de las personas con discapacidad sean efectivos? ¿Qué avances significativos ha logrado la Fiscalía de cara a las responder a las exigencias de la Convención de Naciones Unidas de derechos de las personas con discapacidad?

La Fiscalía se ha convertido en la Institución de referencia para las personas con discapacidad, familias y asociaciones, en la defensa de sus derechos, lo que ha determinado una interrelación y conocimiento directo de sus problemas y aspiraciones, que nos ha enriquecido y concienciado. Los convenios de colaboración con CERMI, Aequitas y Cruz Roja así lo corroboran y, en definitiva, la relación directa y personalizada que mantenemos proporciona una confianza mutua, que redunda en la mayor eficacia de nuestra labor.

La Fiscalía ha llevado al Tribunal Constitucional la problemática de los internamientos no voluntarios de las personas con problemas de salud mental y las consecuencias que ello puede conllevar para la persona. ¿Qué se ha conseguido con estas actuaciones?

A partir de la STC de 2 de julio de 2012, la intervención de la fiscalía ha sido importantísima en este campo, pronunciándose el Tribunal Constitucional en cuatro sentencias, que establece un completo marco de protección a las personas con problemas de salud mental, discapacidad y mayores con discapacidad que son pormenorizadamente tratados en la Circular 2/17, sobre el ingreso no voluntario urgente, por razón de trastorno urgente, en centros asistenciales para personas mayores.

La Fiscalía Civil en la Especialidad de Protección de las personas con discapacidad trata cada semana una media de una decena de quejas relacionadas con la problemática de las personas mayores con discapacidad. ¿Qué nos cuenta de este asunto?

Los mayores con discapacidad, y mayormente mujeres, están muchas veces sujetas a unas condiciones de vulnerabilidad muy acusadas, sobre todo si viven solas. La cada vez mayor longevidad de otro lado, representa un fenómeno social cada vez más complejo. Desde la Fiscalía realizamos la labor de control de los centros residenciales, a nivel provincial y autonómico, que está resultando cada vez más eficaz en base a lo dispuesto en el Manual de Buenas prácticas del Ministerio Fiscal, y en muchas ocasiones a petición del Defensor del Pueblo.

¿Cuál ha sido el papel de la Fiscalía en relación al derecho a voto de las personas con discapacidad?
Hemos puesto nuestro granito de arena en este importante derecho que imposibilitaba la Ley Electoral y suponía de hecho, considerarlas como ciudadanos de segunda, al privarles del derecho político por excelencia. Creo sinceramente que ha sido un gran avance, y en las últimas elecciones, no han existido grandes problemas con su aplicación.

¿La puesta en marcha de la figura del Fiscal de Sala para protección de las personas con discapacidad servirá para plasmar la dedicación que el Ministerio Fiscal dedica a este colectivo?

Una de las aspiraciones más deseadas por los Fiscales, es tener la mejor capacitación y concienciación con los interés públicos y sociales, que la Constitución nos asigna. La demanda de esta “nueva Fiscalía”, es además un clamor general en el ámbito de la discapacidad.