-- El protocolo establece un canal de comunicación directa entre la sucursal bancaria y la fiscalía competente, para alertar de operaciones sospechosas en las cuentas de clientes vulnerables y solicitar medidas judiciales que protejan su patrimonio

Combatir los abusos económicos, las estafas o los fraudes de los que pueden ser víctimas las personas mayores y con discapacidad en situación de vulnerabilidad es uno de los objetivos del convenio suscrito entre la Fiscalía General del Estado y las asociaciones bancarias.

El protocolo, firmado en la sede del Banco de España por la Fiscal de Sala de Discapacidad y Mayores, María José Segarra -en nombre de la FGE-, y los representantes de las asociaciones bancarias (AEB, CECA y UNACC) articula una fluida comunicación entre los bancos y las fiscalías territorialmente competentes. Este sistema de colaboración permitirá alertar de manera inmediata de movimientos financieros y disposiciones económicas que se hayan podido detectar y que pongan en peligro el patrimonio de estas personas, cuando haya sospechas de la existencia de intereses fraudulentos, influencias indebidas o voluntades cautivas.

En estos casos, la entidad bancaria pondrá el asunto directamente en conocimiento de la fiscalía correspondiente para que pueda evaluar el caso e impulsar, si lo entiende necesario, la adopción ante el juzgado de medidas cautelares que protejan de inmediato el patrimonio de la persona afectada. Entre ellas, el bloqueo de operaciones o la suspensión de poderes otorgados a terceros.

“Mediante este protocolo se aprovecha el conocimiento que tienen las entidades bancarias tanto de sus clientes como de sus operaciones habituales, en la medida en que pueden detectar operaciones y disposiciones de dinero anormales en la operativa habitual de estos usuarios”, ha explicado María José Segarra. La rapidez en la identificación de estas situaciones y en la adopción de medidas cautelares es un factor clave que se potencia con el acuerdo suscrito, permitiendo acelerar la intervención judicial y minimizando así el riesgo de expolio de las cuentas o de los ingresos de los afectados. "Proteger el dinero con el que cuentan estas personas para que esté disponible para sus necesidades presentes y futuras es fundamental para garantizar su derecho a la salud y a la tranquilidad emocional”, ha resaltado.

Además de estas actuaciones, la Fiscal de Sala ha subrayado que la alerta de las entidades bancarias servirá también para que las fiscalías puedan iniciar diligencias para averiguar si la persona afectada necesita que se le provea de figuras de apoyo para reforzar su toma de decisiones, o si los apoyos con que cuenta son suficientes o idóneos.