Entrevista al Fiscal de Sala Delegado de Delitos de Odio y Discriminación, Fernando Rodríguez Rey, con motivo del Día del Orgullo LGBT.

¿Cómo actúa y está organizada la Fiscalía en la materia de delitos de odio?

Los delitos de odio son un área de actuación especializada del Ministerio Fiscal en el ámbito penal como pueden ser la de los delitos contra la seguridad vial, el medio ambiente y urbanismo o los delitos económicos, por citar algunas. Existe un Fiscal de Sala Delegado que ejerce por delegación de la Fiscal General del Estado funciones de coordinación, supervisión y refuerzo de la actividad que desarrollan los fiscales en esta materia.

Paralelamente, existe una consolidada red de fiscales delegados en las fiscalías territoriales, especializados en estos delitos, que se encargan del control y la llevanza de estos procedimientos penales. Hay que subrayar que esta es una de las grandes fortalezas del Ministerio Fiscal, en esta como en otras materias. En todos los territorios el país disponemos de uno o varios fiscales con formación en la materia que, de forma coordinada y procurando mantener criterios unificados, procuran dar una adecuada respuesta penal a este fenómeno delictivo.

Es importante destacar que se trata de una materia de atención prioritaria para el Ministerio Fiscal pues esta especialidad extiende su competencia sobre un importante catálogo de delitos que tienen como denominador común la respuesta frente a ataques contra valores básicos e irrenunciables de nuestro modelo de convivencia como son la dignidad humana y la igualdad.

¿Cuál es la evolución en los últimos años de los procedimientos penales que se siguen por estos delitos?

Si acudimos a las Memorias de la Fiscalía de los últimos años comprobamos un apreciable aumento en el número de procedimientos que se tramitan, así como en el de escritos de acusación que formula el Ministerio Fiscal. Aunque hay que señalar que en este contexto general de incremento de procedimientos el pasado año 2020 ha sido un tanto excepcional. Las razones son obvias, la pandemia de Covid-19 afectó profundamente a la actividad ciudadana y redujo la interacción social. Ello tuvo un doble efecto que se aprecia con claridad en los datos de ese año. El número total de procedimientos por delitos de odio disminuyó respecto al año anterior, pero, al mismo tiempo, se produjo un incremento de delitos de odio cometidos a través de las TICs.

Pero está claro que la existencia de delitos de discriminación y contra la igualdad es una realidad que, lamentablemente, se constata cada día y a la que el conjunto de la sociedad y de las instituciones debemos responder de forma eficaz al tiempo que proporcionada.

¿Cómo valora la colaboración existente entre la Fiscalía y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en esta materia?

Este es un aspecto esencial para conseguir una respuesta penal eficaz. Igual que necesitamos fiscales especialistas, también unidades policiales especializadas y una estrecha colaboración entre ambos. Actualmente, aprecio un óptimo nivel de colaboración, aunque, como es lógico, siempre se puede y se debe mejorar.

Para la Fiscalía es esencial tener conocimiento desde el primer momento de la existencia de una denuncia o de un atestado por delito de odio. Ello nos permite localizar el procedimiento y que el fiscal delegado especialista pueda hacer un seguimiento e intervenir activamente en el mismo. A tal fin ya se han impartido las oportunas instrucciones para asegurar que siempre se remitan copia de estos atestados al fiscal delegado de la especialidad.

Hoy se celebra el día del orgullo LGTBI y parece que uno de los motivos discriminatorios más frecuentes en los delitos de odio es el relacionado con la identidad u orientación sexual. ¿Los datos que maneja la Fiscalía lo confirman?

Así es. Los dos motivos discriminatorios más frecuentes que nos aparecen en los procedimientos por estos delitos son los relativos al racismo y la xenofobia, por un lado, y los relacionados con la identidad y orientación sexual, por otro. Fiscalías Provinciales como pueden ser las de Barcelona o Valencia nos alertan de un incremento constante de este motivo discriminatorio.

