4.10 Conclusiones y propuestas de mejora

Tras el análisis exhaustivo del ejercicio 2025, se establecen las siguientes líneas de actuación prioritarias para fortalecer la respuesta del Ministerio Fiscal ante los desafíos de la criminalidad compleja.

4.10.1 Delincuencia socioeconómica

El objetivo central es la protección del orden económico mediante la tecnificación de la investigación y, en particular:

– La especialización de operadores jurídicos. Impulsar programas de alta formación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, jueces y fiscales, enfocados en la detección de flujos financieros complejos y tipologías de fraude emergentes.

– La recuperación de activos. Priorizar la implementación de protocolos eficaces para la reparación del daño y la restitución patrimonial a las víctimas.

– La creación de una unidad de inteligencia financiera y digital. Se propone la creación de un núcleo de expertos en informática forense, análisis de big data y criptoactivos adscrito a la AN. Esta unidad actuaría como enlace técnico con organismos internacionales para neutralizar la criminalidad financiera online.

– Cultura de prevención. Fomentar alianzas público-privadas y desarrollar campañas de capacitación para el sector financiero y la ciudadanía, mitigando los riesgos derivados de la economía digital.

4.10.2 Trata de seres humanos

En este ámbito se busca implantar un modelo de protección integral y persecución proactiva, sobre las siguientes bases de desarrollo:

– Asistencia integral y fondo de reparación. Creación de un fondo específico, nutrido por recursos públicos y decomisos, destinado a garantizar alojamiento, asistencia sanitaria, soporte psicosomático y asesoramiento jurídico gratuito a las víctimas.

– Gobernanza interinstitucional. Optimizar la interoperabilidad entre administraciones para evitar la fragmentación de la respuesta asistencial y judicial.

– Cooperación con el sector tecnológico. Establecer canales de colaboración con proveedores de servicios de internet y redes sociales para la detección temprana y remoción de contenidos vinculados a la explotación.

– Diplomacia jurídica y cooperación en origen. Suscribir convenios bilaterales con países de origen y tránsito que faciliten el intercambio de inteligencia criminal, la repatriación segura de las víctimas y la desarticulación de las mafias en su origen.

4.10.3 Delitos de jurisdicción internacional

El enfoque se centra en la adecuación normativa y el compromiso convencional:

• Armonización Legislativa: promover una reforma del marco legal que establezca criterios de jurisdicción universal nítidos, garantizando la plena convergencia con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los tratados suscritos por España.

• Sinergia con la Justicia Penal Internacional: reforzar el apoyo operativo y la cooperación técnica con la Corte Penal Internacional (CPI), consolidando el liderazgo de España en la lucha global contra la impunidad en crímenes de guerra y lesa humanidad.

• Capacitación especializada: desarrollar planes formativos de alto nivel en Derecho Internacional Humanitario para los integrantes de las carreras judicial y fiscal, asegurando una instrucción de vanguardia en causas transnacionales.

• Transferencia de conocimiento: institucionalizar foros de intercambio de buenas prácticas con otros Estados para agilizar la tramitación de causas de jurisdicción universal.

4.10.4 Ciberdelincuencia

El ciberespacio se ha consolidado como el marco idóneo para la ejecución de delitos complejos, desde el terrorismo yihadista e internacional a la delincuencia socioeconómica avanzada.

– Ciberterrorismo y ataques contra instituciones del Estado.

Durante el ejercicio 2025, continuando la tendencia vista en 2024, se han tramitado numerosos procedimientos bajo el artículo 573.2 CP y ciberdelitos dirigidos contra estructuras críticas del Estado.

• Situación procesal. La mayoría de estas causas se hallan en fase de instrucción bajo secreto de sumario, dada la sensibilidad de los activos atacados y la complejidad de las diligencias.

• Respuesta operativa. El incremento de ataques contra el funcionamiento político y económico nacional ha motivado la creación de unidades especiales de ciberterrorismo en la Policía Nacional, Guardia Civil y policías autonómicas, coordinadas estrechamente con esta Fiscalía para garantizar una persecución eficaz.

– Evolución del escenario de riesgos en 2025.

La ciberdelincuencia ha experimentado un salto cualitativo marcado por:

1. La sofisticación tecnológica a través del uso de inteligencia artificial y machine learning para automatizar ataques de phishing y crear malware evasivo.

2. El uso de ransomware de alta precisión. Los ataques ya no son masivos, sino selectivos, dirigidos a infraestructuras críticas (hospitales, redes energéticas) con objetivos de extorsión estratégica.

3. La vulnerabilidad móvil y la transnacionalidad. La expansión del cibercrimen global, amparado en el anonimato de las criptomonedas y la Deep Web, junto al aumento de ataques a dispositivos móviles, dificulta la identificación de autorías.

