8.4 Relaciones con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, otras instituciones y organismos públicos y privados

Las relaciones con las unidades y grupos de policía judicial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se han visto intensificadas durante el año memorial por la concurrencia de diversos factores. El primero y principal viene determinado por la creciente complejidad de este fenómeno criminal en el que generalmente se encuentran implicadas organizaciones o grupos criminales que hacen necesaria la intervención de la Fiscalía para coordinar las investigaciones de los diferentes cuerpos policiales, tanto nacionales como internacionales, con el objetivo de facilitar e impulsar su progresión y el resultado efectivo de las mismas. También en el 2024 se han incrementado los contactos y reuniones de colaboración y coordinación con los servicios de información de los citados cuerpos policiales al constatarse, cada vez con más frecuencia, la utilización del ciberespacio para la planificación de ataques informáticos u otro tipo de actividades delictivas que atentan o ponen en riesgo la actividad de infraestructuras críticas o de determinadas instituciones u organismos públicos y, por ende de la seguridad del Estado, cuya defensa se integra en el marco de competencias de dichos servicios de información.

En el ámbito territorial, los delegados dan cuenta en sus memorias de unas relaciones fluidas y constantes con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de sus respectivas provincias. Buen ejemplo de ello son los comentarios de los delegados de A Coruña, León, Almería, Barcelona, Sevilla o Valencia, que destacan la dedicación de las autoridades policiales y la habitual dación de cuentas al Ministerio Fiscal de aquellas investigaciones que resultan más complejas, así como la remisión periódica de una relación pormenorizada de atestados incoados con indicación, en su caso, de si han sido o no judicializados. Esta práctica está favoreciendo la obtención de información sobre los procedimientos en curso; el control de las solicitudes policiales que se efectúan ante los órganos judiciales, y en su caso, la oportunidad de valorar la reclamación de aquellos atestados archivados en dependencias policiales cuando así se estime necesario, en aplicación de lo establecido en el artículo 284.2.c de la LECrim, a efectos de la incoación de diligencias de investigación penal. En cierta medida, este habitual traslado de información está contribuyendo a paliar las deficiencias de las aplicaciones de registro informático, a las que anteriormente nos referíamos y que tanto dificultan la localización de los procedimientos relativos a hechos competencia de nuestra área de especialización. No obstante, en algunas provincias y por razones atribuibles a la organización interna de las FFCC, el citado traslado no diferencia entre los atestados que están o no judicializados, en cuyo caso dicha distinción ha de hacerse manualmente por quien ejerce la delegación en la provincia, tal y como comenta la delegada de Zaragoza.

A nivel nacional, han aumentado las ya numerosas reuniones de las integrantes de esta Unidad con los responsables de las unidades policiales, que se articulan por medio de las Oficinas de Enlace con Policía Nacional y Guardia Civil ubicadas en nuestra sede. Al respecto, nos felicitamos por la circunstancia de que en el mes de noviembre del pasado año en la Unidad Especializada se pusiera en funcionamiento una nueva Oficina de Enlace, esta vez con los Mossos d´Esquadra, novedad que está potenciando nuestras relaciones con ese cuerpo policial al tiempo que propicia sinergias y una mejor coordinación de operaciones con la propia Fiscalía y con los restantes cuerpos policiales.

La presencia de Oficinas de Enlace en nuestra sede ofrece importantes ventajas: en primer término posibilita el conocimiento y seguimiento continuo y actualizado de las investigaciones tecnológicas más relevantes –particularmente de aquellas que asumen directamente las unidades policiales con competencia en todo el territorio del Estado– y también de los problemas que se generan con ocasión de las mismas, circunstancia que favorece el análisis conjunto de dichas situaciones y el estudio técnico-jurídico de las soluciones más adecuadas. Igualmente, su intervención resulta esencial para canalizar una acción coordinada frente al creciente volumen de operaciones de carácter trasnacional en las que se encuentran involucrados diversos cuerpos policiales y que con frecuencia requieren el auxilio de Eurojust o, en su caso, de las redes judiciales o policiales de cooperación internacional. Finalmente, y al margen de la colaboración relativa a operaciones específicas, el trabajo de las Oficinas de Enlace es también extraordinariamente útil para analizar, desde la doble visión técnica y jurídica, las nuevas formas de cibercrimen, los principales problemas detectados en su investigación y en la obtención de las evidencias precisas para su persecución penal, así como también para valorar la conveniencia de reformas legislativas en relación con ello.

