El fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido García, informó en el marco de la  Comisión Mixta en materia de medios materiales y personales al servicio de la Administración de Justicia entre la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias y la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma, que el estado y desarrollo de los trabajos de diseño de la Oficina Fiscal en las Islas se encuentran muy avanzados.

Garrido consideró que el reconocimiento del complemento específico transitorio a partir del 1 de enero de 2016 para todo el personal al servicio de la Administración de Justicia, tal y como le confirmó el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Aarón Afonso, “es una buena noticia” que indica el camino para seguir avanzando y poder implantar el nuevo modelo organizativo en las Islas. Una vez superado “este escollo” se evita que la puesta en marcha de la Oficina Fiscal se demore durante más  tiempo. Estaba previsto un retraso de quince meses, recordó el fiscal superior.

Durante la reunión, Garrido abordó con los representantes del área de Justicia del Gobierno de Canarias los proyectos de modernización que afectan al módulo informático de la Fiscalía en el sistema de gestión procesal Atlante II. Entre ellos, las comunicaciones telemáticas y el control de plazos en los juzgados de Instrucción tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En tal sentido, el fiscal superior corroboró las dificultades expuestas por el consejero de Justicia para eliminar el papel y realizar a partir del 1 de enero todas las comunicaciones de forma telemática y precisó que aunque la Fiscalía pueda conseguirlo, los expedientes necesitan incorporar otra documentación ajena a la Administración de Justicia, como pueden ser atestados policiales o informes de peritos, entre otros.

Garrido subrayó que las dificultades no son exclusivas de Canarias, región que incluso está “mucho más avanzada que otras comunidades” gracias a la herramienta de gestión procesal Atlante.  

Asimismo, en la reunión se trató la entrada en vigor el 7 de diciembre de la reforma procesal penal, que requiere el desarrollo de un una herramienta informática que ya está  preparada y lista para su puesta en funcionamiento en las próximas semanas, según informó el consejero. 

La Comisión estuvo copresidida por el fiscal superior de la Comunidad Autónoma de Canarias y el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, siendo ésta la primera que se mantiene en esta Legislatura. 

En representación del Ministerio Fiscal acudieron la fiscal jefe provincial de Santa Cruz de Tenerife, Carmen Almendral, el fiscal jefe provincial de Las Palmas, Guillermo García Panasco, el fiscal de Sala jefe de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado, José Luis Bueren Roncero y la fiscal de dicha Fiscalía Esmeralda Rasillo. Por parte del Gobierno de Canarias también asistieron a la reunión el viceconsejero de Justicia, Manuel Fajardo y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Lourdes Quesada.