– Nuevas conductas delictivas.

Se identifican tres áreas de riesgo incipiente que requieren atención prioritaria:

• Deepfakes y desinformación. Uso de contenidos sintéticos para la extorsión y la desestabilización social, amenazando la integridad democrática.

• Criminalidad en el metaverso. Aparición de fraudes en activos virtuales y suplantación de identidad en entornos inmersivos.

• Ataques a la inteligencia artificial. Acciones dirigidas a corromper algoritmos o sustraer bases de datos de entrenamiento (envenenamiento de datos).

– Diagnóstico de vulnerabilidades del sistema legal.

La eficacia de la respuesta judicial se ve comprometida por:

• Obsolescencia y déficit de recursos. Necesidad urgente de actualizar equipos tecnológicos y contratar personal técnico especializado que de soporte a la labor de fiscales y magistrados.

• Gestión de la evidencia digital. La volatilidad de la prueba electrónica y su carácter transfronterizo exigen protocolos de obtención y conservación más ágiles.

• Brecha legislativa. El marco legal requiere una armonización internacional más fluida para evitar que los delincuentes se amparen en la lentitud de los procesos de cooperación tradicionales.

– Propuestas de acción y compromiso institucional.

1. Refuerzo de la especialización, con implementación de planes de formación obligatoria en informática forense y derecho digital para miembros de las carreras judicial y fiscal y funcionarios adscritos a la AN.

2. Modernización legislativa, mediante la reforma del Código Penal y la LECrim para incluir tipos delictivos específicos (IA, deepfakes) y agilizar la obtención de pruebas digitales.

3. Gobernanza público-privada, a través de la creación de un observatorio de ciberdelincuencia con la participación de proveedores de servicios de internet y empresas de ciberseguridad para la detección temprana de amenazas.

4. Inversión tecnológica, mediante una asignación presupuestaria específica para la adquisición de herramientas de análisis forense de última generación.

Podemos concluir que la Fiscalía española mantiene un compromiso firme con la protección del ciberespacio. Desde la creación de la Unidad especializada contra la Criminalidad Informática, se trabaja en la unificación de criterios para asegurar que la transformación digital de la sociedad no se traduzca en una pérdida de seguridad jurídica. La colaboración entre el sector público, el privado y la ciudadanía es el único camino para garantizar un entorno digital resiliente frente a las amenazas del siglo xxi.

4.10.5 La sección de menores de la Fiscalía

La sección de menores de la Fiscalía de la AN se constituye como un baluarte estratégico en la defensa de la seguridad nacional y la integridad de los menores. En un entorno globalizado, su labor trasciende la mera persecución penal, enfocándose en la neutralización de procesos de captación ideológica y el combate a la delincuencia tecnológica juvenil.

1. El fenómeno de la radicalización en el ecosistema digital.

La vulnerabilidad de los menores ante la propaganda extremista se ha acentuado debido a la sofisticación de las estrategias de reclutamiento online.

• Tácticas de manipulación. Grupos extremistas explotan la debilidad identitaria y el idealismo juvenil, utilizando narrativas simplificadas que se difunden viralmente a través de plataformas digitales y aplicaciones de mensajería cifrada.

• Riesgos híbridos. El acceso irrestricto a redes sociales no solo expone a los menores al adoctrinamiento, sino que los convierte en vectores potenciales para la comisión de ciberdelitos que comprometen infraestructuras esenciales del Estado.

2. Respuesta especializada y líneas de actuación.

Consciente de su papel como órgano instructor, la Fiscalía ha consolidado un modelo de respuesta adaptado a la singularidad del infractor menor de edad, basado en:

• Instrucción y persecución penal, mediante una investigación rigurosa de delitos de terrorismo yihadista, financiación y ciberdelitos contra la seguridad nacional cometidos por menores, garantizando siempre el interés superior del menor.

• Inteligencia y cooperación policial, a través del mantenimiento de una interlocución fluida con las unidades de información de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para la detección precoz de focos de radicalización.

• Intervención multidisciplinar, con la integración de equipos técnicos (psicólogos, educadores y trabajadores sociales) para el abordaje de menores ya inmersos en procesos de radicalización, priorizando la desvinculación cognitiva y la resocialización.

3. Un enfoque integral mediante la prevención y reeducación

El sistema de justicia juvenil en la AN no se limita a la respuesta punitiva. Su enfoque es eminentemente preventivo, tratando de priorizar medidas que faciliten la reinserción del menor al entender la infracción como un síntoma de una manipulación externa que debe ser desactivada mediante la educación en valores democráticos. Igualmente, se trata de impulsar la sensibilización con acciones formativas que alerten sobre los riesgos de los entornos virtuales.