Los contactos periódicos con representantes de instituciones públicas y privadas con responsabilidad en este ámbito, a fin de intercambiar experiencias, información, y planificar o desarrollar actividades formativas, se han seguido desarrollando de forma habitual durante el año 2024. Tal es el caso de las diversas reuniones y actuaciones llevadas a efecto para agilizar la aplicación de los compromisos adquiridos por el Ministerio Fiscal en el Convenio de colaboración para mejorar los procesos de detección, persecución penal y retirada de contenidos sobre abuso sexual contra personas menores edad en la red, en virtud del cual el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) nos da traslado de los reportes sobre contenidos CSAM que recibe a través de la red internacional INHOPE. Estas reuniones han contado también con la participación de los cuerpos policiales encargados de la investigación de las correspondientes denuncias, así como de la Oficina de Coordinación en Ciberseguridad (OCC) a la que ha de agradecerse su disponibilidad y el apoyo prestado a dicho fin.

No menos importante es el seguimiento de los incidentes de seguridad que son notificados a esta Unidad por la propia OCC en cumplimiento de lo establecido en el artículo 14.3 del RDL 12/2018, de 7 de septiembre, comunicaciones que nos permiten valorar la trascendencia delictiva de dichos incidentes y, en su caso, la procedencia del traslado de actuaciones a la autoridad judicial competente, y por ende, la posibilidad de ofrecer una respuesta desde el derecho penal frente a estos comportamientos que constituyen serias amenazas para el mantenimiento de la seguridad en el ciberespacio. Muy vinculada a ese mismo objetivo se encuentra la labor que realizan la Fiscal de Sala y una de las Fiscales adscritas como integrantes de los distintos grupos de trabajo creados en el marco del Foro Nacional de Ciberseguridad y coordinados por la Secretaría de Estado de Seguridad. En estos grupos de trabajo se aborda, entre otros asuntos, la posible incidencia de la difusión de noticias falsas o tergiversadas o de determinadas agresiones informáticas en el normal funcionamiento del orden social, así como las posibilidades de actuación para minimizar sus consecuencias.

En el marco del Acuerdo interinstitucional para colaborar en la lucha contra el racismo, la xenofobia, la LGBTIfobia y otras formas de intolerancia se ha continuado con la labor que corresponde a esta Unidad como Punto de Contacto para la ejecución del Protocolo para Combatir el Discurso de Odio Ilegal en Línea y también con nuestra habitual participación en las reuniones semestrales de la Comisión de Seguimiento, a las que asistimos junto con el Fiscal de Sala de Delitos de Odio y Discriminación. La implicación de la Unidad en este ámbito se extiende a los grupos de trabajo y a las diversas actividades docentes relacionadas con la actuación frente al discurso de odio online.

Asimismo, han sido frecuentes las reuniones, encuentros y la organización conjunta de actividades formativas con distintos organismos y entidades de carácter público, entre ellos, el Departamento de Seguridad Nacional, el Banco de España, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Defensor del Pueblo, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y diversas instituciones docentes de carácter universitario. De entre estas últimas ha de destacarse la importante colaboración que un año más nos ha prestado la Universidad Politécnica de Alcalá de Henares para la celebración de una nueva edición de las Jornadas de Investigación Tecnológica orientadas a mejorar la capacitación de los fiscales en esta materia. En el mismo orden de cosas, ha de agradecerse especialmente el continuo apoyo que nos presta el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) en la formación de fiscales, particularmente en la celebración de las Jornadas de Especialistas y en la organización de un track para miembros del Ministerio Fiscal con ocasión del «Summer Bootcamp», actividad de carácter internacional que anualmente organiza esta institución en su sede de León y que reúne a expertos y autoridades judiciales y policiales de un número significativo de países ubicados en distintos marcos geográficos. Igualmente, se han mantenido contactos con empresas y organizaciones del sector privado, entre ellas diversas entidades bancarias, operadores de comunicaciones como Telefónica, entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, plataformas proveedoras de servicios como Meta (Facebook/Instagram), Google/Youtube, TikTok, MatchGroup –como entidad de gestión de Tinder, Hinge, Meetic, Plenty of Fish, OkCupid, Azar y Ourtime–, algunos colegios profesionales, particularmente de la abogacía, y diversas ONGs tales como Save the Children o la Fundación ANAR. En este capítulo ha de mencionarse el premio otorgado a la Unidad de Criminalidad Informática de la FGE por la empresa española OnRetrieval, especializada en recuperación de datos, ciberseguridad, informática forense, y ciberinteligencia, en reconocimiento a nuestra labor, dedicación y compromiso con la ciudadanía. En el ámbito internacional, la Fiscal de Sala ha seguido desempeñando su labor como representante española, por designación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en el T-CY de la Convención de Budapest del Consejo de Europa, participando activamente en las reuniones semestrales del Plenario de dicha Convención y cumplimentando los cuestionarios que periódicamente se preparan a efectos de ulteriores trabajos de este organismo. Así, en los últimos meses se ha completado por la Unidad un interesante cuestionario sobre incautación de criptoactivos, contando para ello con la colaboración de investigadores expertos en esta materia pertenecientes a los diversos cuerpos policiales. Nuestra aportación, junto con la de los otros países miembros de la Convención, contribuirá al estudio que se está preparando sobre esta materia por el T-CY con la finalidad de mejorar la formación y las capacidades de las autoridades de los Estados Miembro en relación con ello. También, y en el marco de las actividades del Consejo de Europa, la Fiscal de Sala intervino como experta, a petición de dicho organismo, en las Jornadas celebradas en Cartagena de Indias (Colombia) con la colaboración del PacCto y la AECID, en las que participaron representantes gubernamentales y judiciales de distintos países latinoamericanos. El objetivo de este encuentro fue el de impulsar la implementación del Segundo Protocolo Adicional a la Convención de Budapest en los países de dicho marco geográfico. Como complemento de la citada actividad, la Fiscal de Sala también tomó parte en el taller de alto nivel, convocado por el mismo organismo y celebrado en Bogotá con intervención de importantes autoridades del Gobierno y el Poder Judicial de la República de Colombia, con la finalidad de promover y apoyar las modificaciones legislativas necesarias para completar la adecuación de la legislación de dicho país a las directrices de la Convención de Budapest.

