La Fiscal General del Estado, María José Segarra, ha intervenido en el acto de apertura del Año Judicial en la jurisdicción militar celebrado la sede del Tribunal Militar Central. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha presidido el acto. También ha intervenido el presidente del Tribunal Militar Central, general consejero togado Carlos Melón Muñoz.

La Fiscal General ha comenzado su intervención recordando que la Fiscalía Jurídico Militar es un órgano más del Ministerio Fiscal, y por tanto, goza de autonomía funcional, dentro del Poder Judicial, para ejercer sus funciones en defensa de la legalidad y de la independencia de jueces y tribunales militares.

Personal de la Fiscalía
María José Segarra ha expuesto que la relevancia constitucional del Ministerio Fiscal aconseja que en el proceso de cobertura de los puestos vacantes de la Fiscalía Jurídico Militar se valore de forma prioritaria la cualificación técnico jurídica y el alto nivel de experiencia jurisdiccional, todo ello con respeto a los principios de publicidad en las convocatorias, y de igualdad, mérito y capacidad en la designación de los candidatos.

La Fiscal General ha querido llamar la atención acerca de la precaria situación de la Fiscalía del Tribunal militar Territorial tercero (cuyo ámbito incluye Cataluña), que actualmente cuenta con un solo fiscal, el Fiscal jefe, sin personal civil de apoyo.

Presencia de la mujer en las Fuerzas Armadas
La Fiscalía Jurídico Militar, en palabras de María José Segarra, es un modelo de integración de la mujer en la profesión militar. El porcentaje de mujeres en la Fiscalía es del 44,4%, mientras que en el total de las Fuerzas Armadas es del 12,8%.

Datos estadísticos de criminalidad
El número de procedimientos penales en la jurisdicción militar se mantiene estable (596 en el año 2018 frente a 609 del año anterior), lo que pone manifiesto el escaso índice de criminalidad en el seno de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, un colectivo formado por casi doscientas mil personas. En todo caso, se detecta un incremento de condenas por delito, al pasar de 132 delitos condenados en 2017 a un total de 184 condenas en 2018. Los delitos que más han aumentado son los cometidos contra los deberes del servicio, que se han incrementado en un 33%. En segundo lugar, se sitúan las condenas por delitos contra el patrimonio militar. En sentido inverso, disminuyen las condenas por delitos contra la disciplina (insultos a un superior, abuso de autoridad y desobediencia).

Actividad de las Fiscalías
La Fiscal General ha explicado que la Fiscalía Togada recibió el pasado año un total de 1.727 asuntos, procedentes del Tribunal Supremo y de las diferentes Fiscalías territoriales. Respecto de los recursos de casación, la media de tiempo transcurrido desde la fecha de emisión el informe fiscal hasta la firma de la sentencia es de dos meses. También ha destacado la creciente intervención del Ministerio Fiscal en las actuaciones instructoras, asumiendo de forma especial la defensa de la víctima del delito en línea con lo previsto en la Instrucción 1/2016 de la Fiscalía Togada relativa a la Actuación Fiscal en materia de información y protección procesal a militares victimas en el ámbito castrense de violencia, trato degradante o acoso.

Propuesta de reformas
Por último, la Fiscal General del Estado ha abogado por realizar algunas reformas legislativas, entre otras, la instauración de la doble instancia penal en el ámbito de la Jurisdicción militar, exigencia que deriva del paco Internacional de Derechos Civiles suscrito por España. También ha solicitado que se incluyan los juicios rápidos en la ley procesal militar.

Y en todo caso, ha reiterado la necesidad de reordenar las tareas de jueces y fiscales para atribuir  a la Fiscalía la investigación de los delitos, en consonancia con el modelo de los países de nuestro entorno.

Carlos Melón ha defendido el "papel clave" en la defensa del Estado de los órganos jurisdiccionales ordinarios y ha defendido el "importante papel" de la jurisdicción militar, como parte del poder judicial, en la "defensa nacional" y del "estado social y democrático de derecho", así como "garantía de la integridad territorial de España".

Por su parte, Carlos Lesmes ha destacado que todos los servidores públicos, “desde su posición en el engranaje que conforma al Estado”, tienen un importante papel que jugar en defensa de la Constitución de 1978. Se ha ha referido expresamente a la situación de Cataluña, donde se ha pretendido "quebrar, mediante la fuerza y la violencia, el modelo de convivencia sobre el que se asientan los principios básicos de nuestra sociedad, los pilares de la España constitucional, que no son otros que el respeto a la ley y los derechos y libertades de los demás". Por último, ha pedido que se preste especial atención “a la importancia que tiene la Justicia como principal herramienta de la que se sirve la sociedad para garantizar la supremacía de la ley y la tutela de los derechos individuales y colectivos”.