4.18 Consideraciones y valoraciones de interés en los distintos supuestos competencia de esta Fiscalía de la Audiencia Nacional y del órgano judicial donde se residencia

4.18.1 Terrorismo

Durante un extenso período, el terrorismo ha constituido el núcleo principal de las competencias asignadas a este órgano judicial, el cual, además, ha sido responsable de la investigación y persecución de redes criminales de gran envergadura y delitos socioeconómicos de notable trascendencia social. No obstante, el terrorismo, debido a sus características intrínsecas, ha destacado como el aspecto más visible, al representar un ataque directo no solo al sistema constitucional de convivencia democrática, sino también a valores fundamentales consagrados en la legislación internacional, tales como la vida, la dignidad humana y la diversidad.

El Estado, a través de sus organismos especializados en el análisis de este fenómeno, ha llevado a cabo evaluaciones continuas con el fin de determinar las estrategias más eficaces para combatirlo garantizando, en todo momento, el respeto a los derechos y libertades, pilares inalienables de nuestra sociedad.

En este contexto, la acción conjunta de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, junto con la labor de jueces y fiscales, ha permitido la erradicación de fenómenos terroristas endémicos en nuestro país, que han infligido un profundo daño y sufrimiento. Se logró la desarticulación de los GRAPO y, de manera crucial, la derrota de la organización terrorista ETA, empleando la ley como instrumento esencial de respuesta. De igual forma, se ha desmantelado a los Grupos de Resistencia Gallega.

En la actualidad, en esta categoría, persiste únicamente el terrorismo yihadista, que presenta características distintas y, por consiguiente, requiere sistemas de lucha y estrategias de afrontamiento diferenciadas del que conocemos como terrorismo nacional.

La coordinación antiterrorista tiene como objetivo establecer criterios de actuación para los fiscales en las áreas de prevención, investigación, instrucción y juicio oral, así como promover reuniones operativas para el análisis de amenazas presentes y futuras. Como se indicó en memorias precedentes, se ha implementado un sistema de archivos para el almacenamiento de información relacionada con el terrorismo, el cual facilita la obtención de datos estadísticos, la elaboración de perfiles de investigados, la identificación de vínculos entre investigaciones, el seguimiento de la evolución de operativos y el análisis de jurisprudencia relativa a los nuevos tipos penales específicos.

Durante 2024 no se han registrado en nuestro país actuaciones terroristas con víctimas, lo que pone de manifiesto la alta especialización y eficacia de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad.

El terrorismo, junto con la radicalización y el extremismo violento, se manifiesta como un fenómeno dinámico y mutable, que ha experimentado una profunda transformación en los últimos años. Se ha transitado de un terrorismo de origen nacional a uno de carácter internacional. Mientras que el primero ha sido neutralizado a través de la acción policial y judicial, el segundo, debido a su naturaleza global e interconectada, se ha consolidado como la principal amenaza terrorista.

El siguiente gráfico ilustra el número de detenidos en terrorismo internacional y yihadismo en España y en el extranjero, lo que evidencia la constante profesionalidad de los cuerpos policiales en la lucha contra esta lacra.

Lucha contra el terrorismo internacional

	2020	2021	2022	2023	2024
	01/01 31/12	01/01 31/12	01/01 31/12	01/01 17/08	01/01 31/12
Detenidos terrorismo yihadista	38	40	53	29	88
En España	37	39	46	19	81
En otros países	1	1	7	10	7
Detenidos otros grupos terroristas	4	5	1	3	9

Total detenidos terrorismo yihadista	Total detenidos otros grupos terroristas
178	20

Lucha contra el terrorismo yihadista

Años	Núm. de operaciones en España	Núm. de detenidos en España	Núm. de operaciones en otros países	Núm. de detenidos en otros países
(desde atentados 11M) 2004	9	131
2005	11	92
2006	9	59
2007	19	51
2008	11	62
2009	10	40
2010	5	12
2011	12	17
2012	5	8
2013	8	20	2	4
2014	13	36	7	27
2015	36	75	8	27
2016	36	69	5	7
2017	52	76	6	10
2018	23	29	8	32
2019	32	58	7	10
2020	23	37	1	1
2021	22	39	1	1
2022	27	46	4	7
2023	43	78	6	13*
2024	49	81	4	7
Totales	455	1.116	59	146

* «Los datos relativos a 2023 reflejados en la tabla no son coincidentes con los publicados en el texto memorial del año pasado respecto a ese periodo temporal, respondiendo la discordancia a que los mismos no estaban actualizados cuando fueron recopilados del enlace del Ministerio del Interior».

