Tan preocupada por las denuncias que atiende como por las que el confinamiento silenció, la responsable de coordinar a los fiscales pide una respuesta social a la violencia machista.

Por: María José Barrero para Mujer Hoy

La Fiscalía está abierta a todas las víctimas”.

Si hay un mensaje que Teresa Peramato (Salamanca, 1962), fiscal de Sala Delegada contra la Violencia sobre la Mujer, quiere dejar claro es ese, que “los fiscales tenemos que erigirnos en verdaderos protectores de todas las víctimas, pero muy en concreto de las de violencia de género y de sus hijos”. Peramato tomó posesión de su cargo hace pocos meses, pero tiene una dilatada trayectoria como fiscal en los Juzgados de Violencia contra la Mujer, desde su creación en 2005. Han pasado 16 años “y hemos avanzado muchísimo, sobre todo en concienciación y sensibilización”, asegura, pero los medios son aún insuficientes para unos delitos que suelen llegar a los juzgados “en la última fase del ciclo de la violencia, cuando las mujeres no soportan más la bofetada, el insulto, la amenaza...”. Una situación que el pasado año se vio agravada por el confinamiento y las restricciones. En 2020, 46 mujeres fueron asesinadas por sus parejas y exparejas. Este año ya han muerto 37.

Mujerhoy. Lleva poco como fiscal delegada, ¿cómo afronta esta tarea?
Teresa peramato. Con muchísima responsabilidad y un objetivo claro: mejorar la protección de las mujeres y de los niños y niñas que con ellas conviven. Si las protegemos a ellas, pero nos olvidamos de sus hijos, no lo hacemos de forma efectiva. Y lo mismo a la inversa.  
Desde 2013, más de 40 menores han sido asesinados por sus padres. Este verano, las pequeñas Ana y Olivia en Tenerife...

Ya teníamos supuestos de violencia vicaria, como el caso de la niña de Ángela González Carreño, Bretón, las niñas de Icíar en Castellón... Pero es que, además, los niños son instrumentalizados por los agresores para mantener esa relación de poder sobre las madres cuando pretenden separarse o acordamos una orden de protección. Además, cuando viven en un entorno de violencia sufren daños físicos y psicológicos, y corren el riesgo de asumir de adultos esos roles violentos y de sumisión. Es lo que llamamos transmisión generacional de la violencia, fatal para ellos y para la sociedad.

El término de violencia vicaria se ha popularizado por la docuserie de Rocío Carrasco. ¿Casos así ayudan a las víctimas a identificar lo que están viviendo?
Sin duda. Provocó una autopercepción de la violencia por parte de muchas mujeres, jóvenes y adolescentes, y se produjeron multitud de llamadas al 016 para pedir información.

¿Es ahora más visible la violencia de género?
Hemos avanzado en concienciación y sensibilización, pero las últimas encuestas nos dicen que los jóvenes, en un porcentaje altísimo, no identifican la violencia de género como un problema grave, de manera que puede haber un retroceso. Las nuevas manifestaciones a través de las redes sociales se producen con una inmediatez absoluta y multiplican el daño. Hablamos de una franja de edad que en muchas ocasiones no entiende esos actos de violencia, y tardan en reaccionar, cuando el daño se ha elevado a la enésima potencia.

¿Se está protegiendo adecuadamente a las víctimas?
En ese ámbito hemos ido avanzando, porque hemos ido aprendiendo. Tenemos que conocer las causas, los orígenes, los sesgos y estereotipos de esta sociedad patriarcal… En junio se ha modificado la ley para que no se pueda acordar un régimen de visitas si hay una medida penal en relación al progenitor investigado. Sabemos que se va a elevar el riesgo para la madre, pero también para los hijos.

Muchas víctimas siguen sin denunciarlo. ¿No confían en la Justicia?
Si hacemos caso a la encuesta de 2019, la falta de confianza es un motivo importante. Hay otros, como la ausencia de identificación de los actos de violencia, el miedo a las represalias, la dependencia económica y emocional, el miedo al rechazo familiar... No saben a qué se van a enfrentar en un procedimiento que siempre es un camino tortuoso y doloroso. Debemos hacer un llamamiento a todos los miembros de la sociedad, para que se impliquen y tomen la iniciativa de denunciar.

