El Fiscal de Sala Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher Noguera, reflexiona sobre esta especialidad del Ministerio Público español con ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente.

¿Cuál ha sido la evolución de la especialidad en los últimos tiempos?

Lo primero que habría que poner de manifiesto es que el planteamiento profesional dentro de la especialidad ha continuado en los últimos tiempos, sin que la problemática del COVID haya influido sensiblemente en la misma. Es cierto que, según reflejan las Memorias de las Secciones de Medio Ambiente de las diferentes Fiscalías Provinciales de España, se ha producido una reducción de asuntos y, consecuentemente, de condenas y absoluciones, Porcentualmente hablando, las absoluciones se han reducido bastante más que las condenas, con lo cual la ratio absoluciones-condenas es francamente interesante y, de hecho, ha mejorado.

Todo lo cual pone de manifiesto la perspectiva eficaz del sistema y la importancia de la especialidad.

Lamentablemente, debido de nuevo al problema del COVID, a lo largo del año 2020 no se llevó a cabo ninguna reunión de la Red de Fiscales, si bien los contactos con los miembros integrantes de la misma han continuado telemáticamente y con fluidez, respondiéndose a sus consultas y cuestiones permitiéndose, con ello, llevar a cabo el mandato constitucional que prescribe la unidad de actuación del Ministerio Público.

¿Cuáles son las principales preocupaciones que se plantean a la Unidad en materia medioambiental? 

Posiblemente la principal preocupación sobre el tema en el momento presente es el de los residuos.

Superada ya la ola de construcciones ilegales claramente visualizable en la década anterior y respecto de las que se ha dictado un importantísimo número de condenas desde que existe la Fiscalía, mucho más de un millar, lo que se observa actualmente es un importante crecimiento del número de sentencias de condena en materia de malos tratos a animales domésticos. Lo cierto es, sin embargo, que no es este un tema que implique serias dificultades técnico-jurídicas y que previsiblemente irá evolucionando en positivo, paralelamente al incremento de la conciencia ciudadana en la materia.

Volviendo al tema de residuos, por el que tanto la Unión Europea como las Autoridades españolas han expresado su preocupación e inquietud habida cuenta su enorme complejidad, hay que señalar que se ha abierto un apartado especial sobre el mismo en la Memoria amplia de Fiscalía, recabándose la información procedente de las diferentes Fiscalías provinciales del país.

En relación con ese tema, además, la Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado ha participado en la redacción final de la Ley de Residuos, actualmente en trámite y a petición del Ministerio de Transición Ecológica, proponiendo cambios legislativos penales al respecto.

Por lo demás, se observa un incremento importante de procedimientos penales en esta temática, habida cuenta los casos de devolución de residuos desde los países receptores, especialmente del sudeste asiático, previamente exportados de manera ilegal desde España y que ahora se vuelven a recibir, gracias a lo cual tenemos la correspondiente “notitia criminis” que nos permite proceder penalmente.

Otro tema que se expondrá unas líneas más abajo, y que también debe de ser subrayado por su importancia, es el relativo al tratamiento de los residuos hospitalarios y sanitarios derivados del COVID.

¿Qué importancia tiene la concienciación y la sensibilización social en esta materia?

Ya se ha puesto de relieve el aumento de la concienciación social que se viene vislumbrando en España en materia de malos tratos a animales domésticos. También en nuestra Memoria amplia se ha dedicado un apartado específico a esa concienciación, si bien en temas ambientales en general, dado que cada vez son más las Fiscalías que aluden a interesantes cambios de comportamiento social al respecto, lo que ha dado lugar a un aumento sustancial de denuncias por parte de particulares. Sin embargo, y sorprendentemente, también se observa, por ejemplo, y así se refleja en la Memoria, la aparición de cierto tipo de asociacionismo por parte de algunos sectores instando al mantenimiento de construcciones ilegales en algunos Municipios de España, especialmente de Andalucía, y que ya llevan algún tiempo prolongando su actividad, lo que resulta seriamente preocupante.

¿Qué impacto ha tenido la crisis sanitaria en materia medioambiental?

Tal como se ha indicado al principio de estas breves notas, la incidencia principal de la pandemia en el contexto de la especialidad de medio ambiente se traduce en una reducción de casos, amén de una reducción de resoluciones judiciales al respecto. Generalmente este tipo de incidencias afecta también a los procedimientos, al desarrollo de los trámites y a las investigaciones ambientales, provocando retrasos y dilaciones en el tiempo, aspectos estos que vienen reflejados en las Memorias de algunas Fiscalías con una amplia gama de referencias al respecto.