Esta tipología delictiva demanda un paradigma de lucha renovado, que integre los conocimientos adquiridos hasta la fecha (y que posibilitaron la derrota y disolución de ETA), con los recursos avanzados que la tecnología proporciona, permitiendo perfeccionar técnicas de información y operativas. No obstante, este nuevo escenario no puede ni debe circunscribirse exclusivamente al ámbito nacional, sino que, en virtud de nuestra integración en la Unión Europea, debe involucrar a esta y a sus Estados miembros. Se considera que los fundamentos de la lucha contra estos delitos deberían estructurarse en torno a cuatro pilares:

1. La prevención, que desarrolle las líneas estratégicas necesarias para detectar e impedir la aparición, desarrollo y expansión del terrorismo y de los extremismos violentos, abordando sus causas subyacentes.

2. La protección, que configure las líneas básicas precisas para salvaguardar la seguridad y protección de la sociedad, los ciudadanos, las instituciones e intereses nacionales, reduciendo la vulnerabilidad de los objetivos potencialmente sensibles frente al terrorismo y al extremismo violento.

3. La persecución, que establezca las líneas principales de actuación para la detección e investigación de los terroristas y extremistas violentos, impidiendo la planificación y ejecución de sus acciones, actuando también contra sus redes de apoyo, logística y financiación, y garantizando su puesta a disposición judicial.

4. La preparación de la respuesta, orientada a minimizar las consecuencias de una acción terrorista, asegurando el máximo apoyo a las víctimas, reparando el daño infligido y restableciendo la normalidad mediante la ejecución de acciones y planes previstos para una pronta recuperación, extrayendo las lecciones aprendidas a fin de optimizar futuras acciones de respuesta.

A modo de conclusión, se trasladan una serie de reflexiones que pueden servir como punto de partida en las venideras intervenciones, a saber:

1. La radicalización yihadista en España se ha caracterizado por un rejuvenecimiento de los individuos radicalizados.

2. Los entornos virtuales han desempeñado un papel fundamental como catalizadores del proceso de radicalización.

3. Los conflictos internacionales y las crisis geopolíticas han ejercido una notable influencia en la radicalización yihadista en España.

4. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha enfocado su lucha contra esta tipología delictiva en el ‘discurso del odio’, especialmente en las redes sociales.

5. Comportamientos que enaltecen o justifican actos terroristas no deben resultar amparados en derechos fundamentales como la libertad de expresión o ideológica.

6. Para que un discurso sea penalmente relevante, debe constituir una incitación, al menos indirecta, a la violencia.

7. Un discurso penalmente relevante debe generar una situación de riesgo para las personas o derechos de terceros, o para el propio sistema de libertades.

8. La lucha contra el terrorismo exige un enfoque multidimensional que incluya tanto medidas de seguridad como estrategias de prevención y desradicalización.

9. La cooperación internacional es indispensable para combatir eficazmente el terrorismo yihadista.

10. Es necesario un equilibrio entre las medidas de seguridad y el respeto a los derechos fundamentales para asegurar una lucha eficaz contra el terrorismo.

4.18.2 Evolución de la delincuencia socioeconómica, trata de seres humanos y delitos de jurisdicción internacional en España en 2024

Como se ha señalado en memorias precedentes y conviene reiterar en esta, un porcentaje significativo de estos delitos, subsumibles en el apartado c) del artículo 65.1 LOPJ son tramitados por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en su calidad de órgano del Ministerio Fiscal integrado en la estructura del citado tribunal y, por ende, competente para intervenir en los procesos por hechos tipificados como «defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que tengan grave repercusión para la seguridad del tráfico mercantil, o para la economía nacional, o causen un perjuicio patrimonial a una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia».

Otro porcentaje, de mayor repercusión mediática debido a su trascendencia sociopolítica es tramitado por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, ya sea por haber intervenido previamente en la fase de diligencias de investigación, o por haber sido asignados expresamente por el FGE en virtud de lo dispuesto en el artículo 19.4 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Esta posible doble atribución a dos órganos especiales encuentra su cauce de distribución en los mecanismos internos de la Fiscalía, específicamente en la Instrucción 1/1996, de 15 de enero, sobre competencias y organización de la Fiscalía especial para la represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción.