Hay muy pocas denuncias de familiares, apenas un 2%.
Así es. Sin embargo, sabemos que ellas cuentan lo que les pasa a su entorno y a los profesionales sociosanitarios. Tenemos que avanzar en esa línea: concienciación, apoyo y recursos para que las víctimas aguanten un procedimiento que siempre es muy doloroso.  

¿Ayudaría si esos procedimientos fueran más cortos?
La justicia rápida siempre es mejor justicia y la dilación provoca efectos adversos también para las víctimas. Ahora bien, debemos tener mucho cuidado, porque habrá actos de violencia que requieran una investigación más dilatada para llegar a juicio oral.

¿Se está valorando de forma adecuada el riesgo que sufren? El último informe de la Fiscalía habla de la necesidad de dotar mejor las Unidades de Valoración Forense.
No hay unidades en todas las provincias ni a disposición de todos los juzgados. Donde las hay, muchas están infradotadas o falta formación en perspectiva de género y en maltrato infantil, y eso repercute en los informes que emiten. Reclamamos unidades de valoración integral, que nos auxilien en la valoración del riesgo. Si no somos capaces de proteger a las víctimas, ¿a dónde van? A la cueva del ogro, donde, la posibilidad de romper esa relación va a ser menor y donde, si se deniega esa orden de protección, el agresor sale reforzado y la víctima queda en una situación más vulnerable.

¿Han salido a la luz los casos de violencia que quedaron ocultos durante el confinamiento?
En los primeros meses hubo menos denuncias al no poder salir, pero cuando se aligeraron las medidas restrictivas, tuvimos un incremento de asesinatos y homicidios impresionante. Creo que no sabremos todas las denuncias que quedaron sin interponer. Puede que no se interpongan nunca. Las mujeres tardan en denunciar unos ocho años. Tienden a denunciar cuando hay un acto violento. Muchas veces, al llegar al juzgado, ya no quieren declarar. Si esa reacción la aplicamos al confinamiento, es comprensible que intentaran buscar estrategias de protección para sobrevivir.  
La Fiscalía lleva años pidiendo que se suprima la dispensa de la obligación de declarar a las víctimas.
Esa petición ya la hizo la fiscal Soledad Cazorla, en 2006. Es un foco para la impunidad, que refuerza la posición de dominio del agresor y mayor vulnerabilidad para las víctimas y sus hijos. ¿Cuál es la resistencia para derogarla? El riesgo que corren las víctimas de que, si son obligadas a declarar y se resisten a hacerlo, mintieran y se abriera una causa contra ellas por desobediencia o falso testimonio.

¿Considera adecuado el seguimiento a los condenados? ¿Se valora bien el riesgo en caso de permisos?
El caso del niño asesinado en Lardero ha abierto un debate latente. Tenemos que conjugar la reinserción de los delincuentes con la protección de las víctimas y garantizar la seguridad de la ciudadanía. También hay que hablar del tratamiento a determinados tipos de delincuentes: pederastas, violadores, maltratadores... Pero negar la posibilidad de rehabilitación es un retroceso que una sociedad democrática no se puede permitir.

¿Qué diría a quienes acusan a la fiscalía de que no se persigue las denuncias falsas de violencia de género?
Me da rabia que se hable de las denuncias falsas como si fuera el problema. El problema es que un 79% de las víctimas que sufren violencia no denuncia. La Fiscalía lleva desde 2009 haciendo un seguimiento de todos los procedimientos. ¿Se nos pudo haber escapado alguna? Pues sí, pero si comparamos un 0,0074% de denuncias falsas con 165.000 denuncias que se producen al año, dígame qué peso puede tener en el debate. ●

SUMARIOS
“El problema no son las denuncias falsas. El problema es
que el 79% de las víctimas de violencia no denuncia”.

“Si protegemos a las víctimas, pero nos olvidamos de sus hijos,
no lo hacemos de forma efectiva. Y lo mismo sucede a la inversa”.

FOTOGRAFIA: OLGA MORENO

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