En idéntica línea es de interés destacar la participación de la Fiscalía española en la actividad celebrada en la sede de Eurojust en La Haya, coorganizada por dicha institución y el Consejo de Europa, a la que asistieron representantes de países de los cinco continentes. Su objetivo fue analizar el contenido y alcance del artículo 27 de la Convención de Budapest –relativo al traslado espontáneo de información– así como la valoración de sus posibilidades en orden a facilitar una mayor colaboración transnacional en la lucha contra el cibercrimen. Los resultados de dicha reunión han dado lugar a la preparación de una Nota de Interpretación que será objeto de debate en la próxima reunión del T-CY de la Convención de Budapest del CoE.

También ha de reseñarse nuestra colaboración en el Encuentro Iberoamericano sobre el Combate de la Ciberdelincuencia, que tuvo lugar en Santo Domingo, con el propósito de apoyar la capacitación de los profesionales de la Judicatura, Ministerio Fiscal y Cuerpos Policiales en la prevención y persecución de los ciberdelitos y la protección de sus víctimas, así como para fomentar la cooperación entre las autoridades judiciales y policiales entre ambos países.

Respecto a nuestra actuación ante los organismos de la Unión Europea, la Unidad Especializada sigue brindando su colaboración a la REPER en los trabajos en curso para la modificación de la Directiva 2011/93 relativa a la lucha contra los abusos y la explotación sexual de los menores y acciones relativas a material CSAM, a fin de adecuar su texto a las nuevas formas de agresión vinculadas a los avances tecnológicos y en particular al uso de los sistemas de inteligencia artificial (IA) con dicho objetivo.

En relación con la Red Judicial Europea contra el Cibercrimen (EJCN) la Fiscal adscrita designada como Punto de Contacto ha participado en los Plenarios de las dos convocatorias efectuadas en el año memorial, así como en las diversas actividades de capacitación celebradas online a propuesta de la citada red y con el apoyo de Eurojust.

De igual modo, los puntos de contacto de la Red Europea de Fiscales Especialistas en Propiedad Intelectual (EIPPIN) tomaron parte en la reunión de la EIPPNWIPO «International Workshop on IP Crime Prosecution» celebrada en Ginebra y asistieron online a diversos webinarios relacionados con esta materia.

Otra novedad de especial importancia en 2024 en las relaciones de esta Unidad Especializada con Eurojust ha sido la designación de una de sus miembros como corresponsal nacional para asuntos de ciberdelincuencia, publicada en el BOE de 21 de octubre del pasado año, que contribuirá, sin duda alguna, a reforzar nuestra capacidad de coordinación con dicho organismo internacional.

Para finalizar hemos de hacer referencia a la frecuente participación de las/los especialistas en diversos programas y/o proyectos impulsados tanto por la Unión Europea como por la AECID y otras instancias internacionales, para propiciar una mayor eficacia en la lucha contra la ciberdelincuencia. Tal es el caso de las actividades online convocadas por la CiberRed –integrada por los Ministerios Públicos de los países integrantes de AIAMP– en las que participaron los puntos de contacto del área de especialización, o también la participación de las integrantes de la Unidad y otros fiscales especialistas en el «Seminario Internacional de Jefes de Unidades de lucha contra el cibercrimen de Países Latinoamericanos» celebrado en Madrid y organizado por la Jefatura de información de la Guardia Civil.

Por último, en el marco de las actividades promovidas por EL PAcCTO –programa de cooperación internacional financiado por la UE contra el Crimen Transnacional Organizado para mejorar la capacitación tanto de los miembros del Ministerio Fiscal y de las Procuradurías de los países de América Latina– cabe destacar la colaboración como experto del delegado de Tenerife, en el proyecto destinado a la elaboración de una Guía de Investigación, Prueba y Jurisprudencia sobre el Tráfico de Material y Abuso Sexual Infantil (CSAM).