Estadísticas comparativas con las otras fiscalías especiales

	Fiscalía AN	Fiscalía Antidroga	Fiscalía Anticorrupción	Total
Diligencias Previas	703	50	30	783
	89,78%	6,39%	3,83%

Terrorismo	Falsificación moneda y tarjeta de crédito	Patrimoniales y socioeconómicos	Injurias contra la Corona	Otros
197	3	294	3	206

Descontado el terrorismo, las causas de orden socioeconómico atribuidas a la Fiscalía de la Audiencia Nacional suponen un 37,93% de todas las diligencias previas incoadas en la Audiencia Nacional (297 de 783), a las que hay que sumar (como se ha explicitado al inicio de esta memoria) todas las demás competencias de la Fiscalía de la AN, lo que eleva el porcentaje de lo tramitado por nuestra fiscalía al 89,78%.

Se procede a continuación, mediante un mero esbozo, a la exposición de los fenómenos delictivos abordados por esta Fiscalía, aportando su contexto, su evolución y desafíos:

4.18.2.1 Delincuencia socioeconómica

1. Contexto

La crisis económica y social ha impactado en el aumento de este tipo de delincuencia, incluyendo delitos como:

– Estafas: fraudes online, inversiones piramidales, phishing.

– Apropiación indebida: desvío de fondos por parte de empleados o administradores.

– Delitos contra la propiedad intelectual: piratería, falsificaciones.

– Blanqueo de capitales: ocultación del origen de fondos ilícitos.

2. Evolución en 2024, se detectan las siguientes notas:

– Los delitos relacionados con criptomonedas y activos digitales han experimentado un aumento exponencial, presentando desafíos para la investigación y persecución.

– Se observa un incremento sustancial de fraudes electrónicos y estafas en línea, con sofisticación creciente en técnicas de phishing y malware.

– Una mayor incidencia en los sectores más vulnerables: las personas de avanzada edad y los colectivos en situación de precariedad son los más afectados.

3. Desafíos:

– Dificultad para la investigación y persecución de estos delitos.

– Adaptación de las estrategias de prevención a las nuevas tecnologías.

4. Impacto de la globalización:

– La globalización económica facilita la comisión de delitos transfronterizos, lo que exige una mayor coordinación internacional en la investigación y persecución.

– Se constata un aumento en la delincuencia económica organizada con ramificaciones en diversos países y diversos sectores económicos.

5. Adaptación legislativa y judicial:

– La respuesta legislativa y judicial se ha enfocado en la actualización de normativas para abordar los nuevos desafíos de la delincuencia socioeconómica.

– Se observa un esfuerzo por fortalecer la especialización de jueces y fiscales en la investigación y persecución de delitos económicos complejos.

4.18.2.2 Trata de seres humanos

1. Evolución de la Trata de Seres Humanos en 2024:

– Aumento de la explotación laboral:

• Se observa un incremento significativo en casos de trata con fines de explotación laboral, especialmente en sectores como la agricultura, la construcción y el servicio doméstico.

• La precariedad laboral y la economía sumergida facilitan la ocultación de estas prácticas.

– Expansión de la explotación sexual en entornos digitales:

• Las redes sociales y plataformas en línea se han convertido en herramientas clave para la captación y explotación sexual de víctimas.

• La pornografía en línea y el cibersexo presentan nuevos desafíos para la detección y persecución de estos delitos.

– Mayor diversidad de víctimas:

• Se constata una mayor diversidad en el perfil de las víctimas, incluyendo a hombres, mujeres y niños de diversas nacionalidades.

• Existe un aumento en la trata de menores, y en la utilización de estos para la comisión de delitos.

2. Incremento de la Trata con fines de criminalidad forzada:

– Las organizaciones criminales utilizan cada vez más la trata para forzar a las víctimas a cometer delitos, como el tráfico de drogas o la falsificación de documentos.

– Este tipo de trata presenta una gran dificultad a la hora de ser detectada y perseguida.

3. Mayor visibilidad y denuncia:

– Las campañas de sensibilización y la mayor concienciación social han contribuido a un aumento en la denuncia de casos de trata.