4. Desafíos en la era digital y proyección exterior

La lucha contra el ciberterrorismo juvenil es un reto dinámico que exige una actualización constante de los protocolos judiciales. En este sentido, se aboga por:

• Atención a menores en el extranjero, con gestión y seguimiento de conductas delictivas cometidas por menores españoles en territorio extranjero, aplicando estrategias de concienciación que eviten la reincidencia y faciliten su retorno seguro a la legalidad.

• Multidisciplinariedad y su consolidación como un actor clave capaz de coordinar la respuesta legal con la protección social.

En definitiva, la sección de menores reafirma su compromiso con la salvaguarda de la seguridad nacional, actuando no solo como órgano acusador, sino como garante de que los menores no se conviertan en instrumentos de organizaciones criminales o terroristas.

4.10.6 Vigilancia penitenciaria

En el complejo escenario de la seguridad global, la protección de la sociedad y la defensa de los derechos fundamentales constituyen los ejes vertebradores del Estado de derecho. En este marco, la sección de vigilancia penitenciaria de la Fiscalía de la Audiencia Nacional ejerce una función estratégica: actúa como garante de la legalidad en la ejecución de las penas, equilibrando el respeto a los derechos individuales con la imperativa lucha contra los delitos de su competencia.

Esta sección especializada tiene encomendada la supervisión de las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad. Su intervención es determinante para asegurar que la actividad administrativa penitenciaria se ajuste estrictamente a la ley, centrándose en los siguientes ejes de actuación:

• Fiscalización y seguimiento especializado. Supervisión exhaustiva del cumplimiento de condenas por delitos de terrorismo. Esto abarca desde el control del régimen de vida y las medidas de seguridad, hasta el análisis técnico de las progresiones de grado y los programas de tratamiento.

• Contención de la radicalización. Colaboración activa con los centros penitenciarios en la detección temprana de conductas extremistas. La fiscalía monitoriza la eficacia de los programas de desradicalización, priorizando la neutralización de riesgos dentro de la población reclusa.

• Intervención en la ejecución penal. Participación preceptiva en los expedientes de clasificación, permisos de salida y libertad condicional. El criterio del Ministerio Fiscal actúa aquí como un filtro de seguridad esencial, velando por que el retorno gradual a la libertad no suponga una amenaza para la paz pública.

4.10.7 Jurisdicciones de lo contencioso administrativo y social

La sección especializada interviene de forma preceptiva y facultativa en los procesos sustanciados ante los juzgados centrales y la Sala de lo Contencioso-Administrativo, así como ante la Sala de lo Social de la AN. Asimismo, participa en la jurisdicción europea, con intervención ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en aquellos procedimientos prejudiciales que, por su naturaleza, afectan a la seguridad jurídica o al ordenamiento interno español.

Por otra parte, en atención a la especificidad de estos órdenes, y ante la falta de implementación del sistema Fortuny en estas jurisdicciones, la comunicación procesal se ha articulado de manera eficiente a través de la plataforma Lexnet, garantizando la agilidad y trazabilidad de los actos de comunicación.

La labor de la Fiscalía en estas materias se vertebra sobre tres pilares esenciales:

• El control de legalidad administrativa mediante una supervisión rigurosa de los actos de la Administración pública para asegurar su sometimiento pleno a la ley y al Derecho, evitando cualquier atisbo de arbitrariedad.

• La protección de derechos ciudadanos con una defensa activa de las libertades públicas en los litigios contra el Estado, especialmente en procesos que afectan a derechos de reunión, asilo, protección de datos y sanciones administrativas complejas.

• La defensa del interés social y general a través de la intervención en conflictos colectivos de ámbito nacional (jurisdicción social) para salvaguardar el interés general y la estabilidad del tráfico jurídico-laboral, con independencia de la existencia de intereses particulares.

El ejercicio 2025 ha puesto de manifiesto una serie de condicionantes en la actividad de la Fiscalía de la AN en estos dos ámbitos jurisdiccionales que requieren una reflexión estratégica:

• La creciente complejidad y el carácter cambiante del marco legal contencioso y social exigen un esfuerzo constante de actualización doctrinal y una especialización técnica de alto nivel por parte de los fiscales adscritos.

• La elevada litigiosidad y la sobrecarga de procedimientos ante la AN demandan una gestión optimizada de los tiempos de respuesta para evitar dilaciones en la defensa del interés público.

• Se constata, finalmente, la necesidad de dotar a esta sección de recursos técnicos y humanos adicionales que permitan equilibrar la carga de trabajo con la excelencia procesal que requiere este órgano.