El Fiscal General inaugura un curso sobre el impacto de la nueva Ley de Registro Civil en la protección de derechos fundamentales
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El Fiscal General inaugura un curso sobre el impacto de la nueva Ley de Registro Civil en la protección de derechos fundamentales
El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha inaugurado hoy el curso “Estado Civil: Expedientes Registrales y Expedientes de Jurisdicción Voluntaria”, dirigido por la Fiscal de Sala Jefa de la Sección Civil de la Fiscalía del Tribunal Supremo, Pilar Martín Nájera, y organizado por la Secretaría Técnica de la FGE y el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ).
Este curso, tiene como objetivo analizar el Registro Civil y el valor probatorio de sus inscripciones relativas al estado civil. A lo largo de dos jornadas se va a examinar el modo en que estas inscripciones afectan a derechos fundamentales como la integridad física y moral, la intimidad y la protección de la salud en relación con la dignidad de la persona y el libre desarrollo de su personalidad.
Además, se tratará el impacto del gran cambio generado por la desjudicialización del Registro Civil, introducida por la Ley de 2011 y su prolongada “vacatio legis” de diez años, así como las consecuencias de esta nueva configuración para la intervención del Ministerio Fiscal.
La identidad personal
Uno de los aspectos de la identidad personal reflejados en el Registro Civil es el sexo, cuya regulación ha experimentado un cambio significativo con la Ley 4/2023, de 28 de febrero, impulsada en parte por la STC 99/2019, y que ha generado un amplio debate social y jurídico.
En este curso, se analizarán los nuevos expedientes registrales para el cambio de la mención de sexo y nombre, la ampliación de la legitimación, así como el nuevo expediente de jurisdicción voluntaria y el papel del Ministerio Fiscal como garante del interés superior del menor.
Se pone el foco en los procedimientos que afectan a personas menores
de edad, considerando tanto su regulación en otros países de nuestro
entorno como la postura de la Dirección General de Fe Pública y
Seguridad Jurídica (DGFPYSJ), y los recursos contra sus resoluciones
regulados en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).