– El aumento de las denuncias no significa necesariamente un aumento de los delitos, sino una mayor visibilidad de los mismos.

4. Desafíos y dificultades:

4.1 Complejidad de la investigación transnacional:

– Las redes de trata operan a nivel internacional, lo que dificulta la investigación y la cooperación entre países.

– La obtención de pruebas y la identificación de las víctimas en otros países presentan obstáculos significativos.

4.2 Dificultad en la identificación de víctimas:

– Las víctimas suelen estar sometidas a un fuerte control y manipulación, lo que dificulta su identificación y la obtención de su testimonio.

– El miedo a represalias y la falta de confianza en las autoridades son obstáculos adicionales.

4.3 Falta de recursos especializados:

– La lucha contra la trata requiere recursos especializados, incluyendo personal policial, judicial y de apoyo a las víctimas.

– La falta de recursos y la necesidad de formación continua dificultan la eficacia de la respuesta.

4.4 Vacíos legales y dificultades en la persecución penal:

– La legislación debe adaptarse a las nuevas formas de trata y garantizar una persecución penal efectiva.

– La obtención de condenas y la reparación del daño a las víctimas son desafíos importantes.

4.5 Necesidad de una mayor coordinación interinstitucional:

– La lucha contra la trata requiere la colaboración de diversas instituciones, incluyendo fuerzas de seguridad, servicios sociales y organizaciones no gubernamentales.

– La falta de coordinación y la fragmentación de la respuesta dificultan la eficacia de las acciones.

4.18.2.3 Delitos de jurisdicción internacional

1. Contexto:

España tiene competencia para investigar y perseguir delitos de jurisdicción internacional (en los términos indicados en párrafos anteriores de conformidad a lo dispuesto en la LOPJ) como:

– Genocidio: exterminio sistemático de un grupo nacional, étnico o religioso.

– Crímenes de lesa humanidad: ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil.

– Crímenes de guerra: graves infracciones del derecho internacional humanitario cometidas en un conflicto armado.

2. Evolución en 2024:

– Investigaciones abiertas: se continúan las investigaciones abiertas en años anteriores por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Su lenta tramitación responde a la necesidad de la cooperación internacional, que en ocasiones es burocrática y está sometidas a los avatares políticos de los países a donde se tramitan, que suelen ser donde se cometieron los hechos.

– Cooperación internacional: se ha reforzado la colaboración con otros países para la persecución de estos delitos. Así puede verse en las relaciones establecidas entre distintos Estados para investigar los crímenes cometidos con ocasión de la invasión de Ucrania.

3. Desafíos:

– Limitaciones legales y jurisprudenciales:

• Las reformas legislativas han restringido el alcance de la jurisdicción universal en España, exigiendo vínculos de conexión más fuertes con el territorio español.

• La interpretación restrictiva de estos vínculos por parte de los tribunales dificulta la instrucción de casos complejos.

– Dificultades en la recopilación de pruebas:

• La investigación de delitos cometidos en otros países presenta desafíos logísticos y diplomáticos para la obtención de pruebas.

• La falta de cooperación de algunos Estados dificulta la recopilación de testimonios y documentos.

– Complejidad de los casos:

• Los delitos de jurisdicción universal suelen involucrar crímenes de lesa humanidad, genocidios y crímenes de guerra, que requieren una investigación exhaustiva y especializada.

• La complejidad de estos casos exige una gran cantidad de recursos y conocimientos especializados.

– Necesidad de cooperación internacional:

• La eficacia de la jurisdicción universal depende de la cooperación con otros países y organismos internacionales.

• La falta de cooperación y la disparidad en los sistemas legales dificultan la investigación de los hechos.

4.18.2.4 Conclusiones y propuestas de mejora

1. Delincuencia socioeconómica:

– Reforzar la formación de las fuerzas de seguridad, de jueces, fiscales y magistrados en la investigación de estos delitos.

– Implementar medidas para la protección de las víctimas y la recuperación de los daños causados.

– Fomentar la cooperación público-privada para la prevención de estos delitos.

– Establecer una unidad dentro de la Audiencia Nacional con expertos en informática forense, análisis de datos y criptomonedas. Esta unidad colaboraría con otros organismos nacionales e internacionales para investigar y perseguir delitos financieros en línea.