Al mismo tiempo, tenemos la certeza de que nos hallamos ante una situación de “infradenuncia”. Somos conscientes que buena parte de los incidentes que se producen por este motivo y contra este colectivo no se denuncian, no son objeto de procedimientos penales y, por tanto, no hay respuesta penal. En este sentido, los datos que podemos ofrecer desde la Fiscalía no reflejan del todo la realidad de los ataques contra este colectivo.

Ante esta situación, ¿cuáles son las líneas de actuación que deben desarrollarse?

Creo que la respuesta debe darse a distintos niveles. Hay que conseguir que las personas afectadas tengan mayor confianza en las instituciones y en el sistema penal y denuncien los hechos. Debemos trabajar en mejorar la formación de las unidades policiales y de los operadores jurídicos que trabajamos en la materia, jueces, fiscales y abogados. Al mismo tiempo, intensificar la relación y comunicación con las ONG y colectivos que representan a estas víctimas. Y ya lo he dicho antes, una estrecha colaboración entre la Fiscalía y las unidades policiales encargadas de la investigación es una de las claves para que la respuesta penal sea eficaz. Si las víctimas tienen confianza en las instituciones, se sienten amparadas y protegidas por ellas y la respuesta penal demuestra ser efectiva, estaremos en el buen camino. Ahora bien, también debemos tener claro que el derecho penal es una herramienta más, imprescindible frente a las conductas más graves, pero que debe ir acompañada de políticas y medidas de promoción de la igualdad en muchos otros ámbitos.

¿Nos puede hablar del trabajo de la Fiscalía dentro del Acuerdo Interinstitucional para la lucha contra el racismo, la xenofobia, la LGBTIfobia y otras formas de intolerancia?

Este Acuerdo, suscrito en el 2018 y con una vigencia inicial de 4 años, es el principal instrumento de cooperación entre instituciones de que disponemos a nivel estatal. Al mismo se sumaron los distintos Ministerios con competencias en la materia, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado. Y en el mismo, y esto es importante, también participan como observadoras diversas plataformas de la sociedad civil.

Se trata de fomentar la cooperación entre las instituciones firmantes, colaborando y poniendo en común experiencias en aspectos como la formación y la sensibilización en materia de igualdad y discriminación, la mejora de la recogida de datos y de la estadística, el discurso de odio online o la respuesta penal a estos delitos.

En representación de la Fiscalía General del Estado participamos en las actividades del Acuerdo la Unidad de Criminalidad de Informática, a través de su Fiscal de Sala, y el Fiscal de Sala Delegado de delitos de odio y contra la discriminación.

Este año la Fiscalía General del Estado ha suscrito el Protocolo para combatir el discurso de odio ilegal en línea actuando como Punto de Contacto. ¿En qué consiste este papel de la Fiscalía?

Este Protocolo se gesta, precisamente, en el seno de este Acuerdo de Cooperación Interinstitucional. Ha sido suscrito por las instituciones firmantes del mismo, plataformas de la sociedad civil y entidades representativas de colectivos de víctimas, así como por la Asociación Española de la Economía Digital en la que se integran empresas prestadoras de servicios de alojamientos de datos como Youtube, Facebook, Instagram, Twitter o Microsoft.

Las bases del Protocolo se encuentran en el “Código de Conducta para la lucha contra la incitación al odio en internet”, firmado por la Comisión Europea y las empresas prestadoras de servicios de datos en 2016, y en la Recomendación UE 2018/334 de la Comisión Europea sobre medidas para combatir eficazmente los contenidos ilícitos en línea.

El papel de la Fiscalía en el Protocolo es clave. La Unidad de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado ha sido designada como Punto de Contacto entre las autoridades competentes, incluidas las judiciales, y las empresas prestadoras de estos servicios de alojamiento de datos al efecto de canalizar las comunicaciones sobre bloqueo, retirada o restricción de acceso a los contenidos de discurso de odio ilegal.