Por otra parte, y en lo que respecta a las dos iniciativas adoptadas por la Fiscalía de manera más específica con relación al COVID, es decir adopción de animales domésticos y tratamiento de residuos hospitalarios, cabría señalar lo siguiente:

En el primero de los temas, si bien algunas protectoras, concretamente de Salamanca, advertían del peligro de adopciones de animales para poder vulnerar el confinamiento y algunas otras, singularmente de Soria, informaron que habían suspendido todos los trámites de adopciones y acogimientos para evitar cualquier supuesto fraudulento en línea con lo indicado, no se ha detectado posteriormente, en la práctica sin embargo, incrementos de abandonos o anomalía alguna en el tema, salvo, y de manera excepcional, en Zamora y en Tenerife.

Más complejo ha sido el problema de los tratamientos de residuos sanitarios y hospitalarios, a consecuencia del COVID. De hecho, y a resultas de lo cual, se ha llevado a cabo una operación amplia sobre este tema que ha supuesto la investigación, y posterior detención, de al menos veinte personas en diferentes sedes empresariales de Catalunya, Valencia, Baleares y Madrid, además de Portugal. Todo ello sin olvidar las referencias a distintos casos sobre esa misma problemática, tal como vienen plasmados en las Memorias de Barcelona, Granada, Baleares, Alicante, Las Palmas, etc.

¿Cuáles son los principales puntos que destacaría de las novedades legislativas en materia climática y medioambiental?

Entre los diferentes aspectos de interés que regula la nueva Ley se encuentra una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 23% hasta 2030 respecto a los niveles de 1990, así como el objetivo de lograr la neutralidad climática a más tardar en 2050. El texto también fija el reto de alcanzar una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de, como mínimo, un 42%, y lograr un sistema eléctrico con, por lo menos, un 74% de generación a partir de energías renovables, entre otras medidas. Sin embargo, la norma prevé que estos objetivos se revisen al alza en 2023. En esa misma línea de interesante desarrollo ambiental, la reciente Ley también contempla la supresión de la venta de vehículos de combustión en 2040, la prohibición de las prospecciones y explotación de hidrocarburos y una serie de restricciones a los proyectos de energías renovables dirigidas a que su despliegue se acometa de acuerdo con un mapa de zonas de especial valor para la biodiversidad.

Sin embargo, posiblemente el aspecto que más y más inmediata incidencia puede tener en el quehacer profesional de los miembros del Ministerio Fiscal español es el hecho de que, con el año 2023 como fecha tope, los municipios de más de 50.000 habitantes o de más de 20.000 cuando tengan problemas de calidad del aire deberán contar con áreas de bajas emisiones. Esto va a suponer que los Fiscales especialistas en medio ambiente van a tener elementos referenciales más claros y precisos a la hora de centrar sus investigaciones en materia de contaminación atmosférica, lo que permitirá hacer uso de la acción penal en aquellos casos en los que confluyan aquellos elementos previstos en el Código Penal y determinantes de la responsabilidad criminal consustancial a tales comportamientos.

De hecho, y con objeto de abrir una vía inicial de investigación al respecto y poder sentar precedentes de futuro, la Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado inició una investigación con ocasión de miles de entradas ilegales en la zona de bajas emisiones de Madrid, conocida como Madrid Central. Sin embargo, apenas presentada la correspondiente denuncia contra los dos primeros investigados al respecto, la Sala III del Tribunal Supremo anuló la Ordenanza Municipal que constituía la base legal esencial para fundamentar la acción penal, de manera que la iniciativa de Fiscalía quedó en suspenso, al menos hasta que se resuelva el correspondiente recurso interpuesto por una de las partes contra el auto de la Sala III. En cualquier caso, lo que ha quedado claro, ocurra lo que ocurra, es que se ha abierto una nueva vía penal para proceder al respecto y que se perfila como altamente prometedora respecto a un problema que resulta, por sus peculiares características, difícil de afrontar adecuadamente si no es por la vía penal.

Por último, háblenos de las Redes de Fiscales y de Jueces de Medio Ambiente.

Si bien uno de los efectos más negativos de la globalización ha sido el que se ha facilitado la comisión de delitos contra el medio ambiente desde una perspectiva internacional, con las complicaciones que ello conlleva a la hora de reprimir los delitos, otro de los efectos, o mejor dicho, contra-efectos a lo dicho, ha sido la tendencia a organizarse, tanto por parte de Fiscales como de Jueces, en temas de medio ambiente para facilitar, a su vez, tanto su propia especialización como la cooperación necesaria para contrarrestar los delitos ambientales que no conocen fronteras.

Pues bien existen, ya en el momento presente, sendas redes de Fiscales y de Jueces a nivel europeo, que funcionan básicamente bajo los auspicios de la Unión Europea y subsisten, en parte importante, con fondos de la Unión. Posiblemente tales redes acabarán, en su momento, institucionalizándose, lo que permitirá una mayor eficacia a nivel procesal y facilitará planteamientos legislativos con una visión de conjunto con relación a la problemática de delincuencia ambiental que sufre nuestro continente. Hay constancia, igualmente, del creciente interés por el tema por parte del Consejo de Europa, que lleva algunos años alejado de esta materia, cuando realmente fue su impulsor inicial en los años setenta.