María Rosa Rubio Ramos, Fiscal Delegada de Civil y de Discapacidad y Mayores en las Islas Canarias, y Josep Moya Ollé, psiquiatra y psicoanalista, han estado hoy en los viernes formativos de la FGE para analizar del papel de la Fiscalía en la prevención y detección de desasistencia y abusos a personas mayores.

En España hay actualmente unos 10 millones de personas mayores de 65 años, de las cuales 3 millones son dependientes y más de medio millón sufren demencia moderada o grave. En 2050, se prevé que haya más de 15 millones de mayores, 8 millones de personas dependientes y cerca de un millón con demencia. Ante este aumento de situaciones de vulnerabilidad, la Ley 8/2021 ha situado al Ministerio Fiscal en una posición central en la prevención y detección del maltrato, abuso o desatención a personas mayores, en coordinación con los servicios sociales, de salud, centros residenciales y otras administraciones.

Se trata de una red compleja en la que intervienen instituciones públicas, prestadores de servicios esenciales —también del sector privado, como bancos o suministradores— y el propio entorno familiar y comunitario de la persona mayor. Todos ellos tienen como referencia al Ministerio Fiscal, única autoridad designada por ley para recibir comunicaciones sobre situaciones de abuso, desatención o necesidad de apoyo no cubierto, ya sea en el ejercicio profesional o en la vida cotidiana.

La posición central del Ministerio Fiscal en esta red heterogénea de actores con distintos marcos jurídicos exige un liderazgo activo que garantice la coordinación y la adecuada canalización de cada caso hacia la vía judicial, cuando proceda. Esta responsabilidad se acrecienta en el caso de personas mayores sin entorno cercano, para quienes la Fiscalía se convierte en el último recurso institucional capaz de velar por sus derechos cuando las demás vías se agotan sin el respaldo de una resolución judicial.

María Rosa Rubio Ramos es Fiscal Delegada de la Especialidad Civil y de Provisión de Apoyos a las Personas con Discapacidad para la Comunidad Autónoma de Canarias y Fiscal Decana de la Sección de lo Civil y de Provisión de Apoyos a las Personas con Discapacidad de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, lugar donde también ejerció la delegación en materia de Violencia sobre la Mujer. 

Ha sido vocal y consejera del Consejo Fiscal. Desempeñó el cargo de Directora General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias. En materia de formación, destaca la dirección de la Escuela de Otoño del Ministerio Fiscal y su labor docente en la Academia Canaria de Seguridad y en el Máster de Mediación Familiar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Josep Moya Ollé es licenciado en Medicina por la Universidad de Barcelona, donde también se especializó en Psiquiatría y obtuvo el doctorado en Medicina y Cirugía. Es psicoanalista, miembro docente del Foro Psicoanalítico Barcelona y del Foro Psicoanalítico Mare Nostrum.

Actualmente trabaja como psiquiatra y psicoanalista en el equipo CIPAIS (Centro de Investigación y Práctica Analítica Interdisciplinaria en Salud) de Barcelona y es psiquiatra asesor del SEAP (Servicio Especializado de Atención a las Personas Mayores), que interviene en casos de malos tratos a personas mayores y aquellas con algún tipo de discapacidad.

Es miembro de la Real Academia Europea de Doctores y autor de varias publicaciones sobre salud mental pública y clínica psicoanalítica, tanto en solitario como en colaboración.