Cuando esos conflictos se traducen en una demanda del ciudadano ante los Tribunales, la mayor parte de las veces la cuestión se debate exclusivamente entre las partes afectadas, es decir, el ciudadano y la Administración, sin intervención del Fiscal, pero cuando el ciudadano reclamante considera que en la actuación de la Administración se le han violado ciertos derechos fundamentales (igualdad, tutela judicial efectiva, etc.) y así lo alega para que sobre ello se decida en el proceso, el Fiscal interviene a fin de valorar si, conforme a la ley y a lo que se ponga de manifiesto, está justificada la realidad de esa violación. En tales términos, expone su criterio al órgano jurisdiccional.