El fiscal de delitos de odio de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, pide un pacto de Estado que excluya del debate partidista la lucha contra la lgtbifobia y el racismo, tras advertir de que las redes sociales y "ciertos planteamientos políticos" amplifican y "blanquean" el discurso de la intolerancia.

En una entrevista con Efe, Aguilar, que hace doce años se puso al frente de la primera Fiscalía de España y de Europa especializada en delitos de odio, revela que ya desde el año 2018 se ha constatado un incremento de los delitos de discriminación, especialmente los motivados por la orientación sexual de la víctima.

Una tendencia que, tras el paréntesis de la pandemia, parece que sigue al alza, a la luz de los datos que maneja el Ministerio de Interior: los delitos de odio conocidos por las fuerzas de seguridad del Estado aumentaron un 9,3% durante el primer semestre en relación con el mismo período del año anterior, la mayoría de ellos motivados por racismo, ideología y orientación sexual.

Aguilar, que estrenó su especialización cuando no existían estadísticas policiales de delitos de odio, reconoce que es muy difícil saber si el incremento de denuncias responde a un aumento de las agresiones o si existe una "cifra sumergida de hechos delictivos que va aflorando poco a poco", especialmente entre el colectivo LGTBI, muy organizado.

"NORMALIZACIÓN" DEL DISCURSO DE ODIO

Su impresión, con la perspectiva que le da más de una década dedicado a perseguir la homofobia y el racismo, es que en los dos o tres últimos años sí han aumentado las agresiones por motivos de orientación sexual, lo que a su parecer obedece a "varios factores", entre ellos la "normalización" del discurso del odio que propician internet y determinados foros políticos.

Según el fiscal, la elevada organización del movimiento LGTBI en la defensa de sus derechos -es "el más informado y combativo", sostiene- y la mayor confianza de las víctimas en la policía o en la justicia pueden dar pie a que ahora se presenten más denuncias que años atrás.

Pero también es posible, apunta, que las agresiones homófobas hayan aumentado porque, de un tiempo a esta parte, "afortunadamente las personas homosexuales no esconden su afectividad en la calle, y eso las hace más visibles y más identificables por parte de los intolerantes".

A todo ello se suma, sin ser un factor "detonante", que internet y las redes sociales, además de "determinados políticos cuando hacen según qué comentarios", están contribuyendo a "blanquear el discurso del odio, a que se pueda normalizar para ciertos sectores de la población".

"Antes, para difundir el discurso del odio había que hacer una conferencia y acudían los que acudían; hoy es mucho más accesible a través de las redes sociales o los planteamientos de ciertos políticos", lamenta Miguel Ángel Aguilar.

De hecho, añade, el perfil del autor de delitos de odio es "muy variado" y, "en su mayoría, no los cometen personas vinculadas a grupos extremistas, sino de todo tipo de origen, nivel socio-económico, cultural o educativo, pero que tienen prejuicios y estereotipos".

LOS DERECHOS HUMANOS, FUERA DEL DEBATE PARTIDISTA

Para atajar la difusión de la lgtbifobia y el racismo, el fiscal reclama un pacto de Estado en el que los partidos se comprometan a buscar un "consenso para mejorar la normativa en algunos aspectos, sin que este asunto sea objeto de lucha política".

"Es un tema de derechos humanos, porque afecta a la dignidad de las personas, y, además nos jugamos la convivencia", resalta el fiscal, que cree que "la clave" en la lucha contra la intolerancia es la educación.

Por ello, mantiene, es imprescindible que las administraciones impulsen campañas de divulgación y garanticen que todos los funcionarios reciban una formación "obligatoria, no voluntaria", en derechos humanos, especialmente los que tienen responsabilidades en el ámbito de la justicia y la seguridad.

En ese sentido, sostiene el fiscal que también es "muy importante" la formación del personal de seguridad privada, "no solo para garantizar que no incurran en actitudes discriminatorias, sino para que sepan actuar si observan algún comportamiento de ese tipo".

Más allá de la vertiente educativa, Aguilar propone una "respuesta integral" de los poderes públicos, a todos los niveles, con el apoyo de la sociedad civil: "A las administraciones les corresponde romper estereotipos y prejuicios, desmentir las cosas que se dicen y, cuando es delito, llevarlo a la justicia".

LEY DE IGUALDAD CON CAPACIDAD SANCIONADORA

El fiscal echa en falta en España una ley de Igualdad de ámbito estatal, similar a la que se ha aprobado en Cataluña, que contemple sanciones por la vía administrativa para "aquellos comportamientos discriminatorios que, sin ser delito, no pueden quedar impunes".

"No todo es delito ni tiene por qué serlo", comenta Aguilar, que reflexiona que, igual que saltarse un semáforo está castigado con multa, hay conductas discriminatorias que, "aunque no tienen relevancia penal, deben recibir una repuesta", como lo sería un insulto homófobo en la calle.

Para ello, añade, debería crearse un órgano sancionador, "lo más independiente posible e ideal si fuera elegido por una mayoría cualificada de las Cortes", que además de impulsar campañas de prevención tenga capacidad para castigar las conductas discriminatorias por la vía administrativa.