En sus doce años de existencia, la Unidad de Medio Ambiente ha desarrollado una intensa labor para preservar la calidad de las aguas fluviales y marítimas. La ausencia del agua o su contaminación supone la destrucción del medio ambiente, por lo que para la Fiscalía la protección del agua en el ámbito jurídico es una prioridad.

La actividad de los cincuenta fiscales delegados que componen esta especialidad pretende dar respuesta a las actividades que contaminan ríos y ponen en peligro la calidad del agua, cuyas consecuencias padecen no sólo las personas sino que se extienden al resto de especies que viven  en este medio.

Hay dos grandes problemas. Por un lado, los vertidos ilegales de sustancias tóxicas, por otro, la sequía. El período de sequía padecido en España durante los pasados meses pone de manifiesto una vez más que el agua es un bien escaso, y por tanto merecedor de protección, también en el ámbito de la justicia.

Precisamente este mes de marzo se celebra en Brasil la octava edición del Foro Mundial del Agua, para promover la concienciación y el compromiso político para la conservación, protección y uso eficiente del agua. En este ámbito, está prevista la creación del Instituto Mundial de Ministerios Públicos para el medio ambiente.

Vertidos ilegales y robo de agua

Durante el año 2016, se iniciaron un total de 528 procedimientos judiciales que se referían a delitos contra el Medio Ambiente. Ese año, la Fiscalía presentó 102 escritos de acusación En el año 2015, hubo 534 procedimientos por esos mismos delitos, y la Fiscalía presentó 82 escritos de acusación relativos a delitos contra el medio ambiente.

Respecto a vertidos y extracciones ilegales de agua, la Fiscalía ha recibido un mayor número de denuncias, con respecto a otros años, procedentes de las diferentes Confederaciones Hidrográficas, que han adoptado una actitud activa, poniendo en conocimiento de la Fiscalía estas conductas.

Las agresiones más frecuentes que sufren nuestras aguas vienen por acciones de contaminación,  vertidos, vertederos y distracciones de aguas. La rotura de la balsa de Aznalcóllar generó un vertido incontrolado de sustancias muy tóxicas que inundaron los alrededores de la zona afectada. En la comarca de Doñana la Fiscalía investiga ingentes detracciones de aguas públicas.

En la provincia de Orense se produjo un vertido incontrolado con una alta concentración de metales pesados al río Barbaña procedente de una estación depuradora de aguas residuales. Este vertido provocó una mortandad masiva de peces. También  se produjo un envenenamiento masivo de peces por las obras de remodelación de la depuradora de Segovia.

La Fiscalía logró una sentencia de conformidad tras el vertido de miles de litros de fuel-oil ocurrido en el puerto de Tarragona por un derrame procedente de las instalaciones de una empresa.

Una práctica que se realiza en alta mar consiste en limpiar las bodegas de los buques, vaciando los restos contaminantes en las aguas. Por este motivo, la Fiscalía de Asturias abrió unas diligencias contra un buque mercante tras recibir un aviso de la Capitanía Marítima de Avilés.

La Fiscalía de Sevilla obtuvo una sentencia de condena contra los responsables de la empresa minera “Cobre las Cruces”, quienes habían contaminado con arsénico el acuífero Niebla Posadas, además de realizar detracciones abusivas de agua.

El Mar Menor

La región de Murcia ha sido noticia recientemente por el alto grado de contaminación sufrido por el Mar Menor, que incluso llegó a provocar que las autoridades sanitarias desaconsejaran el baño a las personas que acudían a pasar la temporada veraniega. Esta contaminación ha afectado notablemente a los diferentes sectores sociales relacionados con el sector turístico.

La Fiscalía, que ya venía avisando de esta situación en los años anteriores, ha podido determinar tras la práctica de diligencias, el origen  de esta contaminación. Como fruto de la actividad agrícola del campo de Cartagena, las desalobradoras (plantas que obtienen agua potable de aguas salobres), que emplean los agricultores, vienen produciendo vertidos de forma habitual al Mar Menor.

Ante la ausencia de agua para riego, se instalan sin autorización dichas maquinarias, que extraen agua del cercano acuífero “Cuaternario”, ya contaminado por los vertidos de nitratos de la actividad agrícola. Este agua contaminada se vierte por vía subterránea y superficial al Mar Menor, pese a que cuenta con todos los niveles de protección ambiental. La Fiscalía continúa actualmente con la fase de investigación en colaboración con el Seprona.

Extracciones de aguas de acuíferos

También en Murcia, la Fiscalía viene desarrollando estos años una tarea de control de las extracciones ilegales de agua. Se considera que es una defraudación de aguas del art. 247 del Código Penal por un importe superior a 400 euros, y tras enviar las correspondientes instrucciones a la Confederación Hidrográfica del Segura, se recibieron sólo en el año 2015 un total de 18 denuncias de esa corporación.

Diversas fiscalías han detectado extracciones ilegales de aguas de acuíferos por parte de explotaciones agrícolas, o que superan los límites autorizados por la administración, con el consiguiente efecto negativo en el ecosistema. Así lo han referido las Fiscalías de Zaragoza, Cuenca, Ciudad Real, Huelva y Madrid.

La Fiscalía de Tarragona ha seguido muy de cerca el proceso de descontaminación del pantano de Flix. A lo largo de cien años, este pantano sufrió el vertido de lodos tóxicos que obligó a su saneamiento químico, ya prácticamente terminado. La sentencia sobre este caso difirió la responsabilidad civil a la fase de ejecución de sentencia. Los gastos de limpieza se presupuestaron en doscientos millones de euros.

El vertido del Prestige

En la actualidad, y tras la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a la aseguradora del barco, se está gestionando el cobro de más mil millones de dólares en concepto de responsabilidad civil, con los que se hará frente a los gastos ocasionados por las ingentes labores de limpieza.

El hundimiento del buque Prestige en noviembre de 2002 frente a la Costa da Morte y su posterior vertido de 77.000 toneladas de petróleo causó una de las mayores catástrofes medio ambientales de la historia de la navegación. En paralelo a la limpieza de las costas gallega, portuguesa y francesa, que se vieron afectadas, se inició la investigación judicial para dirimir las responsabilidades penales de ese desastre.