– Desarrollar campañas de educación y sensibilización dirigidas a la ciudadanía y a los profesionales del sector financiero sobre los riesgos de los delitos económicos.

2. Trata de seres humanos:

– Incrementar la inversión en campañas de sensibilización y prevención.

– Mejorar la coordinación entre las diferentes administraciones implicadas.

– Fortalecer la asistencia y protección integral a las víctimas, estableciendo un fondo para proporcionarles asistencia integral, incluyendo alojamiento, atención médica, apoyo psicológico y asesoramiento legal. Este fondo se financiaría con fondos públicos y donaciones privadas.

– Colaborar con las plataformas en línea para identificar y eliminar contenidos relacionados con la trata de seres humanos, como anuncios de explotación sexual.

– Desarrollar campañas de sensibilización dirigidas a colectivos vulnerables, como migrantes y personas en situación de pobreza, sobre los riesgos de la trata de seres humanos.

– Establecer acuerdos de cooperación con países de origen y tránsito de víctimas de trata para intercambiar información, repatriar víctimas y perseguir a los traficantes.

– Apoyar proyectos de desarrollo en países de origen para abordar las causas de la trata.

3. Delitos de jurisdicción internacional:

– Ratificación de los instrumentos internacionales.

– Modificar la legislación para establecer criterios claros y precisos sobre la aplicación de la jurisdicción universal.

– Garantizar que la legislación sea compatible con el derecho internacional y los tratados de derechos humanos.

– Promover la cooperación con la Corte Penal Internacional en la investigación y persecución de delitos de lesa humanidad, genocidios y crímenes de guerra.

– Apoyar la labor de la Corte Penal Internacional en la lucha contra la impunidad.

– Desarrollar programas de formación especializados para jueces y fiscales sobre derecho penal internacional, derechos humanos y derecho humanitario.

– Promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas con otros países.

4.18.2.5 La ciberdelincuencia

Este apartado se trata de forma independiente por cuanto es transversal a los delitos anteriormente expuestos. A través de la ciberdelincuencia se cometen delitos de terrorismo (hoy en día el mundo ciber es donde se produce la mayoría de los hechos detectados como de terrorismo yihadista e internacional) y además constituye el medio ideal para concebir y llevar a cabo toda una serie de delitos relacionados con la economía y el patrimonio.

A lo largo del año 2024 se han tramitado diversos procedimientos por delitos de ciberterrorismo del artículo 573.2 CP y por ciberdelitos contra Instituciones del Estado. Casi todos los procedimientos se encuentran en fase de investigación y la mayoría están bajo el secreto de las actuaciones. Respecto a años anteriores, se ha producido un incremento de este tipo de infracciones penales que afectan a las estructuras esenciales del Estado y lo ponen en peligro, atacando el funcionamiento político y económico del mismo. El aumento de estos ataques ha propiciado que, en los respectivos servicios de información de la Guardia Civil y la Policía Nacional, así como de las policías autonómicas con competencias en esta materia, se hayan creado Unidades especiales de Ciberterrorismo con la finalidad de perseguir eficazmente esta tipología delictiva.

4.18.2.5.1 Evolución de la Ciberdelincuencia en 2024

– Sofisticación de los ataques:

• Se observa un incremento en la complejidad de los ciberataques, con el uso de inteligencia artificial y aprendizaje automático para la creación de malware y phishing más sofisticados.

• Los ataques de ransomware se han vuelto más selectivos y dañinos, dirigidos a infraestructuras críticas y empresas con alta capacidad de pago.

– Expansión del cibercrimen transnacional:

• Las redes de cibercrimen operan a nivel global, lo que dificulta la identificación y persecución de los responsables.

• La utilización de criptomonedas y la deep web facilitan el anonimato y la ocultación de las actividades delictivas.

– Aumento de la ciberdelincuencia en dispositivos móviles:

• El uso masivo de dispositivos móviles ha generado nuevas vulnerabilidades, con un aumento en los ataques de malware y phishing dirigidos a los mismos.

• Los delitos relacionados con la suplantación de identidad y el robo de datos personales en aplicaciones móviles han experimentado un crecimiento significativo.

4.18.2.5.2 Delitos en aumento

– Fraude electrónico y estafas en línea:

• El phishing, el pharming y otras técnicas de ingeniería social se utilizan para obtener información personal y financiera de las víctimas.

• Las estafas en línea relacionadas con la venta de productos y servicios falsos han aumentado considerablemente.

– Ransomware y ataques a Infraestructuras críticas:

• Los ataques de ransomware se han vuelto más frecuentes y dañinos, afectando a hospitales, instituciones gubernamentales y empresas de servicios públicos.

• Los ataques a infraestructuras críticas, como redes eléctricas y sistemas de transporte, representan una grave amenaza para la seguridad nacional.

– Delitos relacionados con criptomonedas:

• El fraude y el robo de criptomonedas han aumentado debido a la falta de regulación y la volatilidad de estos activos.

• El blanqueo de capitales a través de criptomonedas representa un desafío para las autoridades.

4.18.2.5.3 Nuevos delitos

– Deepfakes y desinformación:

• La creación y difusión de deepfakes, vídeos y audios manipulados, se utiliza para la difamación, la extorsión y la desinformación.

• La manipulación de la información en línea representa una amenaza para la democracia y la estabilidad social.

– Delitos relacionados con el metaverso:

• El desarrollo del metaverso ha generado nuevas formas de delitos, como el robo de identidad virtual y el fraude en la compraventa de bienes virtuales.

• La falta de regulación en estos entornos virtuales dificulta la persecución de estos delitos.

– Ataques a la inteligencia artificial:

• Se han detectado ataques dirigidos a sistemas de inteligencia artificial, ya sea para manipular sus resultados, o para robar los datos con los que han sido entrenados.

• Esta tipología de delitos presenta una gran complejidad a la hora de ser investigados.

4.18.2.5.4. Vulnerabilidad del sistema legal español

– Falta de especialización y recursos:

• La investigación y persecución de delitos cibernéticos requieren conocimientos especializados y recursos tecnológicos avanzados.

• La falta de personal especializado y la obsolescencia de los equipos dificultan la eficacia de la respuesta judicial.

– Dificultad en la recopilación de pruebas digitales:

• La volatilidad y la naturaleza transfronteriza de las pruebas digitales dificultan su obtención y conservación.

– Legislación desactualizada:

• La legislación española necesita adaptarse a las nuevas formas de cibercrimen y garantizar una persecución penal efectiva.

• La falta de armonización con la legislación internacional dificulta la cooperación y la persecución de delitos transfronterizos.

– Falta de cooperación internacional efectiva:

• Aunque existe cooperación internacional, esta no es lo suficientemente ágil como para perseguir a los delincuentes que operan en diferentes países y que se escudan en la lentitud de los procesos internacionales.

4.18.2.5.5 Conclusiones y propuestas

– Refuerzo de la especialización judicial y fiscal:

• Formación continua en informática forense, derecho digital y criptomonedas a magistrados, jueces, fiscales y personal adscrito a la administración de justicia de la Audiencia Nacional.

• Implementación de programas de formación obligatorios y periódicos para jueces, fiscales y funcionarios judiciales sobre las últimas tendencias en ciberdelincuencia y las técnicas de investigación más avanzadas.

– Modernización de la legislación penal y procesal:

• Actualización del Código Penal para incluir nuevos tipos delictivos relacionados con el metaverso, la inteligencia artificial y la manipulación de la información en línea (deepfakes).

• Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para agilizar la obtención y conservación de pruebas digitales, y para facilitar la cooperación internacional en la investigación de delitos cibernéticos transfronterizos.

– Fomento de la colaboración público-privada:

• Establecimiento de mecanismos de colaboración entre el CGPJ y la FGE y el sector privado (empresas de tecnología, proveedores de servicios de seguridad informática) para el intercambio de información y la detección temprana de ciberataques.

• Creación de un observatorio de ciberdelincuencia con participación de expertos del sector público y privado para analizar las tendencias y proponer medidas de prevención.

– Mayor inversión en recursos tecnológicos y humanos:

• Asignación de mayores recursos presupuestarios a la Audiencia Nacional para recursos humanos (magistrados y fiscales) y materiales para la adquisición de equipos informáticos forenses de última generación y para la contratación de personal técnico especializado.

• Implementación de programas de concienciación y formación dirigidos a la ciudadanía sobre los riesgos de la ciberdelincuencia y las medidas de prevención.

4.18.2.5.6 Compromiso con la seguridad digital

La creciente complejidad de la ciberdelincuencia exige un esfuerzo concertado de todos los actores sociales para salvaguardar la seguridad en el ámbito digital. La Fiscalía española, consciente de esta realidad, mantiene un firme compromiso con la protección de los ciudadanos frente a estas amenazas. Este compromiso se materializa desde la designación de una Fiscal de Sala de Criminalidad Informática en 2011 colocada al frente de una Unidad especializada que coordina la actuación de las fiscalías provinciales y promueve la unificación de criterios de actuación en todo el territorio nacional del Ministerio Fiscal, fortaleciendo de esta manera la respuesta legal frente a la ciberdelincuencia, con el objetivo de conseguir un entorno digital seguro para todos los ciudadanos.

Es preciso resaltar, que la colaboración entre los diferentes actores sociales es imprescindible para combatir de manera eficaz este tipo de delincuencia. La cooperación entre el sector público y el privado, los proveedores de servicios de internet y la ciudadanía, son indispensables para hacer frente a los desafíos que plantea la ciberdelincuencia.

a) La sección de menores de la Fiscalía

En el escenario actual, marcado por la persistente amenaza del terrorismo yihadista y el auge de la ciberdelincuencia, la protección de la sociedad, y en particular de los menores, se erige como una prioridad ineludible. En este contexto, la sección de menores de la Fiscalía de la Audiencia Nacional desempeña un papel crucial en la prevención y persecución de delitos que amenazan la seguridad nacional y la integridad de los menores.

1. La captación y radicalización en línea: una realidad apremiante

La vulnerabilidad de los menores ante la propaganda extremista y las nuevas formas de captación en línea es una preocupación creciente. Su acceso a internet y redes sociales los expone a contenidos que promueven la radicalización y el reclutamiento para actividades terroristas, así como a delitos relacionados con la ciberseguridad que ponen en riesgo la seguridad nacional.

Los grupos extremistas utilizan tácticas sofisticadas para manipular a los menores, explotando su idealismo y necesidad de pertenencia a un grupo. La difusión de narrativas simplistas y atractivas, que prometen un sentido de identidad y propósito, se realiza principalmente a través de plataformas digitales.

2. La respuesta especializada de la sección de menores

La Fiscalía, consciente de la gravedad de esta problemática, ha fortalecido sus estrategias para prevenir la radicalización y el reclutamiento de menores, así como para combatir los delitos de ciberseguridad que amenazan la seguridad nacional.

Entre sus líneas de actuación destacan:

a) Investigación y persecución de delitos de terrorismo yihadista y ciberdelitos que afectan a la seguridad nacional cometidos por menores, incluyendo la captación, el adoctrinamiento, la financiación y la participación en actividades ilícitas.

b) Colaboración con fuerzas de seguridad del Estado para detectar y prevenir la radicalización de menores y la comisión de ciberdelitos.

c) Intervención especializada con la participación de profesionales especializados, como psicólogos y educadores, para trabajar con menores radicalizados o involucrados en ciberdelitos.

3. Un enfoque integral y preventivo

La sección de menores de la Fiscalía adopta un enfoque integral que combina la investigación y persecución penal con la prevención, la sensibilización y la formación. Se hace hincapié en la reeducación y resocialización de los menores infractores.

4. Retos y desafíos en la era digital

La lucha contra el terrorismo yihadista y la ciberdelincuencia juvenil a ella relacionada, plantea desafíos complejos que requieren una respuesta multidisciplinar y constante, consolidándose por su experiencia como un actor clave en esta lucha.

5. Conclusiones y proyección futura

La sección de menores desempeña un papel esencial en la protección de los menores y la seguridad nacional. Es fundamental seguir fortaleciendo sus capacidades y la coordinación con otras instituciones.

Además, se destaca la labor de la sección en la atención de delitos cometidos por menores españoles en el extranjero, aplicando estrategias de educación y concienciación para prevenir conductas delictivas.

b) Sección de Vigilancia penitenciaria

La sección de vigilancia penitenciaria de la Fiscalía de la Audiencia Nacional desempeña un papel determinante en la lucha contra el terrorismo, asegurando el respeto a los derechos de los internos, la protección de los derechos de las víctimas y la correcta actuación de las autoridades administrativas.

La sección de vigilancia penitenciaria y la prevención del terrorismo:

Esta sección tiene encomendada la supervisión de la ejecución de penas privativas de libertad y medidas de seguridad, así como la garantía de los derechos de los internos. En el ámbito de la lucha contra el terrorismo, su labor se centra en:

1. Control y seguimiento de internos por terrorismo:

La sección supervisa el cumplimiento de las penas impuestas por delitos de terrorismo, incluyendo el régimen de prisión, las medidas de seguridad, las progresiones de grado, los permisos y las actividades de reinserción.

2. Prevención de la radicalización en prisión:

Colabora con las autoridades penitenciarias en la implementación de programas de prevención de la radicalización y detección de conductas extremistas, con especial atención a los internos condenados por terrorismo.

3. Intervención en la ejecución penal:

Interviene en los procedimientos de clasificación de los internos, permisos de salida y libertad condicional, velando por la seguridad pública y previniendo la puesta en libertad de personas que puedan suponer un riesgo terrorista.

4. Conclusiones:

La sección de vigilancia penitenciaria es un actor fundamental en la lucha contra el terrorismo, la aplicación de la ley y la protección de los derechos de las víctimas. Su labor garantiza la seguridad de la sociedad y el respeto a los derechos de los internos, por lo que es un instrumento esencial para construir una sociedad justa y segura.

La coordinación con otras instituciones es crucial para el éxito en la lucha contra el terrorismo.

Propuesta de futuro:

Para potenciar la labor de esta sección de la Fiscalía, sería interesante la adscripción a la misma de unidades especializadas (de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado) en la prevención de la radicalización y el seguimiento de internos por terrorismo. Las mismas contarían con personal altamente cualificado en materia de terrorismo, radicalización y psicología penitenciaria, y trabajarían en estrecha colaboración con las autoridades penitenciarias y la Fiscalía y los juzgados de vigilancia penitenciaria. Esta unidad permitiría una mayor eficacia en la detección y prevención de procesos de radicalización, así como un seguimiento más preciso de los internos condenados por terrorismo, minimizando el riesgo de reincidencia y garantizando la seguridad de la sociedad.

c) Jurisdicciones de lo Contencioso-administrativo y Social

La Fiscalía de la Audiencia Nacional desempeña un papel esencial en la salvaguarda del interés público en las jurisdicciones contencioso-administrativa y social. La sección especializada interviene en los procedimientos tramitados ante los juzgados y tribunales de dichos órdenes jurisdiccionales, ejerciendo las funciones que el Ministerio Fiscal tiene encomendadas en defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y el interés público tutelado por la ley, así como velando por la independencia judicial y la satisfacción del interés social (art. 124 CE).

Asimismo, participa en la jurisdicción europea compareciendo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en aquellos asuntos de su competencia que planteen cuestiones prejudiciales relevantes.

Los actos de comunicación procesal entre los órganos judiciales y la Fiscalía se han realizado a través de Lexnet, dada la ausencia de implementación de Fortuny en los órdenes contencioso-administrativo y social. Entre sus funciones destacaremos las de:

a) Garantizar el cumplimiento de la legalidad mediante la supervisión de la actuación de las Administraciones Públicas, asegurando la correcta aplicación del ordenamiento jurídico.

b) Proteger los derechos e intereses ciudadanos, defendiendo los derechos e intereses de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas conforme a la legislación vigente.

c) Defender el interés general, incluso en ausencia de intereses particulares en litigio.

d) Asumir los retos y desafíos que se plantean en el marco de sus funciones, como:

– La complejidad de la normativa contencioso-administrativa y social exige una constante actualización y especialización.

– La sobrecarga de trabajo que puede dificultar la atención adecuada a todos los procedimientos.

– La limitación de recursos, que pueden afectar a la eficacia de la Fiscalía en la defensa del interés público.

e) Conclusiones:

La Fiscalía de la Audiencia Nacional es un instrumento fundamental para la defensa del interés público en las jurisdicciones contencioso-administrativa y social. Su labor garantiza el cumplimiento de la legalidad, la protección de los derechos ciudadanos y la defensa del interés general.

Es necesario reforzar esta sección para optimizar su desempeño, siendo esencial la coordinación interinstitucional para lograr resultados sostenibles.