Como se indica de manera clara en la Instrucción 2/2007 de la Fiscalía General del Estado, la actividad internacional del Ministerio Fiscal incluye como parte integrante la Cooperación al Desarrollo en la que, además de motivaciones de apoyo institucional y solidaridad con otros Estados con los que tenemos particulares relaciones, concurre la finalidad de dotar a Estados menos desarrollados de mecanismos legales para responder a la delincuencia.

De conformidad con lo previsto en el EOMF, para conseguir los objetivos señalados de institucionalización o restablecimiento del Estado de Derecho, reconstrucción o reorganización de las instituciones de la Administración de Justicia, promoción y respeto de derechos humanos, la Fiscalía General del Estado parte del marco general de la cooperación española establecido por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

La Fiscalía General del Estado participa en proyectos de cooperación al desarrollo en materia de justicia, tanto en colaboración con instituciones nacionales, comunitarias, o extranjeras, como de forma autónoma, con el soporte económico de la Agencia Española de Cooperación Internacional u otras agencias públicas de similares características

El apoyo de la Fiscalía a la reforma institucional en materia judicial en países en vía de desarrollo constituye en primer lugar un elemento fundamental para la consolidación de la democracia, el Estado de Derecho y la promoción y garantía de los derechos humanos. Por otro lado, la creación o consolidación de instituciones homólogas sólidas es también una forma de favorecer el entendimiento, la confianza mutua y las posteriores relaciones en materia de auxilio internacional, incrementando las posibilidades de trabajo conjunto e intercambio de información.

Por ello, la Fiscalía viene trabajando desde hace años en el ámbito de cooperación al desarrollo en materia de Justicia en países acreedores a esta ayuda, esencialmente en Países del Centro y Este de Europa -generalmente candidatos a la incorporación a la Unión Europea -, en países vecinos del Norte de África y también, de una manera muy especial, en Iberoamérica.

Todas estas experiencias han puesto de manifiesto que el Ministerio Fiscal español es una Institución adecuada para presentar y elaborar proyectos de cooperación al desarrollo en materia de Justicia y cuenta con capacidades y capital humano de gran valor cuya experiencia puede ser de gran utilidad a la hora de la planificación de reformas institucionales en los Ministerios Públicos de los países beneficiarios.