Elvira Tejada de la Fuente ha acudido a la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, celebrada en el Congreso, en la que han participado diversos expertos en la materia, para exponer sus diferentes puntos de vista y atender a las preguntas de los distintos portavoces parlamentarios.

En su exposición inicial, la Fiscal ha explicado que la especialidad que ella dirige es la punta de lanza del Ministerio Fiscal en la lucha contra el crimen informático. En su opinión, el desarrollo tecnológico está provocando acciones criminales impensables hace apenas veinte años, y nuevas formas de cometer delitos tradicionales, por lo que se deben diseñar estrategias para que internet sea seguro.

La Fiscal ha expuesto el panorama delictivo en la red, que se resume en:

1) Las conductas que más se denuncian son las referidas a estafas y defraudaciones. El 61% de los procedimientos abiertos por las Fiscalías lo son por estas materias.

2) Resulta preocupante el incremento de los ataques a la libertad sexual de los menores. Esto es debido a la creciente facilidad para establecer comunicaciones y el uso habitual de las redes entre la juventud.

3) Ataques a sistemas de información. Por este motivo, se abrieron 682 procedimientos el año pasado. Es un número bajo, puesto que las empresas no denuncian los ataques a sus sistemas para no sufrir un daño reputacional.

4) Se producen delitos contra la libertad y la seguridad de las personas, en especial hacia aquellas más vulnerables, como son los menores y las víctimas de violencia de género.

5) Uso de internet con fines terroristas.

“En el ciberespacio no existen los Estados”

Con esta frase, Elvira Tejada ha querido explicar a los diputados y senadores que se debe legislar en armonía con lo que ya están haciendo otros países, de forma que las legislaciones se parezcan cada vez más. Las estafas masivas que se puedan cometer en España se realizan desde países remotos. Por eso, la Convención de Budapest, suscrita por España y otras cincuenta naciones busca la armonización normativa y el refuerzo de la cooperación internacional. En su opinión, hay que cambiar el concepto tradicional de soberanía, vinculado al territorio, porque internet lo ha superado.

Las respuestas a este nuevo fenómeno delictivo a la que se enfrenta nuestra sociedad se deben dar en dos ámbitos, el legislativo y el operativo. La Fiscal ha puesto como ejemplo la figura del agente encubierto online, vigente en España, y que están incorporando otros Estados a su legislación.

Propuestas de reformas legislativas

Al término de su intervención, la Fiscal de Criminalidad Informática ha planteado diversas reformas que facilitarían el trabajo de los operadores jurídicos, como son:

1) Tipificar la suplantación de identidad en la red

2) El carácter privado del delito de injurias y calumnias supone que sólo la persona ofendida puede iniciar acciones penales. Para el supuesto de que el ofendido haya fallecido, Elvira Tejada ha planteado que en determinadas situaciones, los herederos también pueden iniciar acciones penales, y no sólo civiles como hasta ahora.

3) Reiteración de conductas delictivas en la red. La Fiscalía plantea que las personas reincidentes, además de las sanciones de multa o de prisión correspondientes, sean sancionados con la prohibición de acceder a la red y de administrar páginas web.

En respuesta a las cuestiones planteadas por los portavoces parlamentarios, Elvira Tejada ha reflexionado sobre la posibilidad de usar como agente encubierto a personas particulares, presentes en foros muy específicos, en los que un agente tendría dificultad en desenvolverse. Respecto de los criterios para determinar cuándo existe un delito de odio, la Fiscal ha explicado que se trata de dirimir entre dos derechos, el de expresión y el buen nombre del afectado, y que en todo caso, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional va estableciendo pautas de actuación.

Por último, ha hecho una mención a los problemas prácticos que plantean las criptomonedas o bitcoins, ya que es un instrumento de pago no regulado y por tanto alegal, e incluso se da la circunstancia de que en alguna operación la policía ha incautado monedas y no se sabe qué hacen con esos bienes embargados.

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