El Ministerio Fiscal responderá de manera especializada a la violencia sexual contra niñas y mujeres adolescentes
18 de febrero de 2026
El Ministerio Fiscal proporcionará una respuesta integral y especializada a la violencia sexual que se ejerce contra niñas y mujeres adolescentes desde un enfoque interseccional que conjugará la perspectiva de género y la perspectiva de infancia, tal y como establece un decreto dictado hoy por la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato Martín.
La Fiscal General ha acordado incrementar las competencias de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la FGE, que a partir de ahora coordinará y supervisará las causas seguidas, además de por los delitos recogidos en el decreto de 8 de octubre de 2025 —que mantiene plenamente su vigencia—, aquellas que se incoen por los delitos contra la libertad sexual previstos en el Título VIII del Libro II del Código Penal, delitos de mutilación genital femenina, matrimonio forzado y acoso con connotación sexual, cuando la víctima sea una niña o mujer adolescente.
En el ámbito de las Fiscalías de todo el territorio del Estado, con independencia de la sección judicial que resulte competente para la instrucción, las secciones de violencia sobre la mujer asumirán las diligencias de investigación y los procedimientos judiciales de delitos relacionados con la violencia sexual cuando la víctima sea una niña o mujer adolescente.
Cuando ello no sea posible, las Fiscalías adoptarán aquellas medidas que garanticen que los fiscales, desde el primer momento en que tengan conocimiento de un procedimiento por delito de violencia sexual en que la víctima sea una mujer menor de edad, lo comuniquen al fiscal delegado de violencia sobre la mujer, que coordinará la respuesta de la Fiscalía.
Cuando el/la fiscal que conozca de un procedimiento por delito de violencia sexual en el que la víctima sea una mujer menor de edad aprecie que esta se halla en situación de especial vulnerabilidad, lo pondrá en conocimiento inmediato del fiscal delegado de menores al objeto de que el Ministerio Fiscal active, a la mayor brevedad, los mecanismos de protección que resulten